Opinion | 31 May Uruguay cuenta con normativa para la protección del agua como recurso natural. No sólo fue el primer país del mundo en declarar en su Constitución que el agua es un derecho humano fundamental --mediante la reforma del artículo 47 con el plebiscito de octubre de 2004-- sino que además posee una serie de normas que ofrecen garantías en este sentido.
No obstante, en los últimos años la contaminación del agua por productos fitosanitarios ha sido una preocupación sustancial de distintos actores sociales y, en especial de las comunidades afectadas de distintas maneras por la aplicación de este tipo de productos.
En la actualidad y debido a las gestiones y acciones realizadas por un grupo de vecinos de Guichón, ha tomado estado público la preocupación de esa ciudad respecto a la calidad del agua que allí provee OSE.
En particular, preocupa que las unidades potabilizadoras de agua de Guichón y Termas de Almirón --que realizan parte de su proceso en una superficie abierta por lo que el agua queda al descubierto-- estuvieran recibiendo los impactos de la fumigación de áreas cercanas.
En este sentido, han expresado que hay un cultivo a “30 metros” de una de esas usinas y reclaman la urgente realización de análisis que incluyan la detección de residuos de contaminantes presentes en los productos agroquímicos.
Si bien desde hace tiempo existe una normativa para el control de los plaguicidas en el agua, no hay información pública que indique si se están realizando esos controles, cómo se realizan y cuáles son sus resultados.
Por otra parte, también existen restricciones para la fumigación en inmediaciones de escuelas, centros poblados y cursos de agua –aunque de muy difícil control, por cierto-- aunque no hay restricciones ni prohibiciones para las UPA.
En consecuencia, es imprescindible que los organismos con competencia en el tema informen sobre los controles requeridos y se prohíban las fumigaciones terrestres y aéreas a una distancia prudencial de las unidades potabilizadoras de agua. Los vecinos de Guichón y organizaciones ambientalistas entienden que la prohibición de las fumigaciones aéreas a menos de 30 metros de las corrientes naturales o fuentes superficiales de agua y las aplicaciones terrestres a menos de 10, son sencillamente ridículas. Claramente lo son, y esas distancias deberían ser ampliadas de forma inmediata.