Opinion | 27 Jul El presidente José Mujica, después de afirmar que si no tenía el apoyo del 60% de la población a su propuesta de legalizar y dejar en manos del Estado la producción, distribución, almacenamiento y venta de marihuana, abandonaría la idea, en una de sus clásicas piruetas en el aire, volvió con su planteo original y prosigue adelante con la iniciativa. El rechazo a la propuesta se mantiene por encima del 60% de la población, razón por la cual --probablemente-- desistió de realizar una consulta pública y mantiene una idea que a medida que avanza en su articulación agrega elementos que parecen al menos salidos de la imaginación de un buen guionista de cine.
Las últimas informaciones indican que el Estado prevé establecer la plantación de cannabis en un predio militar al norte del Río Negro. Quizás hasta en el departamento de Paysandú, vaya a saberse. Se sustenta en que desde que es una plantación “sensible”, que puede ser atacada o depredada por narcotraficantes o consumidores, sean los propios militares los que la custodien. La institución que tiene como cometido la defensa de la Nación, además de cometidos secundarios, como custodia perimetral de las cárceles, apoyo a la comunidad en emergencias como inundaciones y la integración de las misiones de paz de las Naciones Unidas, ahora también podría serles encomendado la custodia de una plantación “de la sustancia ilícita más utilizada en el mundo”, de acuerdo a las Naciones Unidas en su reporte mundial de drogas 2010.
Por otra parte, Mujica declaró a “Búsqueda” que quiere tomar esta medida “no por la marihuana sino contra el narcotráfico”, estimando que la legalización del comercio de marihuana podría quitar a los traficantes 30 millones de dólares.
No hay dudas que es un objetivo loable destruir la estructura de los narcotraficantes. Pero el camino parece equivocado. No es la manera correcta apropiarse del negocio para terminar con el tráfico, porque en definitiva no se termina con la venta de droga. Por el contrario, se la legaliza sin destruir realmente el mercado ilegal, porque es claro que una vez fumada la dosis legal los adictos continuarán buscando marihuana.
No tiene lógica tratar de destruir el circuito de apuestas ilegales instalando desde el Estado un circuito secundario; no es lógico combatir el crimen armando una organización dirigida por algún émulo de Cara cortada; no es lógico combatir a los traficantes produciendo y vendiendo droga. Y es inaudito que se le ordene al Ejército la custodia de una sustancia ilegal para su posterior venta.