Paysandú, Sábado 09 de Junio de 2012
Nacionales | 08 Jun La organización feminista uruguaya Mujer Ahora presentó una petición ante la Suprema Corte de Justicia para “mejorar la respuesta del sistema de justicia ante situaciones de violencia doméstica”. La organización reclama que se cumpla la legislación actual, así como a los tratados a los que suscribe el país en lo que refiere a medidas cautelares, protección de la víctima y arresto del agresor.
Rosana Medina, abogada de Mujer Ahora, explicó al portal 180.com.uy que la petición que solicita, junto a otras más de 100 organizaciones, grupos, colectivos y redes, está fundada en el artículo 30 de la Constitución y pretende un pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia, mediante una acordada, para erradicar de los tribunales uruguayos las prácticas “que no se ajustan a la legislación nacional e internacional vigente” en lo que refiere a la violencia doméstica o familiar.
En este sentido, explicó que una acordada es un sistema que posee la Suprema Corte para establecer los mecanismos de funcionamiento del Poder Judicial y que permite revertir determinadas prácticas que se realizan dentro de éste. Se pretende erradicar, por ejemplo, los pronunciamientos simbólicos de los tribunales tales como “intímese a las partes a evitar conflictos”, “intímese a las partes a mantener la armonía familiar” o “severos apercibimientos”, que, para la petición, “resultan inútiles e insuficientes para la protección de la víctima y conceptualizan de manera errónea la violencia familiar, en el entendido que refiere a un conflicto entre partes”. Las organizaciones participantes también consideran que se deben erradicar las “medidas de protección recíprocas” (por las que “el agresor recibe protección, y la víctima restricciones o limitaciones a sus derechos”), el incumplimiento de las medidas cautelares, las resoluciones infundadas, la aplicación arbitraria del recurso de inconstitucionalidad que lleva a que no se apliquen sanciones al agresor (la petición detalla que es la SCJ y no el juez quien debe decidir si la sanción es constitucional o no y si se debe aplicar o no), entre otras.
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