Opinion | 05 Jul Mientras el gobierno parece dispuesto a frenar reclamos salariales excesivos en el sector público, dentro de la relatividad del término, al mismo tiempo ha formulado similar recomendación para los acuerdos que se suscriban en los Consejos de Salarios que comenzaron a funcionar en las últimas horas. Este es un consejo que no debería caer en saco roto, aunque las señales que provienen de los sindicatos no son las mejores.
El director de Trabajo y Seguridad Social, Eduardo Brenta, declaró a El Observador que aumentos salariales como los de años previos conducirán a que haya empresas que cierren o reduzcan sus operaciones. “Si nosotros no tenemos una política salarial que acompañe este proceso de enlentecimiento económico lo que logramos es que la empresa cierre o achique la plantilla”, afirmó.
El secretario de Estado instó paralelamente a que los convenios salariales sobre la base de la inflación proyectada más un correctivo anual, tengan tres años de vigencia en vez de uno, como una forma de apuntalar la estabilidad laboral.
Una de las primeras reacciones a esta pauta partió de las cámaras empresariales, que en esta oportunidad aplaudieron la sugerencia de cautela del gobierno para firmar aumentos salariales en la ronda de Consejos de Salarios.
El presidente de la Cámara de Comercio y Servicios, Marcelo Lombardi, dijo a propósito de estos lineamientos que comparte “la sugerencia de cautela por el momento de gran incertidumbre mundial, pero también por el claro enlentecimiento de la actividad en Uruguay. Eso nos debe llamar a la cautela y razonabilidad en la ronda salarial”.
Para el directivo de la gremial los aumentos salariales “importantes” alcanzados en la anterior ronda salarial, no serían razonables en la coyuntura actual porque de lo contrario se pagaría con puestos de trabajo los eventuales impactos de la crisis internacional en el ámbito local.
Además de compartir con el gobierno la inclusión de cláusulas de salvaguarda y la decisión de atar parte del crecimiento al desempleo de las empresas, a su juicio en caso de existir convenios con crecimientos excesivos en la próxima ronda, el Poder Ejecutivo debería rechazarlos a la hora de convalidar el acuerdo.
Un matiz significativo con este razonamiento de Lombardi lo tiene el presidente de la Cámara de Industrias, Washington Burghi, quien entendió necesario suscribir convenios salariales a un año y no a tres, como ha sugerido el gobierno, “porque no hay previsibilidad para adelante”, según declaró a El Observador, a la vez de considerar que “no estábamos tan equivocados un mes y medio atrás, cuando dijimos que deberíamos ser cautelosos por lo que pasa en el mundo”.
En cambio, las pautas del Poder Ejecutivo no encontraron ni por asomo un eco favorable en las gremiales de trabajadores, y el coordinador del Pit Cnt, Juan Castillo, por ejemplo, subrayó que “la crisis mundial existe desde hace tres años”, pero mientras tanto siguen las ganancias y el crecimiento de las empresas, por lo que entiende que necesariamente debe estar reflejado en los salarios.
“Jamás nunca los trabajadores vamos a firmar convenios a la baja”, sentenció el dirigente sindical, por si alguien todavía no se dio cuenta de cómo son las negociaciones, sin importar lo que pase en las empresas.
Por cierto que son sensatas las apelaciones del gobierno para la ronda salarial, y resulta fundamental que de una vez los dirigentes sindicales y empresariales den muestras de madurez y realismo, y que de ser necesario el Poder Ejecutivo aplique la autoridad que inviste para arbitrar las diferencias, de forma de no poner en riesgo la mejora en la actividad económica con que nos ha favorecido las condiciones internacionales.
Esta premisa no solo debe aplicarse en el sector privado, sino que el ejemplo debe venir del Estado ante la incertidumbre mundial y aparentemente en esta oportunidad el gobierno parece dispuesto a frenar reclamos excesivos en el sector público a pocos días del envío de la Rendición de Cuentas al Parlamento.
Porque como suele suceder antes de toda negociación, ya se han lanzado conflictos en aras de reclamos salariales, como en el sector de la educación, nada menos que con la exigencia de siete veces más que los recursos adicionales ya asignados por el Poder Ejecutivo.
El problema es que esta no es la primera vez que el gobierno pretende controlar los aumentos salariales. Ya en anteriores oportunidades había pedido a ambas partes que no acuerden demasiado por encima de la inflación, para evitar que ésta se dispare, pero cuando algunos sindicatos “pesados” se hicieron sentir, el “tercer negociador” que es el representante del Ministerio de Trabajo sistemáticamente presionó para que las empresas terminen cediendo. Y paradójicamente, cuando la inflación pareció dispararse, Economía le echó la culpa a las empresas por aumentar por encima de la “sugerencia” del Estado.
Es de esperar que esta vez las cosas se hagan con algo más de seriedad. Sólo así podremos estar preparados para una eventual desaceleración de la economía por motivos externos.