Opinion | 04 Jul Con el paso de las horas, ya de retorno a nuestro país, el presidente José Mujica y su canciller Luis Almagro han tratado de explicar los motivos que llevaron al cambio de postura de la delegación de nuestro país en la cumbre del Mercosur celebrada en Mendoza. La argumentación que han manejado trata de explicar lo inexplicable, y por lo tanto plantea no solo flaquezas flagrantes en la justificación, sino a la vez un mar de interrogantes de cara al futuro por los antecedentes y connotaciones que conlleva.
No hizo mejor papel tampoco el prosecretario de la Presidencia., Diego Cánepa, cuando al término del Consejo de Ministros en el que el mandatario explicó a sus directos colaboradores lo que pasó en Mendoza, que llevó al cambio de posición de Uruguay respecto al ingreso automático de Venezuela al Mercosur, sobre el cadáver todavía caliente de Paraguay apoyó y trató de transmitir de la mejor manera posible estos fundamentos.
Respecto al ingreso formal de Venezuela aprobado en la cumbre de Venezuela, Cánepa aclaró que “hubo una discusión, una negociación y una evaluación del momento que se vivía y por algo se espera al 31 de julio”,
Según El País, el prosecretario reconoció no obstante que fue una decisión política adoptada por los mandatarios a la que Uruguay no podía decir que no porque el Parlamento ya había aprobado en 2006 el ingreso de Venezuela, y ese país había cumplido con los procedimientos. Pero además agregó que Uruguay había regresado de la cumbre con logros, como las no sanciones económicas al Paraguay y la posibilidad que se abra la negociación con países del Pacífico.
Pero en este entuerto internacional en que ha caído Uruguay, hipotecando su prestigio diplomático y haciéndose cómplice de los desaciertos y actitudes prepotentes de Argentina y Brasil, hay muchos más elementos a ponderar, además de haberse ignorado un pronunciamiento soberano del Parlamento de Paraguay, de acuerdo al ordenamiento constitucional de la nación guaraní, y electo naturalmente por el voto popular.
Tenemos así, y no es un aspecto menor, que el presidente y el canciller hicieron en Mendoza lo contrario que el propio Almagro anunció en nuestro país, es decir no votar el ingreso de Venezuela al Mercosur en esta cumbre. Quedó así en flagrante “offside” el secretario de Estado, porque apareció el bloque como tal sacando a Paraguay de la troya y dando entrada por la puerta del costado a Venezuela, con la aprobación uruguaya, por supuesto.
Empero, a su retorno, Almagro aclaró que Uruguay fue a la cumbre decidido a no habilitar en esta instancia el ingreso de Venezuela, porque no correspondía, y así lo hizo saber a sus pares de Argentina y Brasil. Sin embargo, nuestro país no utilizó el poder de veto que le confieren los estatutos del acuerdo, y por acción o por omisión dejó que Chávez se sacara por fin las ganas de cumplir con su objetivo de muchos años.
¿Y qué fue lo que pasó para que se diera este contrasentido en una delegación que tenía posición formada? Pues que según dijo Almagro, Cristina Fernández y Dilma Rousseff se reunieron a puertas cerradas con Mujica, y éste accedió a cambiar la postura.
Naturalmente, hubo de por medio una negociación, cuyos alcances no ha explicado el mandatario, pero todo indica que razones políticas e intereses comerciales primaron para este cambio, que no solo conlleva una absoluta falta de ética, sino que ha antepuesto decisiones políticas a la letra y el espíritu del Mercosur, al violar flagrantemente sus estatutos.
Por supuesto, el gobierno apela a una y mil razones para tratar de justificarlo, pero los hechos hablan por sí solos y son incontrastables. Incluso el canciller explicó que el tema no está cerrado, porque se abre un plazo hasta el 31 de julio en el que se formalizará el ingreso de Venezuela, y que Uruguay tiene la posibilidad de que en caso de que el equipo jurídico de la Cancillería así lo entienda, de entender que se ha violado la letra del acuerdo del Mercosur, se dejaría sin efecto el ingreso del país caribeño.
Más allá de lo que pueda surgir del “estudio” de la legalidad de la medida, este gobierno –o sea, Uruguay-- ha demostrado con creces que es incapaz de siquiera sostener cualquier posición discrepante con los lineamientos que nos imponen Argentina y Brasil. Es por lo tanto impensable que este gobierno que ha sido capaz de mentirle a la ciudadanía y mofarse de lo hecho en incontables oportunidades --porque cuenta con las mayorías parlamentarias--, cambie su posición respecto al ingreso de Venezuela al bloque sudamericano.
Es el país del “como te digo una cosa, te digo la otra”; de un presidente que asegura a los empresarios en el Conrad que habrá reglas claras para los inversores y luego agrega impuestos al campo; del que dice que van a aumentar las penas a los menores infractores que cometan delitos violentos y luego se retracta; del que presenta 15 propuestas para bajar la delincuencia pero al otro día manifiesta que “tiene marcha atrás” y que son “solo propuestas para discutir”; del que su Canciller asegura que no se va a permitir que se aproveche la “suspensión” de Paraguay en el Mercosur –sigue siendo miembro pleno—para ingresar a Venezuela, y aprueba la resolución sin el más mínimo sentido ético.
Es difícil pensar que este gobierno, que llegó al extremo de sesionar de urgencia en la madrugada para invitar a Venezuela al Mercosur, tenga la suficiente independencia para priorizar la ética y el derecho internacional por sobre sus afinidades ideológicas.
En todo caso, en pocos días seguramente lo sabremos.