Opinion | 13 Jul Desde que hace un mes el presidente José Mujica y sus ministros lanzaron la idea de que el Estado se encargue en forma exclusiva de la venta de marihuana, una sola cosa ha quedado clara, tras idas y venidas, marchas y contramarchas, contradicciones y “aclaraciones”: el gobierno no tenía ni tiene ningún proyecto serio sobre el tema, más allá de alguna vaga propuesta de algunos de los ministros con su propia teoría sobre el particular.
Quedó evidente entonces que una vez más se trató de una “genialidad” surgida desde el seno del gobierno, como en conversación de boliche, quizás hasta para distraer la atención de tantas cosas importantes que han sucedido. No se consultó previamente a los especialistas y ni siquiera a los grupos directamente involucrados, como para incorporar elementos de juicio valederos y llegar a generar algún proyecto creíble sobre el particular.
Es así que todavía no se ha enviado ningún proyecto al Parlamento y tras haberse descartado en un primer momento incorporar elementos del proyecto de autocultivo ya radicado para su análisis, ahora habría ambiente en el Ejecutivo para incluir el cultivo para uso personal.
En las últimas horas el presidente José Mujica, al referirse al tema, dijo en Soriano que “si el 60 por ciento de la población no entiende la iniciativa nos vamos al mazo”, aunque no aclaró que hasta ahora el gobierno ha sido el único jugador, porque no participó a nadie cuando lanzó las bases medulares de la idea.
La reflexión del mandatario tiene que ver con una encuesta realizada por la consultora Interconsult, de la que surgió que el 60 por ciento de los uruguayos es contrario a esta iniciativa gubernamental, con solo el 36 por ciento a favor.
Evidentemente, más allá de la buena intención de apuntar las miras a combatir el narcotráfico, la administración Mujica ha dado tales muestras de torpeza que incluso en algunos círculos fue considerado un intento para distraer a la opinión pública de temas de real importancia. Pero ello no quita que el debate se haya instalado y se contrapongan argumentaciones de uno y otro lado, por lo que aún en la improvisación surgió algo positivo.
En defensa de la legalización y venta por el Estado se han manifestado los consumidores de la droga y algunos actores sociales y políticos que entienden que permitirá combatir la venta ilegal y que los consumidores caigan en estas redes de la delincuencia.
Puede argumentarse con toda razón, que nadie está obligado a consumir droga, en este caso aun la supuesta “blanda”, como la marihuana, y que si es tan blanda como dicen, ante los problemas para el acceso bien podrían los consumidores abandonarla de un momento a otro para no caer en estas redes. Y si quien aun sostiene que no es adictiva, insiste en abastecerse como sea, bueno, ese es su problema y que se arregle como pueda por su tozudez y búsqueda de su propio mal.
Más allá de este razonamiento popular --que tiene su lógica, por cierto--, es pertinente hacer lo que el gobierno no hizo en esta instancia, es decir recoger la opinión de los especialistas, como es el caso de las sociedades de profesionales que entienden en la materia. Por ejemplo, en las últimas horas la Sociedad de Psiquiatría opinó que es “desaconsejable” la legalización de la marihuana y cuestiona que el Estado envíe señales que confundan a la ciudadanía sobre sus efectos, que pueden llegar a ser “nocivos para la salud pública”.
La Sociedad de Psiquiatría del Uruguay y la Sociedad Uruguaya de Psiquiatría de la Infancia y la Adolescencia no fueron consultadas por los técnicos del gobierno que elaboraron el proyecto de legalización de la marihuana, pese a que consideran –aspecto que compartimos-- que hubiera sido apropiado “ser consultados como colectivo de especialistas en el tema antes de difundir la intención de legalizar dicha droga”, de acuerdo a lo que informa El País.
Los siquiatras concluyen que desde el punto de vista médico es “desaconsejable toda acción que facilite el uso de cannabis”. Además plantean que si desde el Estado se dan “señales” de que su utilización es “inocua o aun positiva”, se “aumenta el riesgo de efectos nocivos para la salud pública”.
Corresponde al menos un análisis profundo de las posibles consecuencias de “legalizar” la marihuana, y no solo desde el punto de vista médico, sino también el social o hasta lo que pueda suceder con respecto al tráfico internacional, donde seguramente cambiaría la situación de Uruguay en el contexto mundial, puesto que tal como ocurre actualmente con Holanda --donde la droga es “tolerada” por el gobierno--, será atractivo usar este pequeño país como lugar de tránsito para llegar a Europa o Norteamérica.