Nacionales | 03 Jul El prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, informó al término del Consejo de Ministros que el Poder Ejecutivo enviará al Parlamento una ley interpretativa para solucionar el problema de cientos de escrituras de terrenos que están trancadas por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y por ello no pueden ser registrados ante la Dirección General de Registros.
El Congreso de Intendentes analizó el pasado 6 de junio el tema con preocupación y solicitó al gobierno central cambios en la Ley de Ordenamiento Territorial para que se “otorguen certezas jurídicas” que hoy no existen. Lo que sucede es que la ley, aprobada en 2008, implicó nuevas reglas de juego a las que aplicaban las intendencias. Por ejemplo, si un campo que formaba parte del medio rural era fraccionado para construir viviendas, con la sola habilitación de la Intendencia correspondiente pasaba a ser una zona suburbana o urbana, dependiendo del caso. Para el Congreso de Intendentes hay “una crisis de credibilidad” que está “derivada de decisiones institucionales registrales referidas a fraccionamientos que eventualmente serían jurídicamente nulos, con las consecuencias en cascada hacia multiplicidad de ámbitos”, dice un texto elaborado por un grupo técnico. Ese texto sostiene que hay “una interpretación extremadamente rígida no ajustada al texto, a la doctrina ni al espíritu de la ley 18.308 ni al sistema por ella fundada”. Según el grupo técnico que asesora a los intendentes, esta situación implica “una serie de frenos serios a las inversiones y emprendimientos públicos y privados derivadas de aplicaciones desajustadas de los procedimientos de la ley y de sus instrumentos”.