Opinion | 11 Jul A su retorno a Uruguay tras la Cumbre de Mendoza, en la que en un operativo inédito, los presidentes y cancilleres del Mercosur decidieron “suspender” a Paraguay en el Mercosur, y en decisión relámpago, ligada indisolublemente a la otra, aceptar el ingreso de Venezuela como miembro pleno al bloque, tanto el presidente José Mujica como el canciller Luis Almagro trataron de “explicar” el cambio de posición de nuestro país, que votó junto con Brasil y Argentina lo que el canciller dijo horas antes que no iba a hacer.
Mujica subrayó que fue una decisión política, y que en resumen los presidentes “se la jugaron por arriba del moño”, al ordenamiento jurídico del acuerdo, porque servía a los intereses de los tres países que las cosas fueran por este camino.
El canciller, por supuesto, quedó en blanco ante la desautorización del presidente, que descartó la postura lógica de seguir en un todo lo establecido por los estatutos del acuerdo y acomodó el cuerpo a los dictados de los dos grandes socios, Argentina y Brasil, afectando gravemente la escasa seguridad jurídica que le quedaba al bloque.
Sin embargo, pese a desautorizarlo, Mujica reafirmó su confianza en Almagro, al que a juzgar por los hechos poco le importa que se lo desacredite públicamente ni que su palabra valga menos que un trapo, y por lo tanto ni renuncia ni lo cambian.
En fin, el impresentable razonamiento presidencial, sobre todo para un país pequeño como Uruguay --cuya única fortaleza radica en el derecho internacional-- rodeado de grandes que históricamente nos han desconsiderado y avasallado, en el sentido de que lo político prima por sobre lo jurídico, ha caído como un balde de agua fría incluso sobre dirigentes y simpatizantes del gobierno, porque hace trizas aquello de que “dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”, abriendo una puerta hacia una dirección muy peligrosa, tanto fuera de fronteras como en el propio país. Porque de sus declaraciones se desprende claramente que si la ley no le sirve a la política –del partido que tiene las mayorías, obviamente--, cabe entonces pasar por arriba al sistema jurídico y hacer lo que sea necesario, en una versión moderna de que “el fin justifica los medios”.
No es extraño entonces que el propio vicepresidente Danilo Astori, en una columna de Uypress, reafirmase su postura contraria a la asumida por el gobierno de Mujica, manifestando que el ingreso de Venezuela al Mercosur lo considera “negativo para el bloque regional, para Uruguay e incluso para Venezuela”. Argumentó además que “el debilitamiento de la institucionalidad del Mercosur solo favorece a sus adversarios, a los que por razones políticas o ideológicas están en contra del proyecto”.
Mucho más demócrata que el presidente de extracción tupamara, Astori opina que Uruguay es un país que justamente debe hacer valer la institucionalidad en el proceso de integración “no solo por su tamaño, sino por su tradición y su historia. La historia reciente ha demostrado y confirmado mil veces que nos conviene, que la necesitamos”.
Sostuvo asimismo que lo ocurrido en Mendoza, en la última cumbre del Mercosur, “no es la de los mecanismos que nos protegen a todos, y requirieron largas y trabajosas negociaciones. Ahora dependemos de las decisiones de los presidentes de los países”.
Lo peor en este entuerto es que Mujica nunca llamó a Astori para por lo menos informarle qué fue lo que se “cocinó” entre los tres presidentes en la cumbre que hizo cambiar la posición a Uruguay; qué fue lo que se le ofreció –está claro que no es cierto lo que aseguró Mujica, que Uruguay ahora podría realizar acuerdos bilaterales con terceros países por cuenta propia--. No le dijo a la segunda autoridad más importante del país qué fue tan importante como para tirar por la borda los principios y someterse a los designios de los dos grandes y de paso hacerle los mandatos a la Venezuela de Chávez.
Sobre la vergonzosa actitud de los tres presidentes actuales, señala el diario ABC Color, de Paraguay, que el tratado que conformara en 1864 a la Triple Alianza –y que sirviera para que Brasil, Argentina y Uruguay llevasen a cabo la peor masacre en América del Sur en tiempos modernos, para apropiarse de las riquezas del Paraguay en la guerra de 1865-1870—fue mantenido en secreto durante muchos años, y que en su artículo XVII declara perpetua dicha alianza. Según tal razonamiento, “la arbitraria y humillante exclusión de nuestro país del Mercosur” fue decidida por “los presidentes de Argentina, Brasil y Uruguay, herederos de Mitre, Pedro II y Venancio Flores”.
Mucha agua ha corrido bajo los puentes desde entonces, pero como en aquel momento, los poderosos siguen dictando su ley para satisfacer sus intereses, y lo último que debería hacer Uruguay, ante las lecciones de la historia, es seguirles otra vez el juego, para obtener pequeñas ventajas inconfesables hasta ahora.