OPINIONES

Locales | 19 Jul Me equivoqué
Si alguien afirma que asumir sus errores no le cuesta ningún esfuerzo, o miente o no tiene amor propio. A mí me cuesta y mucho. He seguido con mucha atención y tensión toda la situación que se vive en torno a Pluna y quiero asumir plena y totalmente mi responsabilidad: me equivoqué.
Respaldo y comparto totalmente las resoluciones adoptadas por parte del gobierno y, en particular, por mis compañeros el presidente José Mujica y los ministros Enrique Pintado y Fernando Lorenzo. Es la única salida que preserva los intereses nacionales. Sé de las tensiones y preocupaciones que tuvieron que afrontar por los trabajadores, por los pasajeros perjudicados, por los acreedores de la empresa, pero lo principal era evitar nuevas y mayores pérdidas para el país.
Tengo la más absoluta convicción de que se trabajó con seriedad y con profesionalismo, buscando asegurar la conexión aérea necesaria para el país, que es fundamental para el turismo, para el desarrollo nacional, para la ocupación de los trabajadores afectados y para minimizar los daños que sufrieron los pasajeros que no pudieron hacer efectivos sus viajes. Todo se está haciendo, además, de la manera más transparente, respetando las leyes y fortaleciendo la imagen del país.
Cuando podamos hacer un balance sereno, que incluya la consideración de toda la historia de Pluna, la comparación de esta situación con otras que se vivieron en el pasado, y la experiencia internacional que nos muestra 56 compañías aéreas quebradas durante los últimos cinco años, estaremos en condiciones de extraer conclusiones serias, rigurosas y constructivas, en línea con el interés nacional. Ahora, había que buscar y encontrar soluciones urgentes. Fue lo que se hizo y se sigue haciendo.
Vuelvo al principio: me equivoqué. El error fue el de buscar denodadamente una salida para Pluna que, al tiempo de permitirle sobrevivir --y en el mejor de los casos expandirse--, terminara de una vez por todas con el permanente drenaje de recursos públicos destinados a financiar sus malos resultados. Recordemos que corría el año 2007 y Pluna estaba en manos del Estado, con cuatro aviones 737-200 desvencijados y al borde de su vida útil. Las pérdidas mensuales alcanzaban a los 2 millones de dólares.
La empresa estaba vaciada y fundida. Era la herencia que nos dejó Varig, luego de una desastrosa gestión que había comenzado en 1995. Las decenas de millones que perdimos en ese período y que pagamos todos los uruguayos, tienen sus responsables. ¿Alguien asumió sus responsabilidades? El gobierno buscó una salida pensando en el interés nacional y lo hizo con una perspectiva de Estado. ¿Todos actuaron de esa manera?
Se llegó a poner en duda la importancia de los reclamos a los que quedó expuesto el país en este tramo final de la experiencia de Pluna y se polemizó al respecto. Todos sabemos perfectamente que lo peor que le puede pasar a una empresa, o incluso a una familia, es tener sobre su cabeza la espada de una deuda indeterminada y creciente. Y eso es, precisamente, lo que nos quedó de la sociedad entre Pluna y Varig. Los gobiernos del Frente Amplio no tienen ninguna responsabilidad con respecto a esta desgraciada experiencia. ¿Alguien asumirá alguna culpa por haberle entregado Pluna a Varig, cuando esta empresa ya estaba en serias dificultades y cuando ni siquiera fue la ganadora de la convocatoria del año 1994?
Asumo mi responsabilidad, pero agrego que era difícil para el primer gobierno de izquierda afrontar la dura alternativa que teníamos en 2007: cerrar Pluna o seguir quemando decenas de millones de dólares al año, con gestión estatal, cuando recién estábamos saliendo de la peor crisis de nuestra historia contemporánea. El hecho de que se presentara en definitiva, un solo interesado y tuviéramos que decidir a partir de un único plan de negocios, lejos de atenuar las dificultades de la decisión, las potenciaba. No es una justificación, es la descripción de la situación.
La gestión de Leadgate no fue la que el país esperaba y necesitaba. El análisis y la evaluación de esa gestión están hoy en discusión y, a partir de una información detallada y rigurosa acerca de sus actividades, cada uno podrá sacar sus propias conclusiones.
Ojalá seamos capaces de asumir una actitud ecuánime, criticando todo lo negativo, pero reconociendo también los aspectos positivos, el más importante de los cuales ha sido -sin dudas-- el de haber concebido una estrategia de tránsito y distribución a escala regional que es la que más conviene al país.
Una flota de modernas aeronaves, una cantidad de destinos y frecuencias y un volumen de pasajeros como nunca había tenido Pluna en su larga y turbulenta historia, completan la lista de activos a tener en cuenta al hacer el correspondiente balance.
