Opinion | 01 Jul Los problemas más complejos que puede enfrentar una sociedad a veces son de difícil visualización no sólo para la población en general sino para aquellas personas que por el lugar que ocupan dentro del ámbito público o institucional podrían tomar algún tipo de acción para comenzar a caminar hacia las mejoras necesarias.
Y entre esos temas, ya sea por una cuestión cultural o por haber sido considerados tabú por mucho tiempo, la violencia doméstica y la explotación sexual comercial de menores son dos de los más difíciles de resolver. Ambos atentan contra derechos básicos de las personas y son productos de relaciones de poder donde hay víctimas y victimarios.
La explotación sexual de niños y adolescentes, así como la trata de personas “no está en la agenda política, social o gubernamental” alertaron en Paysandú especialistas en la materia durante una jornada de capacitación brindada a operadores sociales locales con la finalidad de sensibilizarlos, aportarles estrategias de actuación en este tema y que puedan comenzar a formar una red de protección local.
Si bien Uruguay ha tenido algunos avances, “falta mucho todavía”. Apenas se denuncian unos 40 casos por año y la falta de espacios concretos de atención así como una mayor capacitación en ámbitos educativos y de la salud para la identificación de casos son necesidades inminentes.
“A nivel social y comunicacional este es un tema que de a poco está apareciendo en los medios de comunicación, en algunas miradas desde las organizaciones y de distinta forma y con distinto alcance en algunos organismos públicos”, dijeron los especialistas, que advirtieron que “todavía falta muchísimo para que realmente se constituya en un tema de agenda política”.
Por la gravedad que pueda tener el tema, especialmente por tratarse de explotación y trata de menores, el atentado que significan estos hechos a los derechos humanos y la vulnerabilidad de quienes los padecen, es al Estado a quien le corresponde actuar en cumplimiento de los tratados internacionales firmados en este sentido y, fundamentalmente, en salvaguarda de los derechos y calidad de vida de sus ciudadanos.