Opinion | 04 Jul Frecuentemente se conocen indicativos procedentes de los organismos que efectúan relevamientos de carácter poblacional y de situaciones socioeconómicas, como el Instituto Nacional de Estadística (INE), que indican que en los últimos años se ha logrado reducir el índice de pobreza y de indigencia en el país, lo que desde esferas gubernamentales es considerado como un triunfo de las políticas sociales que se han llevado adelante a partir de la gestión de la Administración Vázquez.
Esto debería ser así, porque las familias relevadas en los respectivos estudios reportan ingresos mensuales que les significan superar los que tenían anteriormente, y consecuentemente figurar en los registros como habiendo mejorado sustancialmente la situación en la que se encontraban de marginación y en algunos casos hasta de exclusión social.
Pero el punto es que las políticas sociales que se han implementado, más allá de algunos logros aislados en determinados programas que apuntan a la capacitación y formación, se han caracterizado por su naturaleza asistencialista, con una transferencia directa de recursos de toda la sociedad a través del Estado o por medio del empleo público, lo que permite que estas familias aparezcan recibiendo ingresos que les permiten mejorar su situación anterior, pero sin ninguna sustentabilidad.
Es decir que a nivel de determinados sectores del gobierno se está trabajando para las estadísticas, para que los números revelen el supuesto éxito de políticas sociales, pero sin que en realidad estas familias de escasos recursos salgan de una problemática muy difícil, porque de esta forma siempre seguirán dependiendo del Estado.
No estamos por lo tanto ante soluciones, sino ante parches para seguir tirando mientras den los recursos, con la mirada puesta en las estadísticas y sin alternativas todavía ante una realidad que ha mostrado ser muy difícil de modificar solo a través de voluntarismos y las cifras.