Opinion | 23 Jun A través de un “paquete” de quince medidas el Poder Ejecutivo anunció que ensayará una respuesta combinada con la idea de resolver “la emergencia de la violencia” en el Uruguay, con la expectativa de “garantizar la plena vigencia de los derechos ciudadanos para la mejor convivencia social”, según los fundamentos expuestos.
En fin, todo indica que la quietud manifiesta que se le reprocha prácticamente desde todos los sectores de la población y del sistema político al gobierno ha hecho mella y se ha creído pertinente hacer frente mediante medidas presuntamente coordinadas a una problemática muy compleja, y a la que la fuerza de gobierno se ha negado sistemáticamente a responder con el ejercicio de la autoridad.
Las medidas comprenden reparación a las víctimas de delitos con la constitución de un fondo nacional de indemnización a las víctimas de delitos violentos, agravamiento de las penas en caso de corrupción policial y tráfico de pasta base, eliminación de la tipificación de una serie de conductas como “faltas” y mantenimiento de aquellas con real incidencia en la inseguridad ciudadana, abordaje integral de la problemática de las personas afectadas por el consumo problemático de drogas y su entorno, creación de iniciativas judiciales especializadas en el narcomenudeo, legalización regulada y controlada de la marihuana, aplicación de medidas restrictivas en informativos para determinadas escenas de violencia al amparo de la norma que regula el horario de protección del menor, promover, en diálogo con los medios de comunicación, incluyendo a sus trabajadores, universidades y la sociedad civil, la adopción de formas de autorregulación en materia de manejo de informaciones referidas a seguridad y violencia, presentación de un conjunto de programas de gestión de calidad a efectos de mejorar la eficacia y transparencia policial, fortalecimiento del sistema de centros de mediación y negociación de conflictos en algunas zonas del área metropolitana en el ámbito barrial y los centros educativos, combinar una intervención que amalgame la participación y la organización estudiantil junto a la mediación de conflictos, para la educación media, nuevas centralidades en algunos barrios del área metropolitana a través de plazas de convivencia, sistema de información especializado de denuncias de violencia doméstica y mejora en la educación y el control del tránsito en todas las ciudades del país a través de la cooperación de la Policía Caminera colaborando con los gobiernos departamentales y las direcciones de tránsito en las intendencias.
Estamos por lo tanto ante una enumeración de ideas arrojadas sobre la mesa como “material” de trabajo, para ver que queda en limpio luego del tratamiento parlamentario, cuando además los primeros sorprendidos por los términos de la propuesta han sido la gran mayoría de los propios legisladores del gobierno, que tienen mayoría legislativa y que por lo tanto ya podrían ir con estos proyectos para su tratamiento y aprobación dentro de determinado plazo a efectos de su entrada en vigencia lo antes posible.
Sin embargo, todo indica que estas pautas de trabajo aparecen más como un golpe de efecto ante el cuestionamiento ciudadano por la inacción gubernamental que como una respuesta efectiva integral a la vasta problemática que se pretende abordar, y que se han lanzado al ruedo ideas que deberán ser analizadas a fondo en el Parlamento, con las respectivas consultas a asesores y especialistas y en busca de los consensos políticos en caso de que pueda haber disensiones o puntos de desacuerdo en el propio oficialismo.
Por lo tanto, si bien hay una serie de elementos a compartir en este esquema de grandes líneas, salvo aquellos inherentes al intento de establecer restricciones a la libertad de informar, por ejemplo, y lo errático y difuso de los instrumentos para combatir el tráfico de drogas, surge claramente que esta propuesta denota mucha improvisación, para llegar a una especie de agenda de trabajo con titulares sobre lo que se debería hacer, cuando ya se está en el tercer año de gobierno, y queda todo el grueso del trabajo por delante.
De hecho, la forma en que se realizó la presentación de tantos lineamientos de trabajo –puesto que no son otra cosa--, transmite la sensación de un voluntarismo personal antes que el resultado del trabajo a conciencia de un gobierno que busca solucionar seriamente un problema que golpea con crudeza a la población. Tanto que daría para pensar que mucho de lo que se dice busca más el debate inconducente que concretar acciones.
Es de esperar que no se trate de otra distracción política, o una forma de lograr que la oposición –y la población— terminen aceptando lo que nadie quiere solo por el hecho que es “lo menos peor” de todo lo que se planteó al principio.