Locales | 07 Jul Luego de conocida la noticia sobre la denuncia de corrupción presentada por la bancada de ediles del Frente Amplio, uno de los funcionarios implicados iniciará acciones legales, para lo cual lo asesoran los doctores Marcos Levaggi y Juan Lamas.
Este último dijo a EL TELEGRAFO que “uno de los presuntamente denunciados requiere nuestros servicios profesionales para defenderlo en esta instancia. Nos exhibe la publicación del diario EL TELEGRAFO, en la cual con nombre y apellido figuran estos funcionarios que no tienen extremada exposición pública, o sea, realizan su tarea de manera habitual y a pesar de ello, se los menciona con nombre y apellido en la nota periodística por parte de once personas, aparentemente la bancada del Frente Amplio que se trasladó a la sede judicial para elevar a conocimiento de la justicia penal”.
“Afirman según el entrecomillado que existieron hechos de corrupción y algún hecho delictual. Lo que trascendió --porque el expediente tomó estado público en base a la Ley 16.099-- en algunos medios de comunicación, nuestro cliente elevó a conocimiento de la justicia para que dilucide si allí se cometió el delito de difamación e injurias. Más que eso no vamos a manifestar porque queremos respetar la labor de la Justicia que está en plena investigación y etapa presumarial, al igual que la investigación administrativa que está en curso. Mientras no se expidan los órganos que deben hacerlo, nuestro cliente no va a hacer declaraciones y respetará, como siempre lo ha hecho, los fallos judiciales y administrativos porque entiende que no cometió ninguna irregularidad”, prosiguió Lamas.
“Lo que le llamó poderosamente la atención es que en plena feria judicial se pida el levantamiento de esa instancia para que se trate un tema en el cual jamás las dos personas mencionadas se han sustraído a ninguna investigación administrativa y judicial, o sea, no hay riesgo de que no se sometan a lo que el Ministerio Público y Fiscal o el juez pidan en su caso. Están marcando tarjeta, trabajando de forma habitual y van a comparecer en todas las instancias que tengan que hacerlo. No sé cuál es el riesgo que amerite el levantamiento de feria. Lo desconocemos. Lo que llamaba también la atención de nuestro cliente y lo manifestaba, es que debe ser muy voluminosa la denuncia al trasladarse once personas al juzgado y sacarse una foto en el lugar donde se celebran los matrimonios”, dijo.
“Le llamaba la atención la mediatización utilizada para poner en conocimiento hechos de apariencia delictual y me decía que estas personas no actuaron con tanta celeridad frente a hechos concretos en anteriores administraciones como fue el faltante de dinero por todos conocido en la Intendencia, más de 100.000 pesos, que fue un hecho objetivo ocurrido durante la administración Pintos. No se actuó con tanta vehemencia como ahora. No sabemos en qué consiste la denuncia de estos ediles. Como siempre actuamos vamos a mantener la reserva y compareceremos en todas las instancias administrativas o judiciales en que sea citado, pero no va a hacer declaraciones hasta que no se expida la Justicia”.
Agregó que “otra consulta de nuestro cliente es por qué en otras circunstancias y con hechos que causaron alarma social como los casos recientes que involucran a dos enfermeros en Montevideo se preservaba el nombre hasta tanto hubo una dilucidación determinada en el Poder Judicial. Cómo era posible que se pudiesen manejar los nombres de dos funcionarios que no tienen antecedentes negativos en su foja administrativa con tanta liviandad y afirmando categóricamente en una nota periodística que allí había hechos de corrupción y se había cometido un delito”.
“Eso le llamaba la atención, cómo se preservaba los nombres de los enfermeros y cómo la bancada del Frente Amplio ha ventilado a todos los medios de comunicación los nombres de las personas, cuya investigación administrativa apenas está en su génesis.
En la versión periodística, se afirma que hay siete testigos que pueden atestiguar hechos irregulares. Nosotros no vamos a hacer una valoración jurídica sobre el fondo del asunto o lo que presuntamente vayan a hacer los testigos, pero sí nos llama la atención que existan personas que atestigüen en una sede judicial que eventualmente instigaron a un funcionario para obtener un trabajo.
A nosotros nos genera muchas dudas desde el punto de vista jurídico que existan testigos que puedan atestiguar lo que los ediles dicen, pero hasta que no se produzca esa instancia no lo vamos a saber.
Esa es la duda que tiene mi cliente, no conoce a los testigos, rechaza de plano cualquier imputación y desestima haber recibido dinero por parte de ningún trabajador”, puntualizó el abogado.