Opinion | 16 Jul Se fue al mazo, dio marcha atrás, cambió de caballo en el medio del río, no le dio la nafta. Como sea, el presidente José Mujica puso bien alta la vara para animarse al salto alto y prácticamente enterró el proyecto que él mismo había impulsado con fervor y sin rigor técnico, científico ni sanitario: una ley que permitiera controlar la producción y distribución de marihuana, según un registro de inscriptos. Con eso, dijo en primera instancia, seguro se iba a reducir la cantidad de consumidores de pasta base, pues estos iban a correrse hacia el consumo legal de marihuana.
La propuesta rozó el campo de la ficción --pero no de la ciencia-- por disparatada. No tiene fundamento válido y produciría un pasaje seguro de la marihuana distribuida a un mercado negro de consumo con lo cual más consumidores se convertirían en traficantes.
Es claro que una propuesta de este tipo contradice tratados internacionales que prohíben lo que el gobierno propuso y que han sido ratificados por 180 países incluido el Uruguay. Por supuesto que cualquier país tiene derecho a retirar su firma de las Convenciones de 1961, 1971 y 1986. Y a borrarse de la Organización Mundial de la Salud que redacta la lista de sustancias ilegales. Uruguay, entonces, está en pleno derecho de eso.
Pero la cuestión es mucho más profunda y compleja. Si para algo debe servir la globalización es para tomar ejemplos de situaciones ocurridas en otros países y usarlas si son beneficiosas o evitarlas si son perjudiciales Porque si el paraíso de los consumidores, Holanda, hoy endurece sus controles; y si Suiza debió cambiar de idea respecto a la posibilidad de que las estaciones de tren abandonadas sirvieran de centros inyectadores públicos de heroína porque cuando llegaron ya se habían instalado los narcos, obvio es que impulsar el consumo de drogas no es el camino.
Estas posturas de despenalización y de liberalismo, buscan establecer el derecho del consumidor a usar drogas sin establecer si se trata de una acción pública o privada y sin reparar en las consecuencias. Entre esas consecuencias, las enfermedades ligadas al abuso de drogas, un caso particular dentro del campo de la salud, porque afecta valores y conductas sociales.
Mujica le puso el freno, probablemente después de una criteriosa reflexión y de un embale inicial. Y más allá que ahora legisladores juegan al “soy/no soy culpable”, es evidente que el hecho de que la inmensa mayoría de la población esté en contra de esta legalización, fue determinante para la decisión del Presidente. Enhorabuena.