No hay apoyo del gobierno

Locales | 25 Jul La ex directora del Consejo Ejecutivo de la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP), Sonia Sena renunció por falta de apoyo, recursos y potestades para implementar la Ley de Acceso a la Información Pública, lo que constituye una señal preocupante de que se está debilitando el cumplimiento del derecho a la información, según dice un comunicado oficial del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo). También denuncia que hay “una gran cantidad de casos en los que los organismos públicos declaran reservada información o no contestan a los ciudadanos, obligando a estos a recurrir a la Justicia con los costos y las demoras que implica para el ejercicio del derecho a la información”.
Está “desintegrada”
Desde hace dos meses la Unidad de Acceso a la Información (que no tiene presupuesto propio) “se encuentra desintegrada y no se conocen las bases del proceso de selección de un nuevo integrante del Consejo Ejecutivo de dicha unidad”. Agrega que “los cargos en el Consejo Ejecutivo de la Unidad de Acceso a la Información Pública siguen siendo honorarios, lo que hace imposible trabajar full time en la diseminación y cumplimiento de la política de transparencia a lo largo de todo el Estado y puede volver a la política de acceso a la información una mera simulación. Preocupa en este sentido que la Rendición de Cuentas no incluya ningún tipo de recurso para fortalecer a la ya diezmada UAIP”. (el Presupuesto global de Agesic es de $ 338.129.267, pero no se discriminan partidas para esta Unidad) Cainfo recuerda que el 31 de julio se vence el plazo que le dio la ley (ya extendido una vez por la Ley de Presupuesto) a los organismos para presentar la lista de información declarada reservada y darla a conocimiento público.
Casos de ocultamiento
En ese sentido en las últimas horas se conoció una lista de información clasificada como reservada y otra como confidencial de la Auditoría Interna de la Nación que en muchos casos es totalmente contraria al principio de máxima divulgación establecido por la ley de acceso a la información. Al barrer declara confidencial toda la información de Pluna y el casino Conrad, que funcionan con licencias estatales, y en el primer caso es ya un negocio fallido que está costando millones de dólares a los fondos públicos. Más inverosímil aún parece la declaración de confidencialidad de las retribuciones de los funcionarios de la AIN, que por obligación de la misma ley de acceso a la información que se invoca deben publicarse en la web del organismo. Por otro lado el gobierno adhirió a la iniciativa para un gobierno abierto, que implica enormes compromisos asumidos con la transparencia, la publicación de bases de datos en forma proactiva, el acceso a la información y la participación.