Opinion | 02 Jul Mientras que por un lado anunció que dejaría de vender petróleo a Paraguay como castigo por haber destituido al ex presidente Fernando Lugo mediante un “golpe de Estado parlamentario”, mostrándose así como un abanderado de la democracia en América Latina, el gobierno del coronel Hugo Chávez sigue atacando groseramente la libertad de prensa en su país.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) calificó de “flagrante atentado a la libertad de prensa” una decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela que ordenó un embargo ejecutivo de los bienes de Globovisión, por no pagar una multa millonaria, sanción que la televisora independiente había elevado a tribunales de apelación. El TSJ ordenó al Banco Central de Venezuela determinar el nuevo monto de la sanción económica contra Globovisión aplicada en octubre de 2011 por Conatel, equivalente a 2,1 millones de dólares. La sanción impuesta por el ente regulador de las telecomunicaciones, venció el 31 de diciembre, tras lo cual la televisora inició un proceso de apelación.
Conatel aplicó la sanción económica contra Globovisión por considerar que incurrió en “apología del delito, alterando el orden público y fomentando la zozobra de la ciudadanía”, tras la cobertura periodística del amotinamiento en el penal El Rodeo en junio de 2011, episodio que dejó decenas de muertos y heridos entre soldados y prisioneros. Es algo así como que en Uruguay se pene con una multa similar a esa a los canales que mostraron las imágenes del asesinato del trabajador de La Pasiva en Montevideo, en manos de un delincuente, algo a lo que nuestro gobierno todavía no ha llegado, aunque ya le está buscando la vuelta legal para hacerlo.
Pero por supuesto, la “revolución” chavista no tiene ningún prurito en cercenar la libre expresión y quedar solo con los voceros oficiales para explicar las “bondades” de su régimen.
Como bien denuncia el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Gustavo Mohme, director del diario peruano La República, se trata de “una sanción desproporcionada que no solo va contra los activos de la televisora, sino contra el derecho de los venezolanos de contar con una fuente informativa independiente” y que se quiere “silenciar a un medio por el solo hecho de cumplir con su papel de informar”.
El hecho es aún más grave si tenemos en cuenta que Venezuela se encuentra ya en plena campaña electoral.