Escribe el Doctor Rodolfo Canabal

Locales | 12 Jun El proyecto de puente sobre Laguna Garzón es asunto que --hace ya bastante tiempo-- está planteado en el país, y en forma reiterada trascienden informaciones que dan cuenta de su marcha. Dado que ello precisamente se ha vuelto a dar en fecha reciente, se analizará en forma breve tan importante cuestión.
En lo que sustancialmente interesa, la Dirección de Medio Ambiente formuló, con la precisión que para asunto tan importante correspondía, las condiciones técnicas que se deben cumplir en su concepto para que la construcción y el funcionamiento de dicho puente se ajusten cabalmente a lo que corresponde para la adecuada defensa del medio ambiente, en lo cual, según se informó públicamente, existía coincidencia entre dicha dependencia y la jerarquía de la cual depende, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Entre dichas condiciones, además de la aceptada eliminación del tránsito pesado en ruta 10, entiende indispensable la Dinama que el proceso respectivo preserve y valorice los bienes naturales y paisajísticos de la costa, en particular de Rocha, con visión de conjunto, con respeto por las normas departamentales, con afirmación de una visión nacional en la gestión de los recursos naturales no orientada a la especulación inmobiliaria, pero respetuosa de los beneficios que aportan las inversiones en la medida en que se busca, respetando el ambiente, un mejor aprovechamiento social y económico de sus valores en el largo plazo (responsabilidad intergeneracional). Considera que se debe asegurar, además, que el puente, muy cercano a la línea de la rivera, no sea afectado por una dinámica de construcción de la costa y que a su vez no genere limitaciones a la interacción costero marina que se está modificando debido a los efectos del cambio en el nivel del mar y los regímenes de vientos, corrientes marinas y mareas. El espacio no permite glosar más ampliamente dicho informe pero lo expuesto informa bien sobre lo que dicha dependencia considera sustancial asegurar.
La Secretaría de la Presidencia de la República hizo público, con relación a dicho asunto, en los primeros meses del presente año, que el Poder Ejecutivo “acordó una salida” para la construcción del puente consistente, desde el punto de vista territorial, en que la Ruta 10, de José Ignacio al puente y del puente a La Paloma, pierda su condición de ruta nacional para transformarse en camino departamental, y de esa manera evitar que transiten camiones y maquinaria pesada; agregó que desde el punto de vista ambiental se decidió integrar la Laguna Garzón al “Sistema Nacional de Áreas Protegidas” de forma que se preserve debidamente el ecosistema existente.
Se informó también, por el diario El País, que el arquitecto Rafael Viñoly presentó, el miércoles 4 de junio último, un proyecto de puente sobre Laguna Garzón que el Ministro de Transportes y Obras Públicas, Enrique Pintado, calificó como “único en el mundo”, porque la obra consiste en un puente de madera, aluminio y fibra de vidrio, apoyado sobre 22 (veintidós) balsas flotantes, lo cual permitiría cambiar las formas del puente; su costo total sería de alrededor de U$S 3.800.000. Está pensado como “parte de la laguna”; se considera que de tal forma se contribuye eficazmente a no afectar el medio ambiente; el arquitecto Viñoly piensa que la obra además de ser una atracción en sí, ha de generar “participación pública”. Dicha propuesta, si bien la Dinama no se ha expedido aún en forma definitiva, fue considerado por su director, arquitecto Jorge Rucks, como proyecto que en principio “aporta aspectos importantes desde el punto de vista ambiental y respeta los temas técnicos”, según se informa en el diario precitado del 8 de junio pasado.
Pero, cuando tales informaciones daban cuenta de la preocupación de los técnicos mencionados por la cuestión ambiental, insólitamente, quien es una de las personas que con verdadero tesón ha promovido la obra por motivos que sin duda son en lo sustancial materiales, pues hasta ha ofrecido al gobierno, según se ha afirmado, financiarla, el empresario argentino Eduardo Constantini, de quien también se ha informado que tiene una inversión inmobiliaria millonaria en la zona, ha impugnado en reportaje que el 8 de junio pasado inserta El País el costo estimado del proyecto del arquitecto Viñoly, y también, al margen de que se desconoce si al respecto tiene alguna especialización, aspectos técnicos de la misma.
Tal pretensión, sin desconocer la libertad que en el país existe para tal tipo de planteamientos, induce, con profunda convicción, a quien es responsable de esta columna, a solicitar al Poder Ejecutivo que se sirva emitir, sin más demora que la indispensable, una decisión que deje en suspenso el proceso relativo al proyecto y construcción de dicho puente, para que quede muy, muy claro, que en tan importante asunto lo sustancial, lo fundamental, está sin ninguna duda en la defensa o amparo del medio ambiente, y por tanto totalmente al margen de cuestiones o intereses de índole meramente material.