Opinion | 25 Jun La destitución por juicio político del ahora ex presidente Fernando Lugo en Paraguay es un elemento que aporta determinado grado de intranquilidad en la región en estas horas, desde que se ha tratado de un factor traumático nuevo en un país que felizmente ha gozado en los últimos años de estabilidad democrática, y ello ha contribuido a una imprescindible distensión para abordar nuevas etapas que tiendan a una mayor democratización y armonización de la región, aunque a menudo con inevitables roces y rispideces entre quienes defienden intereses muchas veces conflictivos y encontrados.
Pero esta transición del poder político en Paraguay se hizo en relativa calma, con apenas disturbios aislados y con Fernando Lugo acatando la decisión del Senado de destituirlo --como debe ser en una democracia--, e inmediatamente se tomó juramento al vicepresidente Dr. Federico Franco, como nuevo mandatario.
Franco juró ante el Congreso en pleno como nuevo gobernante de Paraguay para lo que resta del período del destituido Lugo, quien concluiría su mandato en agosto de 2013, y de inmediato nombró a un nuevo ministro del Interior, siguiendo a relevos en la Policía y el Interior, cuyos titulares habían sido destituidos por el propio Lugo tras el enfrentamiento que se registró durante el desalojo del 15 de junio en una reserva forestal, que dejó seis policías y 11 campesinos muertos, y que fue lo que desencadenó el juicio político y la posterior caída del ahora ex presidente.
Lugo había asumido el poder el 15 de agosto de 2008 luego de ganar las elecciones de abril de ese año desalojando del poder al Partido Colorado, que llevaba sesenta años de hegemonía política. Gobernó durante tres años, diez meses y siete días. El ex gobernante fue juzgado por el Senado por su responsabilidad en la tolerancia y asistencia a los invasores ilegales de tierra, la no captura de integrantes de un grupo guerrillero que opera en la selva y la muerte de seis policías y once campesinos durante el desalojo en una reserva forestal, entre otras acusaciones.
El punto incontrastable es que el Senado destituyó al ex mandatario por 39 votos a favor y cuatro en contra; es decir que no tuvo prácticamente ningún respaldo, ni siquiera de su propio partido, dejándolo sin sustento político alguno, en el marco de una instancia parlamentaria prevista por la Constitución de Paraguay y por lo tanto contemplada como instrumento en la Carta Magna.
Se trata por lo tanto de una decisión soberana adoptada en el marco del régimen institucional paraguayo, con los votos de parlamentarios que han sido electos por voto ciudadano y en tanto representantes de la expresión popular, más allá de simpatías o cuestionamientos que se tengan hacia el destituido presidente.
Quien así no lo entiende evidentemente desconoce cuales son los mecanismos que rigen la relación entre poderes en una democracia representativa, como las que se han dado precisamente los países de la región.
Es por lo tanto absolutamente fuera de recibo la pretensión directamente intervencionista o condenatoria que se ha planteado en el seno de la Unión de Naciones del Sur (Unasur), pretendiendo asimilar la decisión del Senado paraguayo a un golpe de Estado, aunque el episodio no guste a los simpatizantes de Lugo dentro y fuera de fronteras. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, pretende ir aún más lejos y ha trascendido que ha sugerido la expulsión de Paraguay del Mercosur y de la propia Unasur, porque estos son organismos cuyos estatutos ponen como condición a sus asociados que respeten las reglas democráticas.
Se trata de una actitud directamente intervencionista, que pretende sanciones, paternalismo y presiones por no estar de acuerdo con decisiones soberanas que adoptan los poderes constitucionales de un Estado, lo que sería además un pésimo precedente para estos organismos regionales, más allá de las imperfecciones que tradicionalmente se le reconocen al régimen paraguayo y al hecho de que la destitución de un presidente constitucional, por la causa que sea, nunca es una noticia que cause alegría para quienes situamos a la democracia como un bien supremo a preservar en toda circunstancia.