Opinion | 02 Jul Las quince medidas contra la inseguridad que fueron anunciadas recientemente en conferencia de prensa por varios ministros del gobierno del presidente José Mujica, incluyendo la polémica legalización de la marihuana, han ido perdiendo fuerza no solo a partir de críticas que han partido desde voceros de la oposición y sectores representativos del quehacer nacional, sino del propio partido de gobierno, por lo que mal puede atribuirse que las dificultades en llevarlas adelante sean un intento de torpedear presuntas soluciones que ya se daban por descontadas.
La realidad indica que lejos de generarse un amplio apoyo legislativo dentro del oficialismo, las medidas anunciadas constituyen un compendio de titulares de ideas para “trabajarlas” y plasmarlas en proyectos de ley cuando así fuera requerido y sobre todo posible, lo que quiere decir que es probable que muchas de ellas jamás vean la luz y en otros casos los respectivos proyectos de ley podrían tener poco y nada que ver con los parámetros que se anunciaron en su momento a la ciudadanía.
Uno de los anuncios que tuvo mayor aceptación en la opinión pública y en el sistema político sin dudas lo constituyó el referido al aumento de las penas a menores que sean encontrados culpables de actos violentos graves contra la sociedad en sus “infracciones”, un aspecto que sistemáticamente el partido de gobierno se había resistido a promover.
Los anuncios de los ministros del área de seguridad en conferencia de prensa daban la pauta de que por fin se había asumido que si bien se esperaba todavía que dieran sus frutos las políticas en el área social, paralelamente se iba a actuar con mayor severidad en la represión de los delincuentes menores de edad, conocidos en muchos casos por su extrema crueldad y desconsideración hacia la vida de sus semejantes y la suya propia.
Con el paso de los días ha quedado de manifiesto que este anuncio se hizo en base a una apreciación de una realidad que rompe los ojos, por ministros y otros integrantes del Poder Ejecutivo que trabajaron en la redacción de las grandes líneas del proyecto, pero que no había sido consultado con los legisladores y respectivos sectores del partido de gobierno.
Es así que en las últimas horas se supo que el Frente Amplio –y no la oposición-- logró frenar al gobierno en su intención de subir la pena máxima a delitos graves cometidos por menores, como homicidio, rapiña y violación, como fuera anunciado el miércoles 20 en la Torre Ejecutiva por los ministros integrantes del gabinete de seguridad. Según da cuenta El Observador, el presidente José Mujica decidió ceder ante el enérgico reclamo de la mayoría de los legisladores que la noche anterior se opusieron a la medida cuando el Ejecutivo presentó los proyectos ante representantes de la bancada.
La medida más controversial era la que pretendía modificar el Código de la Niñez y la Adolescencia para establecer penas mínimas y elevar la máxima de cinco a diez años de encierro en el caso de los delitos graves, pero el planteo de los legisladores oficialistas ha hecho que el proyecto deje la pena máxima en los cinco años en que está, aunque aceptará establecer penas mínimas en un año, que hoy no existen y los jueces resuelven de manera discrecional.
Es decir que ante el intento de responder al airado reclamo ciudadano por más seguridad a través de la contención de menores de alta peligrosidad, la mayoría oficialista sigue aferrada a la idea de que la prioridad no radica en la defensa y protección de la sociedad agredida, sino en especular con la “recuperación” y reinserción en pocos años de feroces asesinos a la vida ciudadana, limpios de antecedentes ya como mayores, y por ende relanzarlos como amenaza a desprevenidos ciudadanos que harán las veces de conejillos de indias, nada menos que exponiendo en una suerte de ruleta rusa sus vidas y en el mejor de los casos su integridad física.