Paysandú, Sábado 14 de Julio de 2012
Nacionales | 10 Jul El gobierno presentó un proyecto de ley para agilizar el proceso de subasta de aviones de la aerolínea Pluna y de las líneas que operaba, tras la suspensión de su operativa por “insolvencia” financiera la semana pasada. Si bien fue enviado ayer al Parlamento, será votado hoy.
El proyecto tiene como propósito ayudar a que el “concurso de acreedores” que se inició ayer transcurra de “la manera más eficiente y minimizando las pérdidas para todos los actores que están involucrados”, señaló el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, en conferencia de prensa. Con esta ley los plazos de ejecución de las garantías de siete aviones Bombardier CRJ900, que Pluna adquirió con el Estado uruguayo como garante, “se abrevian al máximo”, y de los 120 días de plazo mínimo que marca la ley actual pasan a quedar ejecutadas inmediatamente que se apruebe la ley. El proyecto de ley puede ser aprobado con mayoría simple por el Parlamento.
El Estado se hace “cargo del crédito de 135 millones de dólares” que la empresa solicitó para adquirir los aviones e iniciará un proceso de subasta en un plazo máximo de 60 días, dijo Lorenzo, quien sostuvo que la aspiración del Ejecutivo es recuperar la totalidad del dinero que puso el Estado.
Los otros seis aviones de la compañía fueron adquiridos en un proceso de leasing y sus acreedores son intermediarios financieros internacionales que podrán incorporar las máquinas al paquete que se subasta, si lo consideran positivo para su inversión, amparados en la nueva norma. Para evitar un deterioro de los activos de Pluna, la ley en tratamiento prevé que el gobierno se haga cargo del mantenimiento de los aviones de la compañía. Pluna estaba temporalmente a cargo del Estado desde el 15 de junio, cuando se produjo la salida del socio privado mayoritario Leadgate --poseedor desde 2007 del 75 por ciento de la compañía--, tras su negativa a capitalizar la empresa para mantener su operativa. Las acciones de Leadgate fueron entonces transferidas a un fideicomiso controlado por el Estado uruguayo, dueño del 25 por ciento de la empresa y que anunció que buscaría un nuevo socio.
Pero Lorenzo remarcó que la insuficiencia patrimonial e “insolvencia” de la aerolínea, que según medios locales tiene un pasivo de unos 300 millones de dólares, obligaron al cierre de Pluna. Tras la subasta de los aviones, “el Estado se faculta para negociar con el adquirente, para disponer rápidamente las frecuencias” que Pluna operaba desde Uruguay hacia Argentina, Brasil, Chile y Paraguay.
Hasta ahora, solo Aerolíneas Argentinas ha manifestado su interés púbico en cubrir los vuelos que operaba Pluna, entre ellos un puente aéreo con Buenos Aires que tiene varias salidas diarias. Además, el gobierno negociará con los compradores de los aviones “la incorporación de los trabajadores de Pluna”, que contaba con unos 900 empleados. A su vez, se negociará “la recuperación de deudas de entes públicos que son acreedores de Pluna”, como Ancap, a la que la aerolínea le debía más de 20 millones de dólares.
Por otra parte, la sorpresiva salida del mercado de Pluna, en uno de los períodos de mayor flujo de pasajeros debido a las vacaciones de julio, dejó varadas a unas 10.000 personas. El ministro de Transporte y Obras Públicas, Enrique Pintado, señaló que acelerar el proceso de quiebra busca “recuperar la conectividad del Uruguay”.
Fuera de la Torre Ejecutiva, en simultáneo a la conferencia brindada por Lorenzo y Pintado, unos 300 trabajadores de Pluna protestaban por el cierre de la empresa. “Acá hay que pensar en miles de familias que dependían de forma directa o indirecta” de Pluna, por eso es fundamental “mantener el espíritu de negociación en lo que se refiere a los seguros de desempleo y la creación de una bolsa de trabajo”, señaló César Iroldi, presidente del sindicato de trabajadores de Pluna.
Para Pintado, lo ideal sería que la empresa que gane la subasta de aviones considere atractivo “construir una aerolínea de bandera nacional” o que explote “las líneas” que dejó Pluna, fundada en 1936 por privados y que fue propiedad del Estado entre 1951 y 1995, cuando se asoció con la luego quebrada brasileña Varig.
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