Locales | 21 Jul La Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Diputados se reunió en la Sala de Sesiones de la Junta Departamental con ediles que presentaron un resumen sobre el conflicto que atraviesa la industria citrícola en el departamento. Luego de la apertura a cargo del presidente de la mencionada comisión parlamentaria, el diputado Martín Tierno indicó que la presencia de los representantes nacionales fue resuelta por unanimidad para “intentar mediar, como hacemos en todos los conflictos, de acercar las partes y buscar soluciones de mediano y largo plazo”. Al hacer uso de la palabra, el edil frenteamplista Saúl Villagrán reconoció que Paysandú cuenta con la mayor superficie de producción citrícola, seguido por Salto, al tiempo de ubicar el origen de la conflictividad en la falta de actualización de las empresas, “con plantaciones que requieren otra atención” y detalló lo ocurrido en Costa de Oro con la producción de arándanos, la intervención de una tripartita y el cierre de Sandupay.
Al hacer referencia a Forbel como el conflicto “más profundo y extenso durante el año”, Villagrán refirió al protagonismo del sindicato de trabajadores rurales (Osdor), “muchos de los cuales no pudieron ingresar a trabajar, con una fuerte mano de obra de mujeres jefas de hogar, quienes se desempeñaron en un máximo de 20 a 30 días”. Luego de la ocupación de los predios y la tercerización de la contratación del personal a cargo de una empresa salteña, “logran ingresar y ante el reclamo por la diferencia salarial, Forbel argumenta que no tiene nada que ver. A través de una negociación, los trabajadores entran al predio, la empresa se retira y son todos despedidos”, expuso Villagrán.
En cuanto a la situación de la fruta por la ocurrencia de intensas heladas, aseguró que “en otras partes del mundo los técnicos han avanzado en la instrumentación de equipos” contra estas inclemencias climáticas sobre las plantaciones. “Nueva Zelanda utiliza esos equipos y Paysandú no tiene ninguno. Esto quiere decir que las empresas --por distintos motivos-- no pudieron actualizarse y hoy el departamento tiene una producción perdida o con poco valor, porque será destinada para consumo de los animales. Por esa razón, la mano de obra también disminuye”, indicó. Unos 2.500 trabajadores se emplean entre las chacras y el Packing, “que se verían perjudicados totalmente, porque un árbol demorará unos 7 u 8 años para que vuelva a producir. Esto es muy negativo, desde que los trabajadores del sector necesitan 150 jornales para acceder al seguro de desempleo, que en esta zafra no podrán cumplir”, ejemplificó.
GRANDES DEUDORES
El edil Walter Duarte por su lado dudó sobre el interés de estas empresas en continuar con la producción citrícola, que explica el extender un conflicto de estas características, porque “en algunos casos son inversores extranjeros y si no les remiten ganancias, no les interesa continuar con la inversión, como es el caso de Forbel”. Sin mencionar los detalles de la negociación, Duarte manifestó su preocupación ante las dificultades de ingresar a los mercados internacionales y expuso los antecedentes de leyes aplicadas en situaciones similares. “Estamos hablando de un trabajo especializado y manual, que en el caso de Uruguay es un valor agregado en la exportación. Si se van y esperamos una nueva producción, dentro de ocho años no habrá gente que sepa hacer esta tarea, porque no son llamados a través de un aviso en el diario. Por lo tanto, estamos preservando ese conocimiento, que a veces no es valorado”, aseguró. Asimismo, reflexionó sobre el alto endeudamiento del sector “fundamentalmente con el Banco República, lo cual demuestra que el nivel de gestión ha generado problemas y cualquier apoyo debe estar muy vigilado, porque si estas empresas cierran, el banco quedará con un enorme déficit. Son deudas superiores a los 10 millones de dólares”, subrayó.
El edil Ruben García, en su calidad de integrante de la Comisión de Asuntos Laborales de la Junta, recordó que “la situación de conflicto con las distintas empresas ha sido permanente, Osdor ha tenido una paciencia infinita para enfrentarse a patronales muy duras con los trabajadores” y reiteró que “llama poderosamente la atención que a 380 kilómetros de Montevideo los productores citrícolas del Uruguay no se hayan enterado de un aparato que protege al citrus de las heladas”. Finalizó su exposición preguntando si “no será que estas empresas están jugando a vaciarse, dejando a los trabajadores en la calle para que el Estado deba resolver los problemas” e instó a los diputados a buscar una solución ante la radicalización del conflicto.
Invertir en otro lado
El diputado Carmelo Vidalín alertó sobre una situación similar que viven miles de trabajadores ante la decisión empresarial “de invertir en otro lado. Son negociantes donde no hay corazón, sólo hay bolsillo y podría desencadenarse una situación de desempleo, con caos social incluido. Por eso, habrá que agudizar el ingenio en todo sentido y cada uno de nosotros –a través de nuestros partidos políticos-- tratar de llegar a las autoridades nacionales para sensibilizar” en este aspecto. El legislador por el departamento de Durazno dijo que “siempre miramos a Paysandú con envidia por ser la gran ciudad industrial en el Interior, y hoy vemos una situación totalmente diferente, por eso exhorto y comprometo a un trabajo por encima de los intereses partidarios”.
El diputado Carlos Coitinho aseguró que “si fracasa este proceso por el desgaste, serán miles de habitantes de Paysandú y de Salto que quedarán afectados sin alternativas inmediatas”, al tiempo de destacar que los insumos obtenidos en la Junta Departamental con los ediles servirán para continuar las gestiones y “tratar de hacer que la miopía no olvide que empresarios y trabajadores se necesitan mutuamente”.