Opinion | 09 Jun Hace pocos días la jueza de Maldonado Adriana Graziuso tipificó el delito de omisión de deberes de la patria potestad a los padres de un menor que había perpetrado varias rapiñas con arma de fuego en ese departamento. La magistrada entendió que los padres del joven de 15 años sabían que su hijo tenía un arma pero no se interesaron por las consecuencias que su posesión podría generar.
Esta decisión judicial, lejos de ser frecuente, es excepcional y sigue a una decisión similar adoptada por un magistrado en Paysandú, también porque los padres han resultado por lo menos omisos, y en algún caso instigando directa o indirectamente al menor a incursionar y seguir por la senda delictiva.
La jueza dijo a radio El Espectador que hubo una “conducta omisiva” de los padres al “no interesarse por el futuro de esa arma ni por qué su hijo tenía esa arma”. Agregó que faltó “poner límites” y que los progenitores actuaron con “desidia”. “El fundamento (de la resolución) es que todos vivimos en sociedad, traemos hijos al mundo y tenemos que hacernos responsables de ellos, desde el cuidado físico, el cuidado económico hasta el cuidado moral”, argumentó. Añadió que “los chiquilines maman todas esas conductas, aun antirreglamentarias e ilegales, de pequeñas infracciones, y con eso se va creando una conciencia de violar la ley que después deriva en cosas muy graves que ya hemos visto”.
Está muy bien fundada la argumentación de la jueza, que no solo va en respaldo de su decisión, sino que conlleva un cuestionamiento a jueces que contando con la posibilidad de aplicar la normativa para casos similares, han tenido fallos absolutamente prescindentes al ignorar dónde están las responsabilidades por el comportamiento del menor.
Este mensaje va dirigido tanto al ámbito judicial como al familiar, naturalmente, porque seguramente son incontables los casos de este tipo, como es también lo referente a la responsabilidad por daños causados por el menor cuando es protagonista no solo de arrebato, hurto o asalto, sino también de delitos contra la propiedad cuando participan en actos de vandalismo.
El hacer responsables a los padres --que naturalmente lo son-- por estos comportamientos, forma parte de las respuestas que se necesitan tanto en la familia como en la sociedad, para marcar límites y no transmitir el mensaje de que la impunidad sigue reinando, y que el problema ya se origina desde los valores que se cultivan en el núcleo familiar. Y solo para empezar a hacer algo en una problemática que es mucho más compleja y donde no hay soluciones mágicas, por supuesto.