Opinion | 12 Jul De acuerdo a lo manifestado por el presidente José Mujica --al justificar la suspensión de Paraguay al Mercosur y la inmediata admisión de Venezuela al bloque--, la política vale más que el derecho. Este razonamiento parece no ser exclusivo del presidente de nuestro país, y en la vecina orilla hace rato que estas son prácticas comunes. Un caso paradigmático sin duda es el de Hernán Darío Orduna, uno de los todavía --y ahora más que nunca, diríamos-- funcionarios de confianza de la Administración Kirchner, quien fuera procesado hace dos meses por la Justicia argentina por los delitos de “fraude en perjuicio de la administración pública”, y “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”.
Si fuera solo un funcionario más con problemas con la Justicia de la vecina orilla, podríamos manejar el episodio como un caso más de corrupción en el gobierno argentino y por lo tanto solo de resorte y responsabilidad de las instituciones de su país, pero ocurre que el funcionario de marras ejerce funciones en las que está directamente ligado Uruguay y en muchos casos lo bueno o malo que se dé en la relación bilateral depende del talante del citado funcionario.
Orduna es precisamente presidente de la delegación argentina ante la Comisión Administradora del Río Uruguay, (CARU), y ejerce el mismo cargo en la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP), al tiempo que integra la Comisión Técnico Mixta del Frente Marítimo. Pese a los cargos y el proceso judicial en su contra, la Administración Kirchner parece no darse por enterada y el funcionario ha sido ratificado en tales cargos. Orduna es a todas luces un operador político del peronismo que lidera Cristina Fernández, con el subrayado que viene a cuento porque antes lo fue del difunto ex presidente Néstor Kirchner.
En ejercicio de sus funciones en CARU Orduna fue un operador que cumplió un papel fundamental durante el conflicto de Botnia y además cuanta vez ha podido –con singular éxito, lamentablemente-- ha sido un obstáculo para concretar el dragado del río Uruguay, por lo que no solo perjudica a nuestro país, sino también a una amplia región del litoral argentino, algo que es muy notorio en la actual situación del puerto de Concepción del Uruguay.
El premio además para esta forma de “dirigir” lo constituyó el otorgarle similar cargo en la CARP –organismo donde a la vez se han originado denuncias de corrupción en la adjudicación de trabajos de dragado-- y además en la Comisión Técnico Mixta del Frente Marítimo, donde se maneja todo lo relacionado con la actividad portuaria de Uruguay.
Llama poderosamente la atención que Orduna fue procesado, precisamente --junto con otros funcionarios de la Cancillería argentina--, por supuestos sobreprecios en una licitación pública en 2010, como coautor personalmente responsable del delito de fraude en perjuicio de la administración pública en concurso real con el delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público por el que deberá responder en calidad de autor. No es un dato menor en alguien que tiene entre sus funciones controlar los convenios, acuerdos y licitaciones y todo lo referente a aguas limítrofes.
Es decir, que por mucho menos de lo que se acusa y procesa a este funcionario político han debido renunciar a su cargo funcionarios en toda administración pública que más o menos se precie de seria, y ello también ha ocurrido en Uruguay.
Ello da la pauta de que la Administración Kirchner, al designar y mantener en estos altos cargos a un funcionario con cuestionamientos de esta magnitud está indicando claramente que en el relacionamiento bilateral nos tira con lo peor que tiene desde el punto de vista ético, y que pese a los enunciados de buena voluntad y deseos de estrechar lazos fraternales, sigue apostando a la confrontación y a la postergación de los objetivos de integración, como si fuéramos provincia de segunda y a la que de vez en cuando es necesario llamar al orden, para que aprenda.