Opinion | 26 Jun El Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de Ley Postal que establece la formación de un fondo para garantizar el sistema postal universal, que brindará la Administración Nacional de Correos (ANC). Según el modelo económico realizado por la Dirección Nacional de Telecomunicaciones para la puesta en marcha de este servicio, en aproximadamente cinco años el Correo podrá autosustentarse y dejará de ser subsidiado por Rentas Generales.
Por su parte, el Ministerio de Industria y la Dirección Nacional de Telecomunicaciones diseñaron un plan de políticas públicas para el desarrollo de los servicios postales de Uruguay, que incluye la modernización del Correo y la formalización del sector.
Esto implica la inversión de 20 millones de dólares en el quinquenio para fortalecer a la Administración Nacional de Correos. En tanto, el mercado postal continuará siendo mixto.
Actualmente, el costo total del Servicio Postal Universal por parte de la Administración Nacional de Correos es de 34,2 millones de dólares anuales. Mientras que las operaciones de la Administración Nacional de Correos como operador designado por el Servicio Universal de Correos están produciendo un fuerte déficit que el gobierno tiene que cubrir con recursos del Tesoro Nacional.
El objetivo es desarrollar y mantener una infraestructura postal nacional sostenible que satisfaga las necesidades de comunicaciones postales del país ofreciendo servicios de alta calidad a precios razonables, y que proporcione comunicaciones eficientes y rentables. A la vez, se pretende mejorar la eficiencia de la ANC –operador encargado de otorgar el Servicio Postal Universal (SPU) a todos los uruguayos- y se reafirmará su rol estratégico.
El SPU garantiza servicios de correspondencia de hasta dos kilos y encomiendas de hasta 20 kilos. Además, incluye cobertura nacional diaria (cinco días a la semana) para envío de correspondencia en las localidades de más de 500 habitantes. Nuestro país hasta la fecha nunca había establecido estos parámetros y si bien aprobaba los convenios internacionales, en la práctica no los validaba. En definitiva, se trata de una transformación que si bien requiere una importante inversión busca la sustentabilidad del sistema puesto que si en el mundo las empresas privadas han hecho un negocio de esta actividad, el Estado debe buscar su rentabilidad sin descuidar la obligación de llegar a todos.