Opinion | 27 Jun En las últimas horas se supo que la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) asumió la responsabilidad pero no la culpa del accidente que ocasionó recientemente la muerte del motociclista Miguel Angel Rodríguez, de 56 años, por las lesiones provocadas por un caballo desbocado que tiraba de un carro en la rambla de Pocitos.
“Nos sentimos responsables de la situación, si bien no nos sentimos culpables de lo acontecido”, afirmó el director de Movilidad Urbana, Gerardo Urse, al comentar el suceso. Esto se debe a que la normativa departamental prohíbe la circulación de carros con caballo por la rambla y por avenidas, pero la IMM argumenta que los inspectores de tránsito no pueden retirar carros ni caballos por ser considerados un bien privado. En cambio, la Policía es la que tiene la potestad de retirar el animal, que es atendido por una ONG hasta que es devuelto a su dueño.
Esta norma proviene ya de la administración de Mariano Arana, cuando se anunció que se controlaría en forma severa a los carritos para que respetaran las normas de tránsito, pero debido a que sobrevino la crisis de 2002, por “razones sociales” se optó por esperar que la situación mejorara, y así se ha seguido hasta nuestros días.
Es cierto que los inspectores tampoco tienen el “dulce” del cuarenta por ciento de la multa que aplican, que siempre es un buen incentivo para que hagan lo que tienen que hacer, que es fiscalizar el tránsito.
Lo de los carritos es impresentable por el lado que se mire, y resulta una papa caliente para la intendencia montevideana, que hoy no sabe cómo sacárselos de encima luego de haberlos promovido durante años. Y si bien la mayor gravedad de esta problemática se aprecia en Montevideo, también se da en ciudades del Interior, en lo que Paysandú no es una excepción.
Se ha hecho hincapié con toda razón en la obligatoriedad de contratar el Seguro Obligatorio Automotor (SOA), para que las víctimas de accidentes tengan un seguro que les dé la posibilidad de reparación, pero parece que en el caso de los carritos no hay ninguna responsabilidad.
Los instrumentos para que se respeten las normas parece girar en torno a que quien las viola sea objeto de multas en caso de omisión, pero con los carritos no hay manera de hacer sentir este rigor .
Hasta ahora se ha tratado de un problema insoluble, y salta a la difusión pública cuando se dan episodios como el mencionado, sin que nadie le ponga el cascabel al gato.