Opinion | 24 Jun En el documento de veinte páginas “Estrategia por la vida y la convivencia”, el Poder Ejecutivo (PE) asigna especial importancia a la cobertura que los medios de comunicación --con especial énfasis en la televisión-- hacen de la crónica roja. Sostiene que desde 2006 ha aumentado considerablemente la cantidad de segundos que se ocupan en difundir noticias que involucran hechos violentos.
El mismo documento se queja amargamente de que no se le da igual destaque a “la caída sustantiva de la pobreza, la casi erradicación de la indigencia, el más bajo desempleo de la historia, las mejoras del salario real”. En realidad, el Poder Ejecutivo confunde a los medios de difusión con tambores. No es cuestión de batir el parche porque el gobierno haga lo que es su obligación hacer: mejorar la calidad de vida de los habitantes de este suelo. Se trata en cambio de difundir las noticias que se generan, sean en beneficio del gobierno de turno o no.
Pero, además, el PE, que hizo un prolijo seguimiento de cada segundo que la TV utilizó en la difusión de noticias de hechos violentos, nada dice de cuántos segundos ocuparon los políticos en esos mismos medios, ni cuál fue el nivel de importancia de lo que expresaron, ni de cómo se valieron de esos espacios para beneficio partidario, sectorial o personal.
Resulta simple y sencillo proponer revisar la normativa que afecta a los medios de comunicación. Tanto como indicar que los medios de comunicación deben ir hacia una más profunda autorregulación, al mismo tiempo que apoyar una amplia participación ciudadana.
No obstante, conviene reflexionar sobre el papel de los medios de comunicación en la sociedad, cuán beneficiosos han sido a lo largo de su historia, qué perjuicios han causado y especialmente a quiénes han perjudicado. Si bien no ha sido planteado así, claramente las intenciones del PE, que no comienzan con este documento sino que arrastran desde el gobierno de Tabaré Vázquez, persiguen a una “ley mordaza”.
Es que resulta evidente que cuanto más se controla a la prensa, menos incomodidades sufren los políticos.
Mientras más amenazas a la prensa, menos ejercicio de la libertad de expresión. Y menos fiscalización a través de la difusión pública así como menos críticas que afecten en la etapa electoral.
La prensa muy suelta de lengua no agrada a los gobernantes, porque la reflexión no es amiga de la euforia al momento de emitir el voto. Y ya se sabe que el sufragio es el método por el cual la clase política mantiene sus empleos de poder y privilegiadas retribuciones. Tanto es así que todos los gobiernos, en algún momento buscarán frenar la libertad de expresión, por supuesto que siempre buscando el bien común. Nunca lo harán “porque son malos” que “buscan perpetuarse en el poder” o para imponer una forma de pensamiento o ideológica; será para proteger a los niños de contenidos inadecuados, por una mejor distribución de la programación cultural, por una “democratización” de los contenidos, porque calumnian a algún poderoso por simples rumores, etcétera.
En nuestro país, contrario al dicho japonés que sostiene que “los políticos son como los perros: funcionan a periodicazos”, parece que se conmueven por la televisión.
Ya en 2009 Gustavo Gómez Germano, director nacional de Telecomunicaciones, proponía una ley de contralor de medios –consensuada por todos los actores, con intereses comunes--, para “garantizar la diversidad y el pluralismo”. Hacerlo en el presente, cuanto literalmente cualquier persona puede tener casi sin inversión su propia radio o canal de televisión en su casa y emitirlo por Internet; o en pleno auge de las radios comunitarias; suena a desajuste temporal.
No es, ciertamente, esa la intención. Lo que importa es el contralor de los medios masivos de difusión, esos que atrapan con la telenovela de moda o el programa de entretenimientos del momento. Es a ellos a los que hay que demandarles diversidad y pluralismo, palabras huecas pues no han sido dotadas de contenido. O pedirle a la televisión un 30% de producción nacional. ¿Por qué no un 50%? ¿O un 15%? Mejor aun ¿es que acaso la televisión no estaría deseosa de producir más y más si tuviera mercado donde volcar esos productos, obteniendo sólidas ganancias?
Y es ante eso que hay que marcar con claridad que la sociedad y que el Estado (ambos mucho más perennes que el gobierno de turno) no pueden perder de vista que el crecimiento, el progreso, y la expresión de todas las ideas (incluso aquellas que duelan o sean rechazadas) se apoyan en una prensa saludable.
Finalmente, no informar la realidad no la hace mejor. Todo lo contrario. Los peligros de los cuales no se está advertido golpean de manera más contundente. Pensar que la convivencia mejorará simplemente porque los informativos de TV no informen de los hechos de sangre derramada aleja a la seguridad por ignorancia.
El contralor de la prensa, o directamente su puesta en cepo, parece un interés de este gobierno. Lo parece ahora; lo pareció antes. Fueron los contenidos culturales, fue la programación nacional; era el “monopolio” de un “recurso finito” por el que se benefician unos pocos, las ondas de radiodifusión –auque inexplicablemente pretendan controlar también la Internet, según el proyecto de ley de 2010--; la última excusa es la inseguridad. Si esta no funciona, seguramente otra habrá.