Quieren recortes en la OEA

Locales | 10 Jun La posición que mantendrá el gobierno uruguayo en la próxima Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA) tiene expectantes a los grupos defensores de los Derechos Humanos y la Libertad de expresión.
La propuesta hecha por el gobierno de Ecuador de reformar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría para la libertad de expresión --que minimiza sus alcances y resoluciones-- motivaron también que el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo) de Uruguay, solicitara al canciller Luis Almagro y al embajador especial para los Derechos Humanos, Milton Romani, que Uruguay mantenga en la OEA su posición de no acompañar la reforma de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto conlleva también una serie de recortes a las competencias y atribuciones de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la propia Comisión.
Limitarían derechos
Estas reformas son defendidas por Ecuador y otros Estados dIsconformes con el tratamiento de estos organismos, y acompañadas por Brasil y el Secretario General Miguel Insulsa en el marco de una propuesta de reforma de la CIDH que está a estudio de todos los Estados miembros de la OEA reunidos en Cochabamba (Bolivia).
En enero de este año, cuando estas recomendaciones se votaron en el Consejo Permanente de la OEA, Uruguay fue uno de los pocos países que se paró firme en contra de este intento de limitar el poder del organismo que a lo largo de los años ha sido la única garantía de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Entre otras cosas, la CIDH debería avisar a los Estados miembros de la OEA antes de adoptar cualquier medida cautelar para evitar la violación de derechos fundamentales.
Libertad sujetada
Respecto a la Relatoría para la Libertad de Expresión, si esta reforma prospera no podrá realizar en adelante su tradicional “informe anual sobre la situación de la libertad de expresión en la región” --sólo podría disponer de algunos párrafos dentro del informe global de la CIDH--; no podrá recibir fondos provenientes de donaciones de países y organizaciones que trabajan en el mundo por la libertad de expresión y estaría sujeta a un “código de conducta”.
La Relatoría para la Libertad de Expresión, actualmente a cargo de la abogada colombiana Catalina Botero, ha sido una institución clave en las últimas dos décadas para denunciar las violaciones a la libertad de expresión y el acceso a la información pública en distintos países de la región.
Del mismo modo ha promovido estándares y cambios legislativos para remover los obstáculos a las libertades básicas y ha promovido decenas de casos ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos que involucraron e involucran a periodistas, dirigentes políticos, sindicales, indígenas y ciudadanos en general, que han sido asesinados, penalizados o perseguidos por ejercer su derecho a expresarse.