Sobre sospechas y acusaciones acerca de eventuales irregularidades sólo hay un camino a transitar: elevar a la justicia todos los antecedentes relativos a las sociedades de Pluna con Varig y Leadgate. No acostumbro acusar sin pruebas. No lo hice con nadie y no lo haré en esta oportunidad. Tengo el mayor deseo de que se investigue. Por el país, por la gente y porque no tenemos nada que ocultar. Pero cuidemos el honor de las personas. En cuanto al debate sobre este tema que está en curso, también he reflexionado bastante. Los gobiernos, los gobernantes, los políticos, la sociedad en su conjunto, se ponen a prueba en los momentos de crisis. Y ésta es una crisis y como tal la asumo.
Sobre mis compañeros, encabezados por el presidente Mujica y los ministros Pintado y Lorenzo, quiero decir que me enorgullece compartir con ellos la tarea de gobernar y de hacer política. Podrían haber especulado, dejando pasar el tiempo sin asumir riesgos, y esperando que los procesos judiciales, así como la precipitación de las explosivas situaciones planteadas, hicieran lo suyo. Pero eligieron otro camino, y lo comparto plenamente. Establecieron claramente las prioridades, se jugaron con dolor y con sensibilidad y elaboraron una propuesta coherente con el interés nacional. También subrayo mi total apoyo a la capacidad de diálogo que tuvo el gobierno en sus presentaciones en el Parlamento, incorporando aportes de diversos legisladores, oficialistas y de la oposición.
Tengo confianza que también en este tema saldremos adelante y que el tiempo nos permitirá hacer un balance correcto de lo ocurrido, incluso de los errores cometidos. El debate también expone y desnuda muchas cosas. Comparto que el gobierno no haya salido a cobrar cuentas sobre el pasado, aunque una vez más se demuestra que el pasado siempre vuelve. La oposición decidió sacar réditos, olvidando absolutamente sus responsabilidades y llevando el debate a niveles difíciles de calificar. Cuando la política alcanza ciertos niveles de ferocidad, nos pone ante la alternativa de asquearnos y apartarnos, que es lo que –lamentablemente-- hace mucha gente, o bien contribuir con serenidad a mejorar la seriedad, la calidad y el respeto con los que hay que encarar esta actividad superior de los seres humanos. Yo elijo este camino.
El debate sobre ideas, así como sobre la dura, compleja y extraordinaria tarea de gobernar, de hacer política, y de llenar de sentido social y humano a esta última, debería ser una tarea de todos. En primer lugar, de la izquierda. Vicepresidente Danilo Astori

SOLICITADA
Sr. Director de EL TELEGRAFO:
Por la presente me dirijo a usted para ponerlo en conocimiento de una decisión personal que he tomado con mucha determinación y que luego de un sinnúmero de inconvenientes pude llevar a cabo.
Mi deseo es que toda la población se entere que se puede donar todo el cuerpo con fines de estudio a la Facultad de Medicina. No estoy hablando de la donación de órganos, sino de todo el cuerpo.
Esta decisión la tomé hace 34 años y la tengo certificada, pero necesitaba saber dónde podía hacer estos trámites en la ciudad de Paysandú. Mi periplo incluyó consultas en el Hospital Escuela del Litoral, Comepa, cocherías, una abogada y todos decían que yo hablaba de donación de órganos y no de cuerpo, cuando el certificado decía claramente mi voluntad de donar totalmente mi cuerpo.
Finalmente consigo el teléfono de la Facultad de Medicina, con un profesor Grado 5 quien me explicó los pasos a dar. Por tal motivo concurro a Montevideo hacer estos trámites a la sección de Anatomía Patológica. Luego de enviar mi deseo al decano de la facultad, Fernando Tomassina, este me contesta muy amablemente y firma la orden de mi petición.
Mi interés es que la gente sepa de esta posibilidad. Para la donación de órganos hay un tope de edad y dependiendo las causas de la muerte se determina si es posible o no utilizar los órganos, pero en este caso estos factores no tienen nada que ver, ya que el cuerpo se utilizará para fines educativos.
Esta decisión deberá respetarla la cochería correspondiente y de la misma manera toda la familia.
Vuelvo a recalcar que es mi deseo, a los 78 años de edad, que mi cuerpo sea estudiado con fines educativos y que la población sepa que es una práctica que está amparada en nuestro país pero que se desconoce prácticamente.
Sin más por el momento y agradeciendo el espacio que me brinda en su publicación quedo a sus gratas órdenes. Sonnia

RECIBIMOS Y PUBLICAMOS
No a la investigadora, grave decisión
del Frente Amplio
El Frente Amplio resolvió no habilitar la creación de una Comisión Investigadora Parlamentaria con respecto al proceso que culminó con la liquidación de Pluna. Si una situación como la de Pluna no amerita la creación de una Comisión Investigadora en el Parlamento, ya no sabemos qué es lo que tiene que pasar en este país para que se investigue.
