Opinion | 07 Jun Tanto va el cántaro a la fuente que el final se rompe, dice el refrán, y seguramente esta reflexión viene como anillo al dedo ante lo ocurrido en las últimas horas respecto a la controversia por el monitoreo de la planta de UPM (ex Botnia) y la desembocadura del río Gualeguaychú, cuando expresiones del vicepresidente de la delegación argentina en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), colmó el vaso y la extrema –excesiva— paciencia que se había tenido de este lado del río.
Es así que este martes la Cancillería uruguaya emitió un comunicado asegurando que los datos del monitoreo conjunto del río Uruguay no se han divulgado por la negativa Argentina a hacerlo.
“Ha sido nuestra delegación quien ha reclamado en varias oportunidades que estos resultados deben publicarse de inmediato”, señala el comunicado y agrega que “la delegación argentina no prestó su conformidad para ello”.
El comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores responde a declaraciones realizadas por el vicepresidente de la delegación argentina ante la CARU, Héctor Rodríguez, a Radio Máxima de Gualeguaychú.
Rodríguez sostuvo que “hay una actitud muy tozuda desde el Uruguay al violar el mandato de la sentencia del Tribunal de La Haya que ordena no agravar la situación”.
En sus declaraciones, Rodríguez aseguró que los datos no se han divulgado por problemas técnicos, argumentando que Uruguay “ha cambiado el parámetro de temperatura de agua en los efluentes” de UPM.
Más lejos aún, el funcionario subrayó que “hay una clara estrategia, desarrollada desde el principio del conflicto, tendiente a hacer aparecer como que Botnia no contamina, y el hecho cierto es que hoy los resultados de los laboratorios también presentan algunos problemas, porque algunos de ellos, validados a nivel internacional, resultaron verdaderamente un fiasco y hubieron de hacerse nuevamente”, señaló.
En el comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país rechaza los conceptos de Rodríguez, al señalar que “los problemas técnicos que el Dr. Rodríguez menciona para el caso de algunos de los análisis realizados en los laboratorios internacionales son recientes y nada tienen que ver con los motivos que argumentó Argentina para no publicar los resultados del monitoreo conjunto”.
“Argentina ya había negado su acuerdo para esta publicación mucho antes de que el Comité Científico detectara problemas técnicos con algunos de estos análisis, por lo que invocar su existencia para rechazar la publicación de los resultados no tiene un fundamento creíble”, agrega, en tanto también se rechaza la “pretendida e irreal estrategia uruguaya destinada a promover que ‘Botnia no contamina’”, e indica que “no existe ningún dato serio y consistente que demuestre esa presunta contaminación, como tampoco existió durante el diferendo iniciado por la Argentina ante la Corte Internacional de Justicia sobre las plantas de celulosa”.
El punto es que Argentina nunca fue creíble, y si alguien en este planeta todavía creía que existe algún vicio de seriedad en ese país, a esta altura ya se tiene que haber desayunado de qué clase de gobierno lo conduce. No hace falta citar ejemplos --que sobran—de la irracionalidad en cada acto político, ya sea interno como externo de una Argentina que aún se cree dueña de la verdad, y ombligo de un mundo del que cada vez está más marginada. Pero aún así nos obligaron a un litigio en la Corte Internacional de La Haya buscando impedir la instalación de la planta de celulosa de última tecnología en Fray Bentos, con la excusa de la contaminación que produciría en un río binacional, aún cuando dentro de fronteras contaba con varias fábricas de este tipo pero obsoletas y que sí contaminan en grande.
Con el fallo de la corte, que sugería la instrumentación del acuerdo para el monitoreo conjunto de puntos críticos del río Uruguay, finalmente los análisis de los laboratorios internacionales iban a mostrar la real magnitud de la contaminación producida por la planta, así como también el aporte de las industrias de Gualeguaychú a través del río que le da el nombre a la ciudad argentina. Pero como era de suponer, la delegación argentina en la CARU no permitió que estos resultados salgan a la luz pública.
El vicepresidente de la delegación argentina formuló estas declaraciones en Gualeguaychú, cuna y a la vez último porfiado reducto de la protesta de los activistas, y seguramente acomodó su discurso a lo que la audiencia de esta ciudad quería escuchar, pero realmente los uruguayos no tenemos la culpa de que crean lo que quieran creer.
Uruguay no debería seguirles el juego y tal como manda la ley tendría que publicar unilateralmente la información que posee. Esa sería la forma de trasparentar la situación, duela a quien duela, ya sea porque los activistas “anti-Botnia” tengan algo de razón –algo que nos parece por demás improbable—o porque el río Gualeguaychú es un colector industrial a cielo abierto que está envenenando al río Uruguay.
La salida de la Cancillería uruguaya confirma que en esta orilla habemos muchos ya saturados de la soberbia de los activistas y de los políticos inescrupulosos que los apañan. Ya es hora de empezar a ser un país independiente y hacer valer nuestra voz.