Opinion | 29 May “Hay una violencia inmanente en la sociedad de la que por lo menos tenemos que ser conscientes. Está metida en todo, en el tránsito, en las relaciones de pareja, dentro del hogar, el fútbol”, sostuvo entre otros conceptos el presidente José Mujica, en reportaje publicado por el semanario de izquierda “Brecha”, en el que el mandatario analiza uno de los aspectos que más preocupa a los uruguayos y que lejos de resolverse, se agrava día a día.
En estas reflexiones Mujica señaló que “tenemos que evitar el peligro de caer en una permisividad y que florezcan las formas de justicia por mano propia, que la gente se arme y empiece a andar a los tiros”, a la vez de considerar que la solución a la inseguridad no radica en “agarrar el garrote y salir a dar garrotazos”.
Consideró asimismo que “ahora aparece alguna gente que se organiza para boletear (delinquir) de lo cual hay algún síntoma, con amenazas escritas”, y por tal motivo indicó que es imprescindible que desde el gobierno se muestre “una cara más dura” para no permitir que se creen guetos en los que nadie entre”, como sucede en otros países de América Latina.
A la vez precisó que los megaoperativos policiales apuntan “dislocar eso”, y que “hay una parte represiva de la violencia del Estado contra la delincuencia que no se puede ni debe aflojar, porque si no lo que surge es mucho peor”.
Las reflexiones del presidente seguramente son compartidas total o parcialmente por el ciudadano común, que no encuentra respuestas en el gobierno ni en los organismos del Estado al desafío que conlleva la inseguridad galopante que vive –sufre, mejor dicho— el país.
El punto es que por más que se compartan en esencia los análisis del mandatario, en esta como en otras áreas, lo que la población legítimamente demanda es que el gobierno –en especial el mediático presidente Mujica-- no solo “hable” del tema, señalando lo que se debería hacer, sino realmente encarar decididamente las acciones que tiendan a corregir este estado de cosas, haciendo hincapié en la defensa de los derechos de los ciudadanos.
Tiene razón el mandatario al indicar que para nada es recomendable que el ciudadano frustrado porque los delincuentes son liberados a los pocos días --cuando son menores ni siquiera son contenidos y mucho menos rehabilitados--, apele a la búsqueda de la Justicia por mano propia, desde que se está respondiendo a un delito con otro delito; también es cierto que la reacción popular responde a estados de ánimo que no ponderan situaciones ni evaluación de hechos, sino a sentimientos e impulsos del momento. Armarse para repeler al delincuente es a la vez un recurso peligroso y ambivalente, sobre todo cuando quien apela a este intento de autodefensa no suele ser un tirador experto ni tener la misma sangre fría ni decisión que el delincuente dispuesto a todo y lanzado al todo o nada, con poco y nada que perder, lo que origina un escenario desigual para quien pretende responder al asalto o la agresión mediante elementos disuasivos.
Paralelamente, además de tratar de un delito tipificado específicamente en el código penal, la justicia por mano propia es un arma de doble filo ante jueces que exacerban la condena de quien así actúa y no analizan con necesaria ponderación la tensión a la que es sometido el agredido. Tenemos así que muchas veces se condena sin miramientos a quien hiere o ultima a un delincuente en pleno asalto, como así también al policía que repele una agresión o participa en un enfrentamiento, haciendo hincapié en la medida de la respuesta, como si en la premura, tensión y nerviosidad del momento alguien pueda salir a evaluar y reflexionar en cada situación cómo va a responder a un criminal si lo está amenazando un revólver, un arma blanca o un fierro, apelando a defenderse con un objeto similar.
Estas fallas del sistema, conjugadas con la necesidad de respuestas a las amenazas y la inseguridad permanente, conllevan a este estado de cosas que se refiere el presidente, teniendo en cuenta además el elemento de la violencia “inmanente” en la sociedad, que proviene de deficiencias culturales y descaecimiento de valores que motiva y condicionan estas situaciones y respuestas y que a su vez generan la reacción en cadena que percibimos en la vida cotidiana.
Es cierto, no hay soluciones inmediatas para este escenario, que tiene preso a la sociedad, y serán necesarias generaciones para corregir la formación cultural y la distorsión en valores. Pero lo que sí debe hacer el gobierno, el sistema político, es ofrecer alternativas y sobre todo garantías al ciudadano, que pueda ejercer sus derechos por encima de los de los sin ley, porque por sobre todo debe protegerse a la víctima inocente antes que defender a quien con plena conciencia de sus actos y a sabiendas de las consecuencias que podría derivar, igualmente arremete contra el otro o los bienes ajenos.
Eso, para empezar, sería un buen principio ante las condiciones imperantes, porque mal que pese al mandatario, no es que estemos ante el peligro de caer en la permisividad, sino que ya se ha llegado a ese extremo, y ya es hora de dar el mensaje en sentido contrario.