Locales | 23 Jun Algunas de las 15 medidas anunciadas por el Poder Ejecutivo para “mejorar la convivencia ciudadana” requieren ser discutidas por el Parlamento para su materialización en leyes, en tanto que otras serán establecidas y ejecutadas desde el propio Ejecutivo y a través de los ministerios correspondientes o “derivarán del diálogo con la sociedad civil, organizaciones, sindicatos, etcétera.
Las mismas se encuentran contenidas en un documento llamado “Estrategia por la vida y la convivencia”. A continuación, un detalle de las mismas.
Las ennumeradas en primer lugar son “la reparación a las víctimas de delito con la constitución de un Fondo Nacional de Indemnización a las víctimas de delitos violentos (pensiones u otras alternativas para familiares) el agravamiento de las penas en caso de corrupción policial y tráfico de pasta base con aumento de la pena de un mínimo de 4 a 15 años de penitenciaría y la modificación al Código de la Niñez y la Adolescencia en lo que refiere a la normativa que rige para los menores infractores”.
Además se impulsa la eliminación de la tipificación de una serie de conductas como “faltas” y mantenimiento de aquellas con real incidencia en la inseguridad ciudadana, adecuándose los mecanismos procesales para su efectiva sanción por parte del Poder Judicial volviendo a crear los Juzgados de Faltas.
Asimismo, se pretende “dar un abordaje integral de la problemática de las personas afectadas por el consumo problemático de drogas y su entorno, generando una estrategia integral para actuar sobre las principales consecuencias del consumo de drogas, en particular de la pasta base de cocaína”. Fue anunciada la creación de dispositivos judiciales especializados en el narcomenudeo y --uno de los aspectos más polémicos de los anuncios-- la “legalización regulada y controlada de la marihuana, con un fuerte rol desde el Estado sobre la producción”.
Asimismo, se promoverá el tema en los foros internacionales como forma de luchar contra el consumo y el narcotráfico.
En relación a la regulación de los medios de comunicación, se prevé la modificación del Decreto 488/88 que regula el horario de protección del menor para que incluya también a los informativos, además de la “promoción del diálogo con los medios de comunicación, sus trabajadores, universidades y la sociedad civil, para la adopción de formas de autorregulación en materia de manejo de informaciones referidas a seguridad y violencia”.
Otros aspectos refieren a la intención de “mejorar la eficacia y transparencia policial, a través de la instalación de un sistema de trabajo en las comisarías en base a gestión por resultados y control de indicadores; un nuevo sistema de patrullaje; adaptación al territorio del despliegue operativo de la Policía, fundamentalmente en el Área Metropolitana; instalación de un Laboratorio Especializado para análisis de drogas que permitirá identificar sus componentes; instalación de un sistema de gestión de calidad en todos los sistemas de comunicación policial; fortalecimiento de sistemas y procedimientos permanentes de control de desbordes y corrupción policial”.
También se apuntará a fortalecer el sistema de centros de mediación y negociación de conflictos en algunas zonas del área metropolitana en dos niveles: el ámbito barrial; y los centros educativos y, por otra parte, “promover la participación y organización estudiantil en ámbitos estudiantiles, con dispositivos para capacitar e instalar la figura de los Jóvenes Mediadores”.
“Generar nuevas centralidades en algunos barrios del Área Metropolitana a través de plazas de convivencia con equipamientos que tendrán infraestructura deportiva, espacios para actividades culturales y equipamiento para actividades sociales y recreativas” y “crear un sistema de información especializado de denuncias de violencia doméstica que posibilitará captar mejor el problema de la violencia doméstica que en muchos casos quedan tipificados como otros delitos (lesiones, amenazas, violencia privada, etcétera.)”, son otras de las medidas.
La última es la “mejora en la educación y el control del tránsito en todas las ciudades del país a través de la cooperación de la Policía Nacional Caminera colaborando con los gobiernos departamentales y las direcciones de tránsito en las intendencias”.