Nacionales | 21 Jun Bajo la premisa “guerra a la pasta base”, a la que se aprecia como responsable de buena parte de los delitos que se cometen, fundamentalmente por menores, el presidente José Mujica trabajó en un proyecto de ley que dejará en manos del Estado la venta de marihuana como forma de “blanquear” el mercado de estupefacientes, quitándole un importante margen de ganancia a los narcotraficantes y “correr” hacia una droga más blanda a los adictos a la pasta base.
A tales efectos será el Estado el encargado de vender marihuana en locales habilitados, en los que se llevará un registro de consumidores para impedir conductas adictivas. “Esto no es como el cigarrillo. La venta no será libre, estará regulada por el Estado y será prohibida a menores de 18 años”, señaló la fuente. La calidad de la droga será certificada por el Estado y se establecerá un máximo de cigarrillos por consumidor; aquellos que se excedan deberán someterse a tratamientos de rehabilitación. Asimismo, el precio de cada cigarrillo será tarifado por el Estado e incluirá impuestos que se destinarán a financiar los tratamientos para rehabilitación de adictos.
Otra de las medidas prevé la internación compulsiva de los adictos a la pasta base: “intervenciones sanitarias” que apuntan a rehabilitar.
Actualmente, con la firma de dos siquiatras es posible internar a una persona que no esté en condiciones de valerse por sí misma o que pueda agredir o agredirse. El proyecto que se remitirá al Parlamento plantea que equipos multidisciplinarios, integrados por personal de los ministerios de Salud Pública y Desarrollo Social, recorran zonas para detectar a los menores adictos que requieran internación. El INAU y la Junta Nacional de Drogas planifican la creación de dos centros --uno en Las Brujas y otro en San José-- para la internación de jóvenes adictos entre 16 y 24 años. Estos centros se gestionarán a través de convenios con organizaciones no gubernamentales.
La internación compulsiva es resistida por el Frente Amplio y la propia Junta Nacional de Drogas, porque entienden que va a contramano de las políticas de rehabilitación y reducción de daños que se vienen siguiendo desde hace seis años.