GESTIONES DE LOS INTENDENTES

Locales | 22 Jul Las intendencias realizan una serie de gestiones ante UTE y la Oficina de Presupuesto y Planeamiento (OPP) para regularizar el endeudamiento con la empresa pública que tiene la mayoría de las comunas, normalizar el pago del subsidio por alumbrado público, investigar una probable sobrefacturación que padecen algunas y acelerar el recambio de todo el alumbrado por luminarias de bajo consumo.
Asimismo, se confirmó que a fin de año se realizará la tercera Cumbre de Anchorena, entre el presidente José Mujica y todos los intendentes del país. Por otra parte, el Instituto Nacional de Alimentación (INDA) expuso al congreso los cambios en el apoyo alimentario que brinda a sus beneficiarios. Estos fueron los principales temas de la primera reunión de la nueva Mesa del Congreso de Intendentes (CI) y de un encuentro entre representantes del éste y el prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa. La Mesa del Congreso de Intendentes, integrada por su presidente, Omar Lafluf, Germán Coutinho (primer vicepresidente), y Patricia Ayala (segunda vicepresidenta), tuvo su primer encuentro en las últimas horas. Entre los primeros temas se definió que la Mesa del Congreso sesionará en el Interior (Artigas, Salto y Río Negro, donde residen sus integrantes) una vez cada 15 días alternando el lugar de encuentro, además de encontrarse cada vez que sesione el Congreso.
ENDEUDAMIENTO CON UTE
Se comenzó a avanzar hacia una solución definitiva para el endeudamiento de las intendencias con UTE, al tiempo de proponer el recambio total de las lámparas de alumbrado público en todo el país. El tema también fue considerado con el prosecretario de la Presidencia en reunión de la que participaron integrantes de la Mesa, jefes departamentales y delegados de intendencias.
Lafluf señaló en relación a ese encuentro, que seguramente a partir de la esta semana se comience a “regularizar el tema del endeudamiento con UTE” por parte de las intendencias. En forma paralela indicó que desde el Congreso se ha propuesto que se concrete “en el corto tiempo el recambio de las 250.000 lámparas del país a lámparas de bajo consumo”, lo que contribuirá a mantener al día los pagos en el consumo corriente.
Por su parte, Cánepa mantuvo un encuentro con el Grupo sobre Alumbrado Público, del CI, para observar el funcionamiento del acuerdo “más importante e histórico, donde por ley, junto a la patente única, se votó por acuerdo con el Congreso de Intendentes una solución para las deudas departamentales con UTE que arrastraron durante 25 o 30 años”. Asimismo, Cánepa dijo que la nueva presidencia del CI mantendrá el ritmo y la forma de trabajo que se ha desarrollado hasta el momento. “La agenda del Congreso de Intendentes servirá para que el resto de los ministerios e instituciones puedan converger en políticas coordinadas desde la Presidencia hacia los departamentos”, subrayó. Recordó que a fin de año se desarrollará la tercera Cumbre de Anchorena entre la Presidencia y el Congreso, “en una sana tradición instaurada, un encuentro anual entre el presidente Mujica y los intendentes”, como definió. Allí se evaluarán los acuerdos alcanzados y se instalará la agenda para el próximo año.
PROYECTO
No obstante, no queda claro aún si el proyecto considerado en febrero pasado por un equipo técnico de las intendencias será o no tenido en cuenta por la nueva Mesa del Congreso. El proyecto pretendía que el Poder Ejecutivo se hiciera cargo de las deudas que tienen la mayoría de las intendencias con UTE. “Se entiende que las mismas son impagables para las intendencias y, como hay antecedentes, se decidió elevar esa propuesta. Que el Estado se haga cargo ante UTE de las deudas por consumo de energía eléctrica de aquellas intendencias que no han podido pagarlas”, explicó en su momento Heber Coello, director general de Administración de la Intendencia de Paysandú.
Se tomó en cuenta el antecedente de los años 90 cuando “las intendencias --no la de Paysandú entonces, que estaba al día-- debían aportes patronales. El Estado se hizo cargo de la deuda y desde entonces las intendencias tienen una retención en las devoluciones que hace el Estado, por lo que no se han vuelto a endeudar con el BPS. Se tomó eso en cuenta para este proyecto que decidimos elevar al plenario del Congreso” de Intendentes, recordó Coello.
Por otra parte, se consideró entonces que la bonificación que las intendencias reciben por el alumbrado público es escasa “en la medida que cada vez es más importante el componente de seguridad pública, lo que hace más necesaria una buena y extensa red de alumbrado público y no vemos que el Estado aporte lo suficiente. Y claramente la seguridad ciudadana es su responsabilidad, más allá que gustosamente las intendencias aportan para proteger al vecino”, explicó entonces el director. Tampoco se ha indicado ahora si se continuará demandando a UTE que reconozca a las intendencias como “grandes consumidores”, lo que reduciría el gasto por energía eléctrica de las comunas.
NORMALIZAR PAGO
del SUBSIDIO
Ante la OPP el Congreso de Intendentes ha reclamado nuevamente el pago de subsidios del alumbrado público adeudados desde enero hasta la fecha. Cada año, las intendencias reciben del gobierno un subsidio del 40% de la facturación de alumbrado público, el cual pasará al 50% en 2013 y 60% en 2014. No obstante, “la OPP no pagó los subsidios en siete meses y estos no se implementaron administrativamente. Nos preocupa porque las intendencias vivimos al día y el no pago de esos subsidios significan un impacto muy importante para nuestras arcas”, señaló el intendente de Rivera, Marne Osorio. Ese subsidio ni siquiera es recibido por las cinco intendencias que no tienen deudas con UTE (San José, Montevideo, Lavalleja, Soriano y Maldonado), como lo confirmó el intendente de San José, José Luis Falero.
Entre los temas considerados, uno “no menor” fue la presunción de que UTE realiza “sobrefacturaciones” por los consumos de energía eléctrica. En ese sentido, el intendente de Tacuarembó, Wilson Ezquerra, dijo que pese a que estaba abonando al día la energía eléctrica en los últimos dos años, “de acuerdo a nuestros estudios estamos pagando una sobrefacturación de un 25%”. En tanto el intendente de Rivera dijo que sufría el mismo problema que su par de Tacuarembó.
AYUDA ALIMENTARIA POR BPS
Autoridades del INDA, encabezadas por su director Luis Alvarez, fueron recibidas por el CI. El instituto planteó el cambio de la entrega de canasta por una tarjeta con la cual los beneficiarios del servicio podrán obtener los mismos. La tarjeta forma parte de una reestructura resuelta por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el INDA, en el programa alimentario para pensionistas por vejez o invalidez que prestan actualmente; sustituyendo la canasta de alimentos que hasta ahora se les entregaba a dichos colectivos, por la entrega del equivalente en efectivo a través del Banco de Previsión Social.
Desde ahora se entregará a los 80.000 beneficiarios de pensiones no contributivas por vejez o invalidez, una prestación mensual en dinero de 100 pesos por concepto de ayuda alimentaria, que será abonada junto con la pensión. La medida es implementada mediante un convenio con el BPS en vista de las dificultades que muchos beneficiarios tenían para trasladarse a los puntos de entrega de los alimentos. En los meses sucesivos los beneficiarios de este programa recibirán en su prestación mensual el aporte adicional.