Proyecto de ley genera
dudas y controversias

Policiales | 06 Jul Cualquiera que tenga en su poder un arma de fuego puede ser penado hasta con seis años de cárcel y ese punto generó dudas, controversias y contradicciones en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, durante la reunión mantenida con el subsecretario del ministerio del Interior, Jorge Vázquez, según la documentación taquigráfica a la que tuvo acceso EL TELEGRAFO.
La comisión parlamentaria citó a Vázquez para que brindara información acerca del proyecto de ley relativo al tráfico ilícito de armas. El subsecretario de la cartera se refirió a los cuestionamientos que observó en la versión taquigráfica.
Una de las primeras dudas que se plantea está vinculada al artículo 2º del proyecto de ley, que establece una pena de 24 meses de prisión a 6 años de penitenciaría. Según Vázquez, “un ejemplo es el caso de un buen ciudadano que por algún motivo tiene en posesión un arma, que está cometiendo un delito porque está incumpliendo una ley, pero está suficientemente claro que no la utilizará con fines delictivos”.
Seguidamente, se refirió a la duda referente a “aquellas personas que puedan tener armas heredadas de sus abuelos o de sus padres. Aquí se plantea el caso concreto de una persona que tenga un Mauser del año 1904 y, respecto a eso, debo decir que las convenciones internacionales consideran armas de fuego a todas aquellas que fueron fabricadas después de 1899 y, por lo tanto, estas estarían comprendidas dentro de las armas que habría que reglamentar”. Luego, también se planteó la situación de las personas que piden armas prestadas para cazar en Semana de Turismo, y respecto al punto Vázquez afirmó que “las armas deben estar registradas y también las personas que las van a utilizar”.
Rosadilla cuestiona
pero acata
Seguidamente, el senador oficialista Luis Rosadilla, integrante de la comisión, planteó otros cuestionamientos a la ley. “Las personas con antecedentes judiciales o policiales, aunque no estuvieran vinculadas a actos de violencia, quedarían comprometidas a una pena que no es menor” señaló, y añadió que “además, cuando esta iniciativa se transforme en ley obligará al juez y este no podrá argumentar que se trata de una buena persona. Quiere decir que, por ejemplo, va ser penada con 24 meses y quedará su antecedente. Incluso, puede tener un antecedente penal o policial no vinculante a ningún tipo de delito, pero sí ver comprometida su libertad por faltas cometidas ante la ley, en cualquier orden”. Pese a sus dudas, aclaró que “obviamente, como soy miembro de un partido y de un sector voy a acompañar lo que allí finalmente se decida”.
Durante la reunión, el subsecretario del ministerio del Interior fue consultado si existe alguna estimación respecto al porcentaje de armas en hogares en Uruguay, a lo que Vázquez afirmó terminantemente: “no cuento con cifras para proporcionar”. Por su parte, el senador colorado Ope Pasquet planteó que no advierte que “esté contemplada la situación de las personas que tienen antecedentes penales, es decir, procesados o condenados. Creo que sería oportuno considerar esa situación, por lo menos a efectos de agravar la pena. Una cosa es que un ciudadano común tenga un arma en su casa y que, simplemente por inadvertencia, se le hayan vencido los plazos para regularizarla y otra es que esté armado un individuo que fue condenado por un delito o que está procesado y ya ha tenido una situación de conflicto con la ley penal”. “En cuanto a la pena, en este artículo 2º se habla de 24 meses, que es excarcelable. Al respecto, la vez pasada expresé que cualquier circunstancia agravante o, eventualmente, la reiteración va a determinar que la pena de penitenciaría por lo menos suba un día y basta con eso para que no sea excarcelable; estamos en el tope de la pena de prisión”.
“Le arruinamos la vida”
Por su parte, el presidente de la comisión, Rafael Michelini, fue también terminante al asegurar que “o se aplica bien la ley y una cantidad de gente que nada tiene que ver con el delito va presa y le arruinamos la vida, o la normativa no se aplica y, por lo tanto, termina cayendo en desuso”. “Hay gente que no va a declarar las armas que tiene en depósito porque son de colección”, advirtió, a la vez que aseguró que “se puede destruir la vida de una persona a la que se aplique este marco legal porque, por hache o por be, tiene un arma”, y dijo que “esa situación puede afectar, por ejemplo, al cónyuge de esa persona que ni siquiera maneja armas”. Otros puntos de vista similares fueron expuestos en la comisión parlamentaria por los legisladores miembro y por otras personas vinculadas al tema, en un controvertido debate al que, en forma paralela a su avance, se suman nuevos cuestionamientos.