Escribe el Dr. Rodolfo Canabal

Locales | 26 Jun Hace ya muchos años, tantos que superan las seis décadas, fue noticia comentada públicamente la que hacía alusión a un alto funcionario que estaba al frente del Servicio Oceanográfico y Pesca (SOYP), de quien se afirmaba que tenía profundo conocimiento de la materia a su cargo y muy amplia dedicación a su función en el organismo para atender sus importantes competencias, técnicas y también comerciales, pero que tenía un solo inconveniente para el logro de mejores resultados a través de su gestión: todos los días tenía una idea nueva.
Tal anécdota fue comparada en fecha reciente con lo que, con frecuencia, pone en evidencia el presidente José Mujica en sus constantes públicas apariciones, pues es común que anuncie ideas inesperadas que, en verdad, es claro que aún no fueron sometidas a razonable meditación, o sometidas antes de su pública difusión, como hubiera sido razonable, al análisis de sus asesores.
Y la hemos ahora recordado cuando, la semana pasada, el elenco gubernamental hizo público que se ha de iniciar el proceso tendiente a la aprobación de amplia serie de medidas orientadas a atender varios de los problemas que se encuentran en el primer plano de las cuestiones nacionales que requieren ser debidamente enfrentadas.
Entre las medidas que se anuncia que han de ser adoptadas se destacan las que se indican a continuación, algunas próximamente contenidas en proyectos de leyes todavía en proceso de estudio para su redacción y oportuna elevación para su consideración parlamentaria: incrementar las penas que correspondería aplicar por la intervención en el tráfico de pasta base, y por la indebida actuación de integrantes de los cuerpos policiales; modificación del sistema de actuación policial en las comisarías, además de un nuevo sistema de patrullaje, y empleo de un nuevo régimen de información geográfica para la intervención policial; reparación a las víctimas de delitos violentos con la institución de un fondo nacional de indemnización que funcionará a través de pensiones para familiares; equipar y mejorar las estructuras de los espacios públicos para favorecer su “uso intensivo” y convivencia, e implementar una acción decidida y sistemática para prohibir el uso de tales espacios para dormir o acampar en ellos; fortalecimiento de las unidades dedicadas a atender la violencia doméstica; fortalecimiento del sistema de centros de mediación y negociación de conflictos en zonas metropolitanas, en los niveles barriales y de ubicación de centros educativos; buscar una vía adecuada para regular los contenidos de los medios de comunicación para no generar alarmas públicas, las cuales se entiende que son estimuladas por la reproducción excesiva de casos de violencia y de crímenes graves; al respecto el INAU ha de adquirir un software que monitoreará los programas y señales de televisión, y pretende que se cree un código de ética, pero señala que no busca sancionar a los medios.
Entre los puntos más importantes que se proyectan está la propuesta de habilitación de la venta de cigarrillos de marihuana que, según se expresa, se formula en el marco del combate al tráfico y comercio ilegal de drogas. Tal proyecto, se afirma, es diferente a las iniciativas que están a estudio de la Cámara de Representantes, las cuales habilitan el autocultivo de hasta ocho plantas de cannabis, pues se considera que si se habilita esto para algunos luego hay que habilitarlo para todo el mundo, lo cual se considera que es de muy difícil control. Según señaló el ministro Eleuterio Fernández Huidobro, los proyectos que hay en el Parlamento apuestan al autocultivo y despenalizan la producción; el gobierno discrepa con el autocultivo por lo menos hasta que sea legalizado el consumo de manera generalizada a nivel internacional.
Aún no se definió si la producción de cannabis estará en manos del Estado o privados, pero al principio la producción será estatal, dijo el Secretario General de la Junta Nacional de Drogas, pero el ministro no descartó que la producción pueda ser tercerizada a futuro. En el Poder Ejecutivo hay acuerdo para que el control de la producción sea estatal; se entiende que se deben tomar medidas que no afecten a los países vecinos para que no se acuse al nuestro de ser centro de fabricación y distribución de drogas. El ministro agregó que existe un comercio ilegal de marihuana que llega a una facturación de U$S 75 millones al año y que abarca entre 120.000 y 150.000 personas, a lo que se debe sumar lo que se vende hacia el exterior, que sería un 30% de tal valor. Hasta aquí, sintetizado, lo que se propone. Como es fácil deducir del contenido total de tal propuesta, y particularmente de lo ya informado, que indica que en lo sustancial se trata de temas que están bajo análisis y aún en etapa de redacción de los respectivos proyectos, es de toda evidencia que, en realidad, no se trata sino de meras ideas lanzadas por las autoridades, que no pueden ser consideradas todavía realmente como propuestas concretas, pues se advierte que todavía se encuentran en proceso de estudio para definir si son o no pertinentes y para su eventual ulterior confección o redacción. De tales propuestas, el espacio impone aplazar su análisis general hasta un próximo comentario; pero sí es hoy menester subrayar la relativa a la habilitación para la venta de cigarrillos de marihuana, algo que no parece haber tenido presente las tremendas dudas sobre su pertinencia que derivan de las muy severas opiniones de especialistas, locales y foráneos, dado que existe serio riesgo de malas consecuencias, muy difícil de ser evitadas, y que por ser tema tan controvertido no se advierte que sea una propuesta cuyo contenido ya esté entre las ya definidas por el gobierno, sino más bien que milita entre las ideas que se lanzan para ser analizadas.
A ello hay que agregar que expertos en derecho internacional han hecho público que si ello fuera aprobado sería violatorio de tratado de ONU, a todo lo cual es necesario agregar la imprudente afirmación del Secretario de la Presidencia acerca del placer que deriva de fumar marihuana.
Parece claro entonces que el gobierno solo se limitó a lanzar ideas varias para la consideración pública, pero no formuló ahora propuestas concretas y definidas para solucionar problemas muy serios que enfrenta la colectividad nacional.