escribe el Dr. Rodolfo Canabal

Locales | 10 Jul Hace ya algunos años, en circunstancias en que el responsable de esta columna se encontraba accidentalmente en el exterior, analizó la forma en que desde lejos era visto este país a través de la muy amplia información que allí habitualmente se difunde sobre sucesos y problemas del ámbito internacional, y también sobre la forma en que funcionan las autoridades que ejercen los respectivos gobiernos. Era posible advertir que se reconocía la vigencia de una estructura constitucional que venía de muy lejos en el tiempo, ajustada a un régimen en el cual la democracia era realidad a través de la elección libre de sus gobernantes, y por tanto era también realidad la plena vigencia de las garantías y libertades fundamentales. Y dentro de tal régimen, la prevaleciente buena gestión de las autoridades de los tres poderes fundamentales, en un sistema en el cual funcionaban, respectivamente, con facultades que eran mutuo y eficaz contrapeso, que contribuía a sustentar la plena vigencia de tales garantías.
Tal realidad hoy, en lo sustancial, enfrenta circunstancias que ponen en riesgo que se pierda la deseable eficacia que debe tener el funcionamiento de la autoridad gubernamental.
En efecto, cuando las autoridades de gobierno deben adoptar, sobre asuntos que entran en sus competencias, concretas decisiones, éstas deben llegar una vez que han culminado los respectivos estudios, precedidos de los dictámenes de asesoramiento indispensables, y también, por ser también indispensable, de la pública controversia sobre sus fundamentos entre los diversos sectores, técnicos y políticos, que normalmente existen.
No obstante, la tesitura que las autoridades que ejercen el gobierno han venido adoptando, en fechas recientes, significa alterar mucho lo que se considera habitualmente ajustado a lo más conveniente. Varios hechos así permiten afirmarlo, entre ellos, verbigracia, las quince medidas que en conferencia de prensa el secretario de la Presidencia de la República y los ministros del Interior, de Desarrollo Social y de Defensa Nacional dieron a conocer para combatir la inseguridad, en un documento denominado “Estrategia por la Vida y la Convivencia”.
Es que, en realidad, tales medidas son en lo sustancial meras ideas o proyectos que refieren a temas concretos, como es el caso, por ejemplo, de los siguientes: regulación del contenido y horarios, de los medios de publicidad sobre los hechos de naturaleza policial; agravamiento de las penas sobre corrupción policial y tráfico de pasta base; equipar y mejorar la infraestructura de los espacios públicos para favorecer su uso intensivo y la convivencia; fortalecer las unidades dedicadas a atender a las víctimas en casos de violencia doméstica; mejorar la acción policial; crear un Código de Ética destinado a monitorear ciertos programas televisivos por el INAU; legalización de la venta de marihuana y disponer que su producción esté en manos del Estado.
Nadie obviamente habría de impugnar que desde el gobierno se formulen diversas propuestas para ser analizadas y públicamente discutidas, sin perjuicio de que se pueda coincidir o disentir en la forma en que se deban definir las cuestiones que se sugiera estudiar, o que se proponga aprobar.
Pero no es razonable que desde el gobierno se anuncie la aprobación de determinadas medidas cuando, en realidad, lo que concretamente se ha hecho no es sino el simple lanzamiento de ideas, o de meras iniciativas, insertas en proyectos de leyes, las cuales, obviamente, deberán ser analizadas y discutidas para que, recién cuando obtengan el apoyo de las mayorías parlamentarias indispensables para su aprobación, sean medidas concretas que lograron entrar en vigor.
Volviendo a lo que se señaló al comienzo del presente comentario: analizado tal cúmulo de propuestas por quienes nos observan desde el exterior, no ha podido sin duda ser favorable para el país el concepto que sobre lo propuesto se ha obtenido, en la medida en que, por ejemplo, hasta se afirmó en el exterior, entre otras opiniones, que una de las propuestas (referente al caso de la marihuana) no es compatible con lo que emerge de normas del ámbito internacional.
Es por tanto indispensable que el gobierno nacional altere de modo sustancial la tesitura que en fecha reciente adoptó. Vale decir, que sólo envíe al Poder Legislativo “proyectos de leyes” cuando el debido estudio de los temas concretos le permitan hacerlo con el necesario apoyo técnico; por tanto, que recuerde claramente que una cosa es sugerir o proponer temas para ser analizados y discutidos, y también que es tremendamente riesgoso para la eficacia de su gestión sugerir todos los días alguna “idea nueva”.