Opinion | 24 Jul Hace pocas horas el Tribunal Permanente del Mercosur (TRP) rechazó una demanda que Paraguay promovió ante el organismo solicitando se dejara sin efecto la suspensión del país ante el bloque y el ingreso de Venezuela, decisiones que fueron adoptadas durante la última cumbre del Mercosur en Mendoza, Argentina.
“No están presentes los requisitos para la admisibilidad del procedimiento excepcional de urgencia” porque no se agotaron los trámites para hacer lugar a la pretensión paraguaya, dijo el TRP en el fallo.
Por su lado Paraguay “deploró” el domingo el rechazo de la demanda que promovió ante el Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur para el levantamiento de sanciones y anunció que acudirá a otras instancias internacionales para tratar de revertir la medida.
Empero, la cancillería guaraní dijo que pese al rechazo de la solicitud de Paraguay, el organismo jurídico del bloque regional reconoce al actual gobierno del presidente de Federico Franco, quien asumió el cargo el 22 de junio tras un juicio político que terminó con la destitución de Fernando Lugo.
“El Tribunal Permanente de Revisión reconoce que el gobierno de la república del Paraguay es el presidido por el presidente Federico Franco Gómez, al admitir la personería del canciller José Félix Fernández Estigarribia como ministro de Relaciones Exteriores” del país, sostiene el documento.
El TRP se mostró contradictorio porque al tiempo de reconocer la legitimidad del gobierno de Federico Franco emite un fallo por el cual permite a Paraguay acudir a otras instancias internacionales, sostuvo Fernández Estigarribia.
Esto no es sorpresa puesto que si tenemos en cuenta las contradicciones del Mercosur y sus incongruencias estaríamos ante un rosario interminable de episodios, desde que uno de los principales problemas de este organismo regional es la falta de organicidad, y el flagrante desconocimiento de Argentina y Brasil de lo acordado en la letra y el espíritu del tratado. Últimamente el caso más grave de violación de lo acordado se vivió en Mendoza, cuando en una misma reunión se “suspendió” a Paraguay con el argumento rebuscado de que la destitución del ex presidente Fernando Lugo por el Parlamento paraguayo era un golpe de Estado, y al mismo tiempo, sin el voto del socio suspendido le dio entrada sumaria al ingreso de Venezuela al Mercosur, ignorando a sabiendas que para dar este paso debe contarse con los votos de todos los socios, incluso el de Paraguay, que no pierde su calidad por estar “suspendido”.
Para justificar este acto autoritario, el presidente uruguayo José Mujica argumentó que para suspender a Paraguay y determinar ipso facto el ingreso de Venezuela se había priorizado lo político sobre lo jurídico, lo que traducido a un lenguaje simple indica que estamos ante el viejo recurso de que el “el fin justifica los medios”, y por lo tanto poco importó violar las normas con tal de cumplir con el régimen de Hugo Chávez.
No puede extrañar por lo tanto que en este “club de presidentes ‘amigos’” (ideológicamente hablando) en que se ha transformado el Mercosur, donde los mandatarios se reúnen para decidir arbitrariamente lo que se hace o dejan hacer, el tribunal al que recurrió Paraguay haya rechazado el reclamo y dejado las cosas como están.
Tampoco puede llamarnos a sorpresa que pese a que el canciller uruguayo haya manifestado días pasados que Uruguay todavía no había decidido formalmente acompañar el ingreso de Venezuela, porque el tema está en estudio por la asesoría jurídica de la cancillería, ahora ratifique la aceptación del ingreso del país caribeño sin que se le mueva un pelo, como lo hiciera ayer a un canal de televisión montevideano. Al fin de cuentas, era de suponer el “resultado” del estudio de Cancillería, en un gobierno que ha sido capaz de pasar por sobre lo jurídico para satisfacer la voluntad del mandatario Hugo Chávez, y hasta reconocerlo públicamente sin ningún prurito. Queda así una vez más confirmado que el Mercosur como organización jurídica no existe.
Ya sin disimulo alguno, a partir de la práctica de decisiones que adopta el Club de Presidentes por fuera de las normas, como la habilitación por motivos político-ideológicos del ingreso de Venezuela pese a que no ha sido aprobado por el Parlamento paraguayo, a Uruguay no le queda más que seguir en el triste papel de ladero de los dos grandes, porque se ha hecho a sí mismo la zancadilla de renunciar al derecho, a respetar la ley por sobre todas las cosas, y quedando a expensas de lo que decidan los poderosos, como el perro que mueve la cola al menor gesto de sus amos.