OPINIONES

Locales | 10 Jun Nuevo proyecto de
ley sobre armas
El nuevo proyecto de ley sobre armas desampara al ciudadano común imponiéndole el desarme y protege al delincuente que por lógica se sentirá más seguro. Con fecha 25 de abril de 2012, el Poder Ejecutivo remitió una carta desde el Ministerio del Interior, avalada por la firma del Sr. Presidente, Don José Mujica, entre otras, dirigida al Sr. presidente de la Asamblea General, Cr. Danilo Astori. Solicita se vote un proyecto de ley estipulado como Delito de Tráfico de Armas que tiene por cometido buscar el desarme de la población civil. Mientras se niegan a bajar la edad de imputabilidad a delincuentes y se liberan presos sin estar recuperados para reinsertarse en la sociedad, si una buena persona --en vista que el Estado incumple con sus obligaciones de protegerlo-- portara un arma para su defensa personal, familia o de su negocio, al ponerse en vigencia esta nueva ley lo van a procesar con 24 meses de prisión a 6 años de penitenciaría. Realmente incomprensible. Así es, hasta ahora si usted tiene un arma cargada en su vehículo, es una falta. Cuando mucho le podría costar una multa al no tener el permiso de porte. Que por otra parte si se pretende gestionar ante el Ministerio del Interior no se lo otorgan salvo que justifique transporte de valores en forma diaria y hay veces que ni así. Cuando hablo de porte que no se confunda con tenencia y guía del arma. Esta documentación a pesar de su costo y extenso trámite, sí se lo dan a toda persona que cumpla con los requisitos establecidos. Se podrá tener esta documentación del arma, pero al no poseer el porte y hacer uso de la misma por más que sea en defensa propia y no llegue siquiera a herir al delincuente, quedará en evidencia su traslado en condiciones de disparar ya que difícilmente hubiese sido útil descargada, por lo que será procesado de acuerdo a esta nueva ley y terminará en la cárcel. Mientras el delincuente irá para su casa, porque la cárcel para ellos en definitiva es como si fuera eso. No le afectará que lo castiguen con un tercio más de pena por ser parte de una organización delictiva, según especifica este proyecto. Siempre y cuando no sea menor; si así fuera el único procesado con todo el rigor de la ley será el agredido. Esta ley debería implementarse únicamente para personas con antecedentes violentos o de rapiña y no en forma generalizada para el común de la población, que incluso puede tener un arma heredada de sus mayores que por el transcurrir del tiempo se hayan extraviado sus papeles de procedencia, lo que también se considerará un delito por el hecho de no estar regularizada. Además para registrarla se debe gestionar en primera instancia la tenencia de armas y no hay muy buena disposición para ser concedida en forma ágil. Aunque se cumpla con todos los requisitos solicitados, la espera puede ser de muchos meses, o la otra opción es entregarlas. Algo que se dice muy fácil cuando no se es el propietario, para lo cual aparte de poseer un valor pecuaniario, al haberla recibido por herencia también suelen tener un valor sentimental. Para un ciudadano que no tiene antecedentes de agresión y violencia en contra de la sociedad, debería mantenerse el tribunal de faltas que es mucho más benévolo y no convierte en delincuente a una persona que su único error fue protegerse ante la consabida indefensión a la que se ve expuesta hoy en día o tan solo la conservación de un bien familiar. Esta es una de las tantas opciones de terminar en la cárcel por este proyecto de ley a pesar de ser respetuoso y honrado. Resulta más en favor de la delincuencia que en su contra. La idea es desarmar a la población, como si fuera esta la culpable de la existencia de delitos a mano armada, ¿o alguien piensa por un segundo que el delincuente va a desarmarse gracias a esta ley?, o que no van a poder hacerse igualmente de un arma de fuego, cuando las obtienen aun dentro de la prisión. El que tiene un arma para agredir, asesinar, delinquir, no lo va a detener unos meses más o menos en la cárcel, ni se puede comparar con un ciudadano que su único interés equivocado o no es proteger su integridad física y la de su familia. Otro de los temas que toca este proyecto, es la recarga de munición que afectará de sobre manera a los deportistas asiduos a las prácticas de tiro, porque el que va a cometer una rapiña, o incluso varias, le basta con un puñado de balas y para eso no es necesario recargar. Si pueden conseguir el arma no será problema hacerse de municiones ni los afectará esta ley como ya expresamos anteriormente. Si lo que se pretende es demostrar que se hace algo, les advierto que con estas ideas no solo no se solucionará nada, sino que por el contrario se complica más de lo que ya se encuentra el ciudadano común.
