Opinion | 19 Jul Definitivamente no habrá comisión parlamentaria que investigue el caso Pluna, la que tendría un significado muy diferente al que pueda surgir de la investigación judicial de un tema en el que no solo están en juego eventuales responsabilidades penales, sino que son ineludibles las políticas. Precisamente estas últimas corresponderían ser dilucidadas en una investigación parlamentaria para un tema muy complejo, de muchas puntas, en una negociación que trasciende al actual gobierno y fuera llevada a cabo enteramente por la cúpula de gobierno de Tabaré Vázquez.
El punto es que más allá de las responsabilidades penales que pudiese –o no—determinar la Justicia, los uruguayos hemos sido víctimas de un negocio ruinoso y debemos seguir poniendo de nuestros bolsillos decenas y centenares de millones de dólares para enjugar las pérdidas, como hemos hecho con las de otros organismos del Estado, por defender el “patrimonio” (¿?) nacional.
En las últimas horas el ex presidente Tabaré Vázquez y su ex ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, reconocieron haberse equivocado en esta decisión de gobierno que le provocó importantes perjuicios a las finanzas del país.
El actual vicepresidente Danilo Astori en una carta pública titulada “Me equivoqué” (que hoy publicamos) concedió que fue un error la asociación de Pluna con Leadgate, pero sostuvo que como ministro de Economía de entonces, impulsó el acuerdo buscando “denodadamente” una salida que le permitiera “sobrevivir” a la empresa uruguaya. En su carta, Astori dice que no fue fácil presentar excusas ante la opinión pública. “Si alguien afirma que asumir sus errores no le cuesta ningún esfuerzo, o miente o no tiene amor propio. A mí me cuesta y mucho. He seguido con mucha atención y tensión toda la situación que se vive en torno a Pluna y quiero asumir plena y totalmente mi responsabilidad: me equivoqué”, escribió el vicepresidente, al tiempo de respaldar la liquidación resuelta por el actual Poder Ejecutivo.
“Tengo la más absoluta convicción de que se trabajó con seriedad y con profesionalismo, buscando asegurar la conexión aérea necesaria para el país, que es fundamental para el turismo, para el desarrollo nacional, para la ocupación de los trabajadores afectados y para minimizar los daños que sufrieron los pasajeros que no pudieron hacer efectivos sus viajes. Todo se está haciendo, además, de la manera más transparente, respetando las leyes y fortaleciendo la imagen del país”, sostuvo. Sin embargo en cierta forma justificó los errores cometidos por la necesidad urgente de aquél momento de solucionar los problemas en que se encontraba la compañía por haber sido mal vendida a la aerolínea brasilera Varig durante el gobierno del nacionalista Luis Alberto Lacalle.
“Recordemos que corría el año 2007 y Pluna estaba en manos del Estado, con cuatro aviones 737-200 desvencijados y al borde de su vida útil. Las pérdidas mensuales alcanzaban a los 2 millones de dólares. La empresa estaba vaciada y fundida. Era la herencia que nos dejó Varig, luego de una desastrosa gestión que había comenzado en 1995. (...) La oposición decidió sacar réditos, olvidando absolutamente sus responsabilidades y llevando el debate a niveles difíciles de calificar”, dijo.
Compartimos con el vicepresidente el hecho de que Pluna era una piedra en el zapato para el gobierno de Tabaré Vázquez, y que probablemente el negocio que se hiciera en 1995 en la venta a Varig fue también desastroso, donde el Estado mantenía el 49% de las acciones, la aerolínea brasilera tenía el 50% mientras el 1% restante estaba en manos de capitales privados uruguayos.
También creemos que corresponde entonces analizar cuáles son los verdaderos culpables para llegar a este estado de las cosas, y es en ese punto donde seguramente terminan las coincidencias. Porque el problema de Pluna no comienza con la venta a Varig, sino mucho antes, cuando se pretendió “privatizarla” completamente pero debido a la fuerte presión de algunos grupos todo quedó a medias.
Cabe recordar que a principios de los años 90 el Frente Amplio cerró filas en torno del movimiento sindical --sobre todo de los funcionarios públicos--, al promover el plebiscito contra la Ley de Empresas Públicas, para evitar operaciones de transferencia, venta parcial o concesión de empresas del Estado; lo que surgió con Pluna es parte de lo poco que se salvó de aquel movimiento “anti privatizaciones” que sólo sirvió para caer en algo peor, que es una asociación donde el Estado es minoría. Lo que hizo en 2006 el propio Frente Amplio fue aún más suicida, al salir de garantía por una empresa de la que apenas poseía un 25% del paquete accionario.
Así y todo, aún hay algunos legisladores oficialistas que parecen estar en otro mundo, y están “analizando” la delirante propuesta del Pit Cnt para re estatizar Pluna.