Opinion | 27 Jul En el marco de una conflictividad muy elevada durante todo el año, sobre todo en el ámbito de los funcionarios del Estado, se ha sumado recientemente, con anuncios de un agravamiento para los próximos días, un sustancial incremento de medidas de fuerza en gremios adheridos a COFE en demanda de incrementos salariales.
La razón de esta escalada de conflictos es muy simple y se da año a año en esta época: llega el momento del tratamiento de la Rendición de Cuentas en el Parlamento, y para los gremios es el momento de presionar para que el gobierno y sus legisladores atiendan sus reclamos, sean valederos o no, de acuerdo al grado de chantaje que puedan ejercer a través de sus movilizaciones.
No es un invento sindical realizado en este gobierno ni en el anterior, sino que es una práctica que han llevado adelante ante gobiernos de todos los partidos, y lamentablemente, entre justos reclamos de sectores que realmente han necesitado ser atendidos especialmente por su condición de sumergidos, se mezclan los planteos de funcionarios que se encuentran entre los mejor remunerados y con mejores condiciones de trabajo de toda la administración pública.
Todo gobierno, naturalmente, tiene la obligación de ponderar entre los reclamos sectoriales y el interés general, la posibilidad de atender los planteos con los recursos con que cuenta, siempre escasos, en el entendido de que el dinero con que cuenta sale de los bolsillos de todos los uruguayos, sobre todo de los trabajadores y empresarios de la actividad privada, que deben dedicar parte de sus ingresos a sostener compulsivamente --por el pago de impuestos-- el mejor pasar de sus colegas del Estado.
Y si bien es pertinente señalar que las movilizaciones por Rendición de Cuentas se han realizado en todos los gobiernos, en el caso particular de los de la coalición de izquierdas, tanto en la Administración Vázquez como en la de José Mujica, en una perspectiva muy poco equilibrada de la situación, ha habido inclinación por atender los reclamos por afinidad ideológica pero también para comprar “paz” sindical, sin tener en cuenta las consecuencias de asumir compromisos fijos para las finanzas del país. Así se han aceptado planteos que sólo se pueden cumplir mientras continúe esta coyuntura de dinero fácil, pero de cambiar los tiempos económicos, ya sea por el impacto de la crisis internacional o por una leve caída en los valores de la carne o la soja –principales productos de exportación del Uruguay--, por ejemplo, suponen un fuerte corsé para la administración pública que obligaría a presionar demasiado al sector productivo y trabajador.
Ocurre que por regla general –y esta vez no es una excepción— los sindicatos de los organismos del Estado que más problemas pueden causar a la población, o cuyas movilizaciones producen el mayor daño, suelen ser los que más contemplados desde el punto de vista presupuestal. En el otro extremo están los sindicatos menos poderosos, los cuales pasan desapercibidos porque no tienen mayor incidencia en la ciudadanía por más paros y huelgas que hagan, y por supuesto configuran el “furgón de cola” de los funcionarios públicos.
No es de extrañar entonces que las dos áreas más sensibles que hoy plantean serios conflictos son la educación y la salud, sectores que precisamente son los que registraron mayor crecimiento presupuestal en los últimos años, que sin embargo no se ha traducido en mejoras y calidad de los servicios ni nada que se parezca, como los uruguayos lo percibimos a diario.
Es así que desde 2004 a 2011 los recursos para la salud crecieron en términos reales a una tasa anual del 12,8 por ciento, lo que es el doble que la evolución del Producto Bruto Interno (PBI) del país en el período, que fue del 5,3 por ciento anual, y algo similar ha ocurrido con la enseñanza.
La presidenta de ASSE, Beatriz Silva, ha manifestado en las últimas horas que el presupuesto que se le asigna por Rendición de Cuentas se destina fundamentalmente a pagar salarios y a cumplir con compromisos con los trabajadores, en tanto por otro lado la cantidad de usuarios viene disminuyendo, lo que indica que hay mayor erogación con menos demanda.
En la educación sucede otro tanto, con una asignación de dinero que ha pasado del 3,15 por ciento del PBI en 2004 al 4,6 en 2012, con un aumento de la masa salarial del 117 por ciento en el período.
Sin embargo, este esfuerzo de todos los uruguayos para destinar más recursos a las dos áreas mencionadas no conforma, y tenemos así demanda tras demanda y conflicto tras conflicto, con perjuicios para la población.
Los números indican claramente que algo no está funcionando bien, y que sólo se sostiene porque el Estado goza de ingresos como nunca tuvo en la historia. No ha de extrañar entonces que el gasto público actual sea igual a todo el Producto Bruto Interno del país de 2002.
Mientras tanto, en demasiados aspectos las grandes “reformas” muestran señales de fracaso, como en la Salud y la Educación. Es hora de comenzar a administrar en serio, porque la historia nos muestra que siempre hubo momentos de prosperidad, pero los tiempos difíciles se repiten.