Nacionales | 29 Jun Medidas “desproporcionadas”
El miércoles, mientras los docentes realizaban un paro nacional y le entregaban árboles al presidente José Mujica, el director nacional de Educación, Luis Garibaldi, dijo a Montevideo Portal que algunas de las medidas eran “desproporcionadas”. Además, concordó con Mujica en que las críticas al acuerdo educativo obedecen “más a intereses electorales que educativos”.
Según Garibaldi, las autoridades de la Educación han cumplido con los convenios colectivos firmados por los propios trabajadores. Asimismo, en respuesta al paro en la educación media, que reclamaba más presupuesto en la Rendición de Cuentas, señaló que “se debe reconocer que en el país se ha impulsado una política de mejora del presupuesto para la educación desde el año 2005, siempre con el objetivo de alcanzar el 4,5% del PBI”.
“Es comprensible que desde el ámbito sindical los docentes pretendan mejoras”, entendió Garibaldi. No obstante, recordó que aún está vigente un convenio colectivo firmado en 2010 entre el Ministerio de Educación y Cultura y la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay, y que el gobierno está cumpliendo con lo acordado en aquella instancia.
En busca de votos
En cuanto a la amenaza de Alianza Nacional de retirarse del acuerdo educativo ante la falta de avances en el tema, Garibaldi aseguró que tres de los cuatro puntos del acuerdo ya se concretaron y que el restante está en proceso. “Creo que detrás de las críticas hay intereses más político partidarios y electorales que educativos”, señaló.
“Claramente los puntos acordados no se pueden cumplir en dos o tres meses”, expresó, y añadió que “es muy difícil hacer acuerdos cuando van a estar denunciándolo cada dos meses”. En este sentido, recordó que en el acuerdo firmado en febrero de este año se preveía que la ANEP realizaría un informe con un balance del estado del acuerdo en 2013.
Según dijo, el punto que todavía queda pendiente es el que respecta al “fortalecimiento de los centros educativos”, dentro del que se preveía mejorar la carrera docente, la creación de la figura del profesor-cargo y la mayor autonomía para los centros educativos. Sin embargo, Garibaldi señaló que dichos puntos “están muy avanzados en Primaria y está previsto abordarlos para Secundaria y UTU”.
“Están de rodillas”
Finalmente el Senado aprobó el proyecto de ley de participaciones patrimoniales al portador, que era una de las exigencias planteadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Sin embargo, Unoticias publicó que esto llevó al enfrentamiento entre el Frente Amplio y la oposición, que acusó al gobierno de actuar para satisfacer las demandas de Argentina. La eliminación de las sociedades anónimas al portador, una propuesta que pasó a la Cámara de Diputados y que obtuvo solo los votos del Frente Amplio, fue objetada por blancos y colorados ya que entendían que “beneficia al gobierno Kirchner”. Los senadores Francisco Gallinal (Correntada Wilsonista) y José Amorín (Proba) manifestaron su molestia y generaron un fuerte debate cuando se refirieron a las presiones del vecino país. Como respuesta a la reacción del Frente Amplio, Amorín aclaró que “las diferencias son con el gobierno de Argentina, no con su pueblo”. Por su parte, el presidente del Directorio blanco, Luis Alberto Heber, está indignado pues en el oficialismo “están de rodillas con el gobierno argentino. Es lamentable”. En tanto el líder colorado Pedro Bordaberry consideró “increíble la insistencia del Frente Amplio en defender al gobierno argentino pese a todas las cosas que nos hace”. A pesar de todo, y contra viento y marea, la norma obtuvo la media sanción parlamentaria.
Recuperación de personas
El vicepresidente Danilo Astori confirmó que los primeros cuatro proyectos de ley resultantes de las medidas de seguridad anunciadas por el Ejecutivo ya ingresaron al Parlamento. Dijo que su intención es que los proyectos sean abordados con los legisladores, “donde se escuchan todas las voces”. Asimismo, explicó que las medidas incluyen una pena mínima de un año para los menores de edad que cometan delitos violentos. Sin embargo, no se incluyó el aumento de las penas máximas a diez años.
Entre otras propuestas, se enviaron la reparación a las familias de las víctimas, el aumento de penas para los delitos de narcotráfico y corrupción policial y la internación compulsiva de adictos a la pasta base. En cuanto a este último punto, Astori explicó que la intención del gobierno no es atender a los adictos “solamente desde las instituciones de represión”, sino apuntar a la “recuperación” de las personas desde lo social.
Mejor se aíslan
La senadora Lucía Topolansky ve la internación compulsiva de adictos con otros ojos. Comparó la reclusión de los consumidores con la cuarentena prevista ante determinadas enfermedades. “Para mi la adicción es una enfermedad y si hay una persona enferma de cólera o de dengue, lo tengo que aislar de los otros para poder curarla”, aseguró a Montevideo Portal.