El Ministerio del Interior debería preocuparse más por desactivar los focos de corrupción que militan en sus filas y que permiten la filtración de armas hacia la delincuencia, ingresando hasta las cárceles de nuestro país y culminando con la muerte de algún humilde policía como ya sucedió. Si queremos registrar la mayor cantidad de armas que circulan en forma irregular, no se debe acosar o asustar a la población con nuevas leyes sino todo lo contrario. Se debe encontrar la forma de darle la facilidad para que las registre y las conserve a toda persona honesta y trabajadora. Lo que sí debería implementarse es una citación periódica (que podría ser cada dos años) a todo tenedor de armas para que asista a una clase de manejo y guarda en forma segura de las mismas. Una instrucción teórica y práctica donde además se trate de inculcar su uso como defensa únicamente en caso extremo y ante la duda es preferible no utilizarla. No sería conveniente además que se extendiera a otro ministerio el registro de armas que se encuentra radicado en el Servicio de Material y Armamento del Ejército. Con que se lograra una intercomunicación más fluida entre los Ministerios de Defensa e Interior sería suficiente. No pretendo con estas palabras atacar al gobierno, sino hacerlo reflexionar sobre esta Ley que de ser promulgada nos traerá complicaciones a todos, menos a los delincuentes. Javier Pizzorno

RECIBIMOS Y PUBLICAMOS
Derechos Humanos: Democracia plena. Hacemos estas consideraciones de virtud de que a fines del pasado mes de mayo, se realizaron las elecciones dentro del partido Frente Amplio.
Los artículos en la prensa evidencian que el Frente Amplio es un partido con voto calificado; no todos los votos valen por igual. Según donde vota, su voluntad puede valer por 6,6 de las de sus correligionarios. En las democracias del mundo entero una voluntad equivale a un voto. Esa es la esencia del respecto por la voluntad de las mayorías. Eso no es así en el partido Frente Amplio, por lo que hay que concluir que el Frente Amplio no es un partido demócrata. Es una agrupación política con hijos y entenados, con aristócratas y gentes de a pie.
Todo esto tiene una explicación en la forma como se integra la máxima autoridad partidaria, el Plenario Nacional, que tiene 170 representantes. La mitad, 85 delegados representan a los Comité de Base, expresión de 30.000 electores. La otra mitad, los otros 85 delegados representan al electorado frenteamplista en sus distintas agrupaciones, del orden de 200.000 electores en la última convocatoria.
La voluntad de 30.000 equivale a la voluntad de 200.000. Aquí es donde un voto vale por la voluntad de 6,6 correligionarios (Carlos Maggi, diario El País, 13/05/2012).
Aquí el Plenario Nacional es donde se decide la conducción del Frente Amplio. No es ningún secreto que los Comité de Base son el reducto, el bastión del Partido Comunista y del marxismo, que han tenido la inteligencia y la astucia de multiplicar por esta representación desigual su verdadero caudal electoral y avasallar y burlar a sus socios integrantes del Frente Amplio. Con los delegados de los Comité de Base igualan al Frente Amplio en todas sus versiones. Con el 5% del Partido Comunista, inclinan la balanza a su favor. Una estrategia perfecta y maligna.
Es en el Plenario Nacional donde la inteligencia cede ante la ideología. Donde Astori fue superado por Mujica, donde Martínez fue superado por Olivera, candidata del Partido Comunista que con apenas el 5% del electorado nacional, gobierna medio país. En el Plenario es donde se decidió ignorar la voluntad popular expresada en dos plebiscitos, y anular la ley de caducidad. Esta es la aritmética que nos impone el Frente Amplio. Así como a los jóvenes se les enseña una nueva versión de nuestra historia, según la cual los tupamaros vinieron al rescate de la democracia, también vendrá una nueva aritmética progresista que nos enseñe que 6,6 es igual a 1.
Transcribimos el texto de la Constitución de la República, Sección III, Capítulo II, numeral 11, donde dice “El Estado velará por asegurar a los Partidos políticos la más amplia libertad. Sin perjuicio de ello, los Partidos deberán:
a) Ejercer efectivamente la democracia interna en la elección de sus autoridades.
b) Dar máxima publicidad a sus Cartas Orgánicas y Programa de Principios, en forma tal que el ciudadano pueda conocerlos ampliamente.
El común de los compatriotas, incluso los frenteamplistas, desconoce esta realidad que supera la credulidad y buena fe de los ciudadanos. Por el bien de el país hay que democratizar el Frente Amplio.
Es hora de que se tomen medidas para corregir este tremendo entuerto, en defensa de la libertad, la democracia y el prestigio del país. James E. Thompson