Porque es una postura engañosa la de aquellos dirigentes frentistas que pretenden hacer creer a la opinión pública que ellos van más allá al enviar todos los antecedentes a la Justicia. En primer lugar porque los antecedentes ya están en la Justicia en virtud de que los legisladores del Partido Nacional presentaron la denuncia penal hace algunas semanas; pero además en segundo lugar porque se pretende mezclar o confundir las finalidades de ambos tipos de indagatorias.
En efecto, la investigación judicial tiene por objeto determinar la comisión de delitos o detectar conductas ilícitas que se tipifican como delitos. Por lo tanto, para el Poder Judicial la indagatoria se dirigirá a establecer si ha habido violación de normas penales. Además los sujetos de esa indagatoria serán todos los que formaron parte de aquellos hechos que puedan tener apariencia delictiva, sean o no funcionarios públicos.
Por el contrario, la investigación parlamentaria no tiene potestades para determinar la existencia de delitos, pero puede realizar una evaluación sobre la existencia de responsabilidades políticas y administrativas por parte de aquellos funcionarios públicos que actuaron. En efecto, el hecho de que ciertas conductas no configuren delitos no significa que sean conductas diligentes o que hayan cumplido con el deber de buena administración.
Por ejemplo, haber decidido que el Estado saliera de garantía de la compra de aviones por parte de Pluna S.A. cuando en esta empresa el Estado era el accionista minoritario, no tiene por qué ser un delito, pero es muy probable que sea un caso de mala administración.
Justamente, las investigaciones parlamentarias tienen un objetivo de evaluación de las conductas políticas y administrativas de los jerarcas públicos. Además las Comisiones Investigadoras pueden resolver enviar las actuaciones a la Justicia, pero su cometido principal consiste en controlar al poder administrador.
Por otra parte, el Frente Amplio, junto con nosotros, en las épocas de oposición, impulsó numerosas y variadas Comisiones Investigadoras sobre diferentes asuntos que, durante los gobiernos de blancos y colorados, se evaluaban como sospechosos de irregularidades.
En varios casos contaron con el voto favorable de uno o de ambos partidos tradicionales. Durante el período en que me tocó estar en la Cámara de Diputados participé de dos Comisiones Investigadoras, una sobre la crisis financiera y bancaria y otra, como miembro denunciante, sobre las actividades de la Corporación Nacional para el Desarrollo. Ambas fueron aprobadas en el Parlamento; a pesar de que el Frente Amplio y el Partido Independiente no teníamos mayoría para que se crearan, en ambos casos los partidos tradicionales (uno o ambos) habilitaron su funcionamiento.
Sin embargo, ahora que el Frente Amplio está del otro lado del mostrador y, lamentablemente, cuenta con mayoría parlamentaria propia, ha decidido bloquear y neutralizar uno de los principales instrumentos con los que cuenta el sistema institucional uruguayo para controlar al poder administrador.
Es muy grave la decisión que acaba de tomar el Frente Amplio. Es una decisión que quiebra una tradición que ese partido había mantenido históricamente, reivindicando el derecho del Parlamento a controlar las actuaciones del Poder Ejecutivo.
La larga etapa de mayoría parlamentaria frenteamplista está dañando el funcionamiento institucional de este país; porque esta mayoría funciona con los “yesos” capaces de revertir, incluso, las afirmaciones convencidas de muchos legisladores frentistas que habían asegurado que acompañarían la creación de una Comisión Investigadora en este caso. La mayoría regimentada del partido de gobierno ha decidido quitar toda potestad al Parlamento. Ya ha cumplido una labor destructora con respecto a los “llamados a Sala” o “interpelaciones” que se han convertido en ejercicios vacíos, sin ningún resultado, con independencia de la solidez de los argumentos o de la existencia de evidencias o pruebas que se presenten.
También se ha horadado la significación de los “pedidos de informes” de los parlamentarios que, en muchísimos casos, “duermen el sueño eterno”.
Ahora también se desarma al Parlamento de otro instrumento de control, nada menos que la posibilidad de investigar las actuaciones de la Administración. Se recorre el camino de instaurar un hiper Presidencialismo de hecho, por la vía de hacer uso y abuso de las mayorías parlamentarias absolutas. La ciudadanía debe tomar debida cuenta de estos hechos y evaluar críticamente la eventualidad de otorgar al partido de gobierno el poder mayoritario de la representación ciudadana en futuras instancias electorales. Particularmente, en el caso de Pluna la reacción del partido de gobierno ha sido la de “barrer debajo de la alfombra” y mirar para otro lado. Un paso más que provoca la justa decepción y crítica de muchos ciudadanos que pensaron que el Frente Amplio, como partido de izquierda, era otra cosa. Curiosamente cada vez se parece más en sus reacciones y conductas a aquellos partidos que combatieron y derrotaron, hace ya tiempo, en las urnas. Han perdido toda credibilidad por su forma de actuar y legitimidad para reclamar ser diferentes que lo que se supone, vinieron a sustituir. Un grave e irreversible paso en falso. Pablo Mieres, Partido Independiente