INAMOVIBLE

Locales | 09 Jul Aunque fue procesado hace dos meses por la Justicia argentina por los delitos de “ fraude en perjuicio de la administración pública” y “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”, el presidente de la delegación argentina ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), Hernán Darío Orduna, continúa al frente de ésta y presidiendo también las delegaciones de su país en la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) y la Comisión Técnico Mixta del Frente Marítimo.
La continuidad del funcionario del gobierno argentino no sólo fue confirmada por fuentes consultadas por EL TELEGRAFO sino que está reflejada en los sitios web institucionales de los tres organismos en los cuales desempeña actualmente el cargo de vicepresidente.
Orduna es un operador político del peronismo K que jugó su papel durante el conflicto de Botnia y ha sido una figura clave en los obstáculos de Argentina en la realización del dragado del río Uruguay. Además de la CARU, la presidenta Cristina Fernández lo designó para presidir la delegación argentina en la CARP --en la cual recientemente han detonado denuncias de posibles actos de corrupción-- y en la Comisión Técnico Mixta del Frente Marítimo, por lo que tiene decisiva opinión, entre otros temas, en todo lo relacionado con la actividad portuaria de Uruguay.
Hernán Darío Orduna es entrerriano y estuvo relacionado a la gestión pública en la provincia de Entre Ríos desde 1987, de la mano de Jorge Busti. Entre 1987 y 1991 encabezó el Ministerio de Gobierno, Justicia y Educación de la Provincia de Entre Ríos, durante la gobernación de Busti. Entre 1991 y1995 fue vicegobernador de la misma provincia, y de 1999 a 2003 fue presidente Municipal de Concordia. En 2006 pasó a presidir la delegación argentina ante la CARU.
PROCESAMIENTO
A principios de mayo el juez federal Ariel Lijo procesó a un grupo de funcionarios de la Cancillería argentina en el marco de una investigación por supuestos sobreprecios vinculada a una licitación pública en 2010. Según lo informado oportunamente por el Centro de Información Judicial y divulgados por medios argentinos, Lijo dictó procesamiento y embargos contra un grupo de funcionarios de la Cancillería, encabezados por Orduna, quien fue secretario de Coordinación y Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
En el expediente caratulado “Orduna, Hernán Darío y otros s/incumplimiento de los deberes de funcionario público”, el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 4 resolvió dictar el procesamiento sin prisión preventiva de Orduna y otros siete funcionarios de la Cancillería, por considerarlos co-autores penalmente responsable del delito de fraude en perjuicio de la administración pública en concurso ideal con el delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público por el que deberá responder en calidad autor.
El expediente se inició por presuntas irregularidades en una licitación pública convocada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina convocada para la XX Cumbre Iberoamericana, del 1º al 4 de diciembre de 2010. La licitación convocaba a oferentes para la contratación de servicios de tecnología, equipamientos informáticos, audio, video y otros insumos para la realización de la cumbre. Fue obtenida por la firma Punto Baires, y según publicó El Once, “en el proceso de adjudicación se habrían advertido ciertas irregularidades, tales como vinculaciones entre las diversas oferentes para favorecer a la adjudicataria, y el pago de sobreprecios por los insumos utilizados en la cumbre. En ese sentido se habrían llegado a pagar por el alquiler de cada notebook la suma de 6.500 pesos argentinos; siendo que el valor del mercado para su compra se estima en 2.500 pesos argentinos. El valor total de la licitación fue cercano a los 7 millones de pesos argentinos”.
Con el objeto de probar la vinculación entre las firmas oferentes, como así también los sobreprecios que se habrían pagado, el juez ordenó la realización de múltiples allanamientos y medidas probatorias.
LICITACIÓN “TRUCHA”
En la resolución el juez entendió que se simuló una licitación pública y finalmente se demostró que se conformó una maniobra delictiva con el objeto de defraudar a la administración pública. En ese caso fueron imputados el canciller argentino Héctor Timerman --quien firmó la adjudicación-- y otros funcionarios del ministerio y empresarios que participaron de la licitación. Timerman no fue llamado a indagatoria y a partir de la resolución de Lijo, quedó desvinculado de la investigación.
Según publicó el diario argentino Clarín, Lijo señaló que “Timerman confió en el proceso licitatorio llevado a cabo por los funcionarios públicos con intervención de todas las áreas correspondientes y en ningún momento se lo puso en conocimiento de las irregularidades que existían en el expediente licitatorio”. “Mediante esa licitación, por el alquiler de PCs, notebooks, impresoras, fotocopiadoras, pantallas, equipos de sonido y de traducción simultánea el Estado pagó $ 6.000.000 (pesos argentinos) a la firma Punto Baires. En la licitación se presentaron otras empresas que cotizaron por el servicio $ 7.400.000, $ 7.200.000 y 2MGNet que ofreció: $ 3.250.000 . Si bien cotizó casi la mitad de lo que se pagó, la oferta de 2MGNet fue desestimada por cuestiones técnicas que la dejaron afuera del negocio”, agregó el diario. Agregó que el juez explicó que “Timerman adjudicó a Punto Baires la licitación investigada ya que consideró, realmente, que se daban los requisitos para su asignación y ello se debió, justamente, a la simulación de un trámite licitatorio correcto en el que intervinieron todos los funcionarios y áreas a su cargo”. “Lijo estableció que se favoreció a la firma adjudicataria, que las empresas que pusieron precios más altos estaban vinculadas entre sí y que los valores pagados excedían los del mercado. Por eso procesó a Orduna y otros funcionarios de la Cancillería. Para el juez, Orduna consiguió que el canciller Timerman firme la adjudicación”, publicó Clarín.