Nacionales | 02 Jul El gobierno envió al Parlamento la Rendición de Cuentas 2011, que será discutida mañana por la Cámara de Diputados. Esta ley establece el pago obligatorio por parte de las radios y canales de televisión de un canon por el uso de la frecuencia radioeléctrica.
Según informó El Observador en su web, aunque la ley vigente en materia de telecomunicaciones señala que se pague por el uso de las frecuencias radioeléctricas, la norma deja “exceptuados las estaciones de radiodifusión (AM, FM, televisión abierta)”. Así, el artículo 136 de la Rendición de Cuentas elimina esta excepción e indica que el Poder Ejecutivo tiene total potestad para poner el precio.
Ya el año pasado el gobierno había manifestado la posibilidad de cobrar un canon y establecerlo por decreto. Sin embargo, recibió las protestas de la cámara que nuclea a las emisoras de radio y televisión, que entendía que eso no se podía hacer por decreto. Por ello el gobierno finalmente eligió el mecanismo de la Rendición de Cuentas.
Además, el Ministerio de Industria propone al Parlamento que quede establecida por ley la obligatoriedad para que los canales de televisión destinen quince minutos gratuitos por día para “campañas de bien público” de organismos estatales. En este sentido, “los titulares de servicios de radiodifusión, de servicios de televisión abierta y los titulares de servicios de televisión para abonados en sus señales propias, y las señales de televisión cuya programación sea establecida en Uruguay y que sean difundidas o distribuidas por servicios para abonados, tendrán que permitir el uso gratuito de hasta quince minutos diarios, no acumulables, para realizar campañas de bien público por parte de organismos públicos y personas públicas no estatales”, dice el texto.
Asimismo, el Ejecutivo destinó 306 millones de pesos para varios programas del Ministerio de Desarrollo Social. De ese total, 90 millones irán al Programa de Personas en Situación de Calle. Otros programas que reforzarán sus partidas son el Plan Alimentario ($ 16 millones), Infamilia ($ 40 millones) y Sistema de Cuidados ($ 20 millones). El resto se destina a Jóvenes en Red.
En otro orden, la Dirección General Impositiva (DGI) podrá solicitar el “auxilio” de la “fuerza pública” para cumplir con sus objetivos. Al menos, así lo establece el artículo 265 del proyecto de Rendición de Cuentas que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento. Se trata de una norma que legaliza el accionar actual del organismo recaudador, señaló su director, Pablo Ferreri a El Observador. En este sentido, si la DGI lo considera conveniente, sus inspectores y funcionarios asistían a los operativos con custodia policial. No obstante, esto no tenía el sustento legal suficiente, y por ello el gobierno decidió incluirlo en la Rendición.
Por otra parte, a partir de ahora se habilita a la Cancillería a cobrar hasta 1.815 pesos por trámites en las oficinas consulares tales como expedir o renovar títulos de identidad o de viaje, certificados o constancia, así como cada certificación de firma de funcionarios diplomáticos y consulares y expedir o renovar pasaportes diplomáticos.
La Rendición también modificó la entrada en vigencia de la ley que regula el uso de envases no retornables. Mientras en el texto original el artículo 9 establecía que la aplicación de la ley no podría exceder los tres años a partir de su promulgación, ahora no fija plazo. En cuanto al programa Uruguay Crece Contigo, el gobierno decidió destinarle 100 millones de pesos en 2013 y 130 millones en 2014.
La actividad de las oficinas presidenciales también tuvo su lugar en la Rendición de Cuentas. Al respecto, el Poder Ejecutivo destinó una partida anual de 10 millones de pesos para financiar los gastos de funcionamiento de la Torre Ejecutiva. Con respecto a las Fuerzas Armadas, se otorgan compensaciones especiales a los funcionarios de vigilancia en cárceles y los que integran unidades antiterroristas. También se establece por primera vez el pago por rendimiento a funcionarios policiales.