Nacionales | 13 Jul El Senado aprobó el proyecto de ley de liquidación de Pluna, con votos del oficialismo (16 sobre 30). La oposición, tal como lo había anunciado, no acompañó la iniciativa. En este sentido, blancos y los colorados solamente apoyaron los dos últimos artículos, referidos al pago de créditos laborales a los trabajadores de Pluna y el que exonera de responsabilidad a los directores de la aerolínea que asumieron tras la ruptura entre Pluna y Leadgate.
La discusión parlamentaria sobre el proyecto de ley de liquidación de Pluna, que duró más de diez horas, vivió momentos cargados de tensión. Uno de estos fue cuando el senador colorado Pedro Bordaberry criticó que el abogado de Matías Campiani redactó el proyecto de ley. Allí, los trabajadores de Pluna ubicados en las barras estallaron en un aplauso. Sin embargo, no fueron desalojados por la senadora Lucía Topolansky como indica el reglamento de la cámara. Por su parte, el frenteamplista Rafael Michelini defendió al abogado Ricardo Olivera al afirmar: “No me consta que haya firmado ese supuesto despido de Campiani”.
Así, se refería a tres millones de pesos que, según el senador nacionalista Carlos Moreira, cobró Campiani, mientras 900 trabajadores y miles de pasajeros siguen esperando su indemnización. Moreira señaló que los ministros de Economía y de Transporte, Fernando Lorenzo y Enrique Pintado, le expresaron en la Comisión de Transporte que desconocían el despido. “Ahora Campiani no le gusta a nadie. Es el lobo feroz que se llevó todo ¿Pero quién lo permitió? ¡Hay responsabilidades!”, aseguró Moreira. Desde su lugar, el senador nacionalista Jorge Larrañaga dijo que los ministros generaron “una alarma pública” con los juicios millonarios que enfrentaba Pluna. “Nos dejaron un agujero por el cual vemos Japón. Este gobierno le pagó a Campiani para que viniera y le pagó para que se vaya”, indicó. Además, preguntó dónde están Tabaré Vázquez, Víctor Rossi y Jorge Lepra, también responsables políticos de la quiebra de la aerolínea. “Están desaparecidos”, puntualizó.
En tanto Michelini defendió la decisión del Poder Ejecutivo: “Algo ocurrió para que el gobierno, queriendo que Pluna siguiera volando, tomara esta decisión”. Asimismo, expresó que las cuentas de la empresa estaban embargadas desde el 25 de junio en Brasil y le pidió a Bordaberry que tenga esto en cuenta. No obstante, el senador nacionalista Sergio Abreu le respondió, diciendo que es “inconsistente” ese argumento para justificar el cierre.
HABRÁ COMISIÓN INVESTIGADORA
En la sesión de ayer también se trató la conformación de una comisión investigadora. El senador colorado Tabaré Viera fue quien realizó la solicitud, que tiene como fin evaluar la gestión tanto del gobierno como de Leadgate, el socio privado de Pluna. Aunque el oficialismo no se opone a la idea, pretende que se acuerde investigar los negocios de Pluna a partir de 1995, año en la cual la aerolínea se asoció con la brasileña Varig, según informó el sitio web de El Observador. En esta línea, se debería investigar lo ocurrido con Pluna bajo los mandatos de los presidentes Julio María Sanguinetti (1995-2000), Jorge Batlle (2000-2005), Tabaré Vázquez (2005-2010) y José Mujica.
Ayer quedó conformada una pre investigadora, que evaluará si convoca a una comisión investigadora y el año hasta el cual se investigará: 1995 o 2007, año en que se produjo la asociación entre Pluna y Leadgate.
LA CONFLICTIVIDAD LABORAL AUMENTÓ
El informe de conflictividad laboral emitido por el Instituto de Relaciones Laborales de la Universidad Católica, y publicado por El País Digital, señala que “en el primer semestre de 2012 la conflictividad laboral fue un 70% más alta que en igual período del año anterior”. También fue superior a la registrada en 2010, pero menor que la de los años 2006 a 2009.
El 57% de la conflictividad fue dentro del sector público y las causas principales fueron reclamos por las condiciones de trabajo (52%) y el aumento de los salarios (40%). “Entre el 1° de enero y el 30 de junio, se registraron 64 conflictos”, indica el informe. Al respecto, estos “implicaron paros a nivel de empresa o rama ya que no hubo ningún paro general”. De los conflictos, 11 fueron ocupaciones --“cifra relativamente promedio”-- que significaron la pérdida de 338.750 jornadas laborales.
En cuanto a los meses de mayor conflictividad, el informe establece que fueron marzo y junio. En marzo hubo dos paros por muertes de trabajadores de la construcción, un paro del Sunca y la Untmra, y paros de los liceos de Montevideo “por las malas condiciones edilicias”. En tanto en junio el motivo principal “fueron las reivindicaciones salariales de cara a la Rendición de Cuentas”. En este mes los conflictos tuvieron lugar en su mayoría en el ámbito de la educación y hubo un paro de todos los trabajadores de COFE.
En otro orden, el estudio informa que la actividad económica durante el primer trimestre de 2012 fue un 4,2% mayor a la de los mismos tres meses de 2011. En el mercado laboral, las cifras también son “positivas”, ya que se mantuvieron la tasa de actividad y el empleo y, si bien se registró un aumento en mayo, el desempleo fue menor desde enero hasta mayo de 2012 que en el mismo período de 2011.
Asimismo, el informe señala que algunos sectores, como el de vestimenta, gráficos y curtiembres, sufrieron una baja en su actividad y aumentaron sus problemas de empleo. Indica además que “algunas empresas ya se ampararon en el régimen” de seguro de paro parcial, decreto aprobado en abril. El estudio también menciona el cierre de Pluna como un hecho que “sin duda puede transformarse en un conflicto de relevancia”. No obstante, se afirma que, sin contar esa situación, “no es previsible que la conflictividad aumente más allá de los niveles actuales, al menos por las causas tradicionales”.
EL CASO CASAL-DGI IRÍA A LA JUSTICIA
Luego de recibir los informes técnicos que exponen eventuales “errores” en perjuicio de Francisco Casal, la Presidencia evalúa enviar a la Justicia el caso que enfrenta el empresario deportivo con la Dirección General de Impositiva (DGI), informó el semanario Búsqueda.
Según el medio de prensa, el Ministerio de Economía obtuvo informes que “contradice los dictámenes emitidos oportunamente que habían llevado a la DGI a formular denuncias ante la Justicia y a obtener de la Justicia determinadas interdicciones sobre empresas del grupo”. De esta manera, “cabe la posibilidad que las actuaciones”, llevadas adelante desde 2002, “hubieran tenido errores”. Por tanto, explicó la publicación, la Presidencia quiere acudir a una institución “objetiva e imparcial” para que determine lo realmente sucedido y “si hubo errores y de quién es la responsabilidad”. Casal y la DGI mantienen desde hace diez años una diferencia sobre el pago de impuestos. El organismo regulador sostiene que el empresario, por concepto de impuestos sobre transferencia de futbolistas al exterior, Impuesto al Patrimonio e Impuesto a la Renta de las Actividades Empresariales, debe al Estado unos 100 millones de dólares. Sin embargo, Casal lo niega.