Opinion | 03 Jul La semana anterior el presidente José Mujica envió al Parlamento el proyecto para la habilitación de un puerto de aguas profundas en Rocha, con cuyo objetivo se expropiarán 458 terrenos sobre el océano Atlántico, en tanto ya el Poder Ejecutivo prevé tener operativa el próximo año en ese departamento una terminal para el transporte de minerales.
Las obras para el puerto de aguas profundas comenzarían en 2014, por una inversión de entre 800 y mil millones de dólares. Si bien se tenía previsto inicialmente promover una terminal especialmente para la explotación minera Aratirí, el gobierno ha definido que se hará un solo puerto de aguas profundas dado los impactos económicos y en el medio ambiente, por lo que se estima que este emprendimiento deberá utilizar los servicios de esta única terminal multipropósito.
La obra, según las definiciones del gobierno, se abordará mediante la ley de asociación público privada, y se contempla que haya una figura del desarrollador del puerto hasta la finalización de los trabajos. En este sentido el asesor presidencial Pedro Buonomo destacó que “la clave es un privado que asuma el riesgo del proyecto, de manera que el país no corra el riesgo de tener infraestructuras que luego no son adecuadas, lo que se llama un elefante blanco”, aludiendo seguramente al boom de la construcción de grandes aeropuertos en España, por mencionar un ejemplo.
A su vez el gobierno chino y el español son los que mostraron mayor interés en invertir en la obra, y según el Poder Ejecutivo, en el mediano plazo la regasificadora que se proyecta instalar en Montevideo deberá estar vinculada al puerto de aguas profundas, mediante un oleoducto.
Debe tenerse presente que el puerto de aguas profundas es un viejo reclamo descentralizador y de desarrollo. Hasta ahora todas las medidas se habían adoptado en función de promover el puerto de Montevideo, pese a sus limitaciones de calado que exige grandes inversiones en dragado e infraestructura y las dificultades que presenta por ser el embudo para la salida de la producción instalado en pleno corazón de la ciudad.
Un puerto de aguas profundas en la costa atlántica es un imperativo de décadas para nuestro país, a efectos de estar en condiciones de competir con los grandes puertos brasileños de la región y vender servicios en condiciones ventajosas, pero hasta ahora el tema no había sido prioritario precisamente para atender los intereses de Montevideo, como también lo fue en su momento el intento --felizmente desechado, por lo menos hasta ahora-- de la construcción del faraónico puente Colonia-Buenos Aires.
Pero no es cuestión de construir un monstruo en la zona atlántica al costo que sea, sobre todo desde el punto de vista medioambiental y del turismo, sino que un emprendimiento de estas características requiere tener especial cuidado y considerar una serie de elementos que hasta hace varias décadas no figuraban en la agenda, dado que el turismo de la zona esteña representa uno de los sectores de mayor ingreso de divisas para el país, y no es cosa fácil compatibilizar la actividad de un gran puerto con un turismo basado en los encantos naturales de la zona.
Para elaborar esta propuesta, el Poder Ejecutivo creó en noviembre de 2011 una comisión interministerial dirigida al estudio de un puerto de aguas profundas con el propósito de analizar su viabilidad y diversas opciones para su instalación, en tanto el 14 de junio último el gobierno aprobó las recomendaciones que la comisión incluyó en el informe remitido al presidente de la República, en base al análisis de aspectos técnicos, ambientales, económicos y legales. Estamos ante una iniciativa largamente esperada por cierto, que por supuesto, de acuerdo a los tiempos tradicionales del Estado, no va a ser ejecutada y tal vez ni siquiera empezada durante la administración del presidente José Mujica, pero por lo menos es un pie de apoyo para buscar los operadores y los financiamientos internacionales imprescindibles para llevarla a cabo.