Opinion | 28 Jun La crisis política paraguaya que ha epilogado –suponemos—con la destitución del ex presidente Fernando Lugo sigue el camino de convertirse en una especie de duelo entre una nación mediterránea, o sus actuales gobernantes, incluyendo naturalmente al Parlamento, y naciones del subcontinente que integran la Unión de Naciones del Sur (Unasur) y el propio Mercosur, que pretenden presionar al nuevo gobierno para que reintegre al ex mandatario a su puesto, so pena de sufrir represalias cada vez más severas, que en el caso de Venezuela hasta incluyen la suspensión de la venta de petróleo.
Realmente el argumento del “golpe de Estado técnico” o “golpe de Estado parlamentario”, --como ha mencionado entre otros conceptos el presidente José Mujica-- aparece como una argumentación rebuscada para intervenir en los asuntos de otros países, cuando el escenario dista un abismo de los viejos y cruentos golpes de Estado con irrupción de Ejércitos y el avasallamiento de las instituciones democráticas, con la consecuente conculcación de derechos y garantías ciudadanas, como hemos sufrido en las décadas de 1970 varias naciones sudamericanas, incluyendo el Uruguay.
Por cierto que la destitución de Lugo se dio en medio de un período de irrupción y consolidación de regímenes de gobierno afines, ideológicamente autodefinidos como “progresistas”, que en esta coyuntura han establecido alianzas político-ideológicas materializadas en nuevos organismos como la Unasur y desvirtuado en gran medida la esencia de bloques como el Mercosur.
Estamos a todas luces ante una distorsión flagrante del escenario político regional, al insistir en presentar al nuevo régimen paraguayo como una tiranía, cuando se han cumplido los pasos previstos en su Constitución, que contemplan que primero la Cámara de Diputados y luego el Senado se pronunciaran tajantemente por la destitución, para lo que necesitaban solo dos tercios y en cambio se ha llegado casi a la unanimidad de votos.
La realidad es que Lugo se había quedado ya sin sustento político, por errores propios y también por la lucha por el poder que suele darse entre partidos y que es particularmente exacerbada en Paraguay.
El mayor problema fue que el ex presidente llegó sin un partido detrás, salió presidente con el apoyo de una coalición y se quedó solo porque no tuvo la visión de ir armando su propio respaldo, a la vez de jugarle en contra la pérdida de prestigio personal por haber hecho como obispo lo que le estaba especialmente vedado como tal por la Iglesia Católica.
La matanza del 15 de junio en una región de Paraguay, por ocupación salvaje de tierras, entre policías y campesinos, fue la gota que derramó el vaso, y precipitó la pérdida del poco apoyo que le quedaba al ex presidente. No es una situación inédita, sino que este desgaste suele darse en toda democracia, y ha sido mucho más notorio en un régimen como el paraguayo, cuya institucionalidad es muy reciente y aún frágil, por cierto, pero en este caso se ha actuado contemplando lo establecido en su Carta Magna.
Lamentablemente, visiones de los gobiernos de Argentina, Ecuador, Venezuela, Brasil y el propio Uruguay han priorizado sus simpatías ideológicas por sobre los hechos objetivos, y en buena medida el gobierno de Mujica siguió la línea de sus socios del Mercosur y la propia Unasur.
Es un camino peligroso, sobre todo para una nación pequeña como Uruguay, con larga tradición democrática, el alentar o participar en foros decididamente intervencionistas, en base a que como bien sostiene el senador y ex canciller Sergio Abreu, “hay una gran parte de afinidades ideológicas, una especie de corporativismo ideológico presidencial que es el que combatimos. Unasur y el Mercosur interfieren en asuntos del Paraguay”.
En cambio, por tradición, por principios, Uruguay debe apartarse de lo que los socios y vecinos de la región digan y hagan en base a sus simpatías y afinidades a propósito de la situación paraguaya, para en cambio seguir afiliado al principio de no intervención y la libre determinación de los pueblos, cuando se enmarcan en el libre juego de la institucionalidad democrática.
Y en el caso de Paraguay, la tan controvertida Constitución rige desde 1992, por lo que si hasta ahora nunca hubo cuestionamientos en el Mercosur por la letra de la Carta Magna paraguaya, no corresponde entonces desacreditar un procedimiento político que esta habilita, solo porque circunstancialmente toca a un mandatario que pueda caer simpático a los gobiernos de la región.