Rurales | 22 Jul Raúl Oxandabarat, máximo vocero de la Suprema Corte de Justicia, sostuvo que hasta el momento hay en trámite 15 recursos de inconstitucionalidad contra la ley que creó el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR).
La mayoría de las acciones en trámite son patrocinadas por el abogado constitucionalista y ex vicepresidente Gonzalo Aguirre. En una de las primeras acciones que se presentó meses atrás, el fiscal de Corte, Jorge Díaz, opinó que el tributo es constitucional. De todos modos, esa posición no es preceptiva para los ministros de la SCJ.
El ICIR, que fue votado en el Parlamento a fines de 2011 solamente con los votos del Frente Amplio, grava en U$S 8 por hectárea a las extensiones de entre 2.000 y 5.000 hectáreas Coneat 100, en U$S 12 a las extensiones entre 5.000 y 10.000 hectáreas y con U$S 16 a las extensiones superiores a las 10.000 hectáreas.
Se estima que el ICIR alcanza a unas 1.200 empresas rurales de un total de 47.300, que poseen un 36% de la superficie productiva del país.
El gobierno prevé que el impuesto recaudará unos U$S 60 millones anuales que serán destinados a reparar caminería rural. De todos modos, el polémico tributo todavía no se está cobrando, ya que la ley no fue reglamentada por el Poder Ejecutivo. La Federación Rural y la Asociación Rural, las dos principales gremiales agropecuarias, están convocando a los productores a reclamar la inconstitucionalidad del tributo ante la SCJ. El presidente de la Federación Rural, Miguel Sanguinetti, dijo a El País que “el movimiento” de productores interesados en recurrir el ICIR “es grande”.
“Estimamos que serán entre 80 y 100 recursos y creo que vamos a andar por esa cifra. Hay un movimiento muy grande de gente que se está asesorando”, manifestó el dirigente.