Nacionales | 24 Jul Los miembros del Tribunal de Cuentas indagaban en las actas de la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) el supuesto intento de coima ocurrido en ese organismo, sin embargo, descubrieron que los documentos que les había enviado la Cancillería estaban incompletos, publicó El Observador. La Cancillería había obligado al presidente de la CARP, Francisco Bustillo, a desmentir que el año pasado, durante una reunión con un ex diplomático argentino y con un vocero de la firma Riovia, se le había ofrecido una coima de un millón de dólares para que jugara a favor de la empresa. Cuando el Tribunal de Cuentas solicitó esa información que faltaba, la Cancillería le informó que la había caratulado de “confidencial”. A pesar de esto, permitió que dos auditores del Tribunal fuesen a la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores a mirar esas actas y tomar nota. Los auditores del Tribunal de Cuentas constataron que entre las actas de la CARP figura una carta firmada por Bustillo, en la que cuenta que se le había ofrecido “una atención” para beneficiar a Riovia, empresa que draga el Canal Martín García desde hace 20 años, y que ahora se presentará a la licitación que los gobiernos de Argentina y Uruguay harán para profundizar el canal de 32 a 34 pies. Esta convocatoria está demorada por el gobierno argentino.
Fuentes políticas dijeron que el Tribunal de Cuentas ya redactó un informe con este caso, en el cual se respeta el criterio de “confidencial” que la Cancillería dio a esta información, por lo que no llegará a poder del Parlamento. No obstante, las fuentes indicaron que en el documento el Tribunal advierte que los hechos pueden tener “consecuencias penales”. El matutino capitalino publicó que, aparentemente, el Tribunal no tomará acciones ante la Justicia ya que el hecho ocurrió en Argentina. Dos diputados opositores argentinos presentaron una denuncia en un juzgado porteño.