Rurales | 25 Jul Las autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) cesaron a 7.737 números de Dicose y comenzaron a interdictar a 11.187 --sobre un total de 52.000 registrados-- porque desde 2009 hasta la fecha no cumplían con la Declaración Jurada de la Dirección de Contralor y Semovientes (Dicose), como establece la legislación vigente, para lo cual ya enviaron un listado a las gremiales y Jefaturas del Interior.
Un Dicose dado de baja o inhabilitado en el Sistema Nacional de Información Ganadera (SNIG) no puede hacer operaciones de ningún tipo (ni compra-venta de ganado ni movimientos ni embarques).
Los 7.737 productores fueron cesados el jueves 19 y la secretaría de Estado analizaba el problema desde octubre de 2011, luego de recibir de manos de Dicose la cantidad de incumplimientos que había. El estudio del problema fue retomado el pasado marzo, con la meta de llegar a la presente Declaración Jurada Anual con el sistema saneado.
La doctora María Nela González, directora del SNIG, manifestó que “el sistema está alertando con luces rojas sobre la cantidad de Dicose que están en incumplimiento de la normativa vigente. Una vez conocido el número de empresas que no hacen la declaración jurada desde hace tres años, las autoridades toman conocimiento y deciden la restricción”.
La jerarca explicó que los Dicose afectados realizan movimientos, transacciones y solicitan caravanas al Sistema Nacional de Identificación y Registro Animal (SIRA), “pero están en incumplimiento. No hay un error informático, los datos están en el sistema, no son datos inventados”.
La declaración jurada es un trámite que no tiene costo para el productor y está establecida por ley. González aseguró a El País que cuando se analizó el problema, se contemplaron algunas situaciones. Es el caso de “números de Dicose que son tenedores de tierras y tienen ajenos dentro del establecimiento. No podemos perjudicar a los que sí hicieron la declaración jurada en tiempo y forma, pero que están dentro de un predio que muestra incumplimiento”.
También se dan casos de razones sociales que tienen más de un número de Dicose. En este caso, González aclaró que “no se está inhabilitando a la razón social, sino a un determinado número de Dicose”.
Por otro lado, los productores interdictados tienen la opción de presentar toda la documentación para regularizar su situación.
Caravanas sin colocar
Los predios interdictados quedan también inhabilitados para retirar caravanas para identificar su ganado y registrarlo en el SIRA.
Preocupa mucho a las autoridades del MGAP que hay casi 2 millones de identificadores (caravanas) en poder de los productores y sin colocar en los animales. “Hay toda una generación de terneros que no está registrada”, estimó la jerarca. La trazabilidad es gratis para el productor, el par de caravanas que cuesta U$S 1,68, el envío y los formularios los paga el Estado. La regularización de los Dicose es una medida para “racionalizar” la entrega de caravanas.