Nacionales | 26 Jul La Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) resolvió en el plenario general ir a huelga nacional por tiempo indeterminado con ocupación de centros de salud de ASSE en reclamo por el presupuesto asignado a la salud en la Rendición de Cuentas. En tanto el presidente José Mujica adelantó que decretaría la esencialidad del servicio.
El dirigente del sindicato, Pablo Cabrera, dijo a El Observador que la huelga se iniciará en una semana aproximadamente, luego de que se comunique la resolución al Ministerio de Trabajo y corra el plazo legal correspondiente.
Asimismo, anunció que el 1º de agosto se realizará la primera ocupación con la toma del Centro Coordinador del Cerro. Sin embargo, dijo que el resto del cronograma todavía no está resuelto y lo estará recién dentro de unos días.
Según explicó, hay entre 30 y 40 centros de salud en todo el país que podrían ser ocupados, incluidos policlínicas y hospitales de baja, media y alta complejidad.
Los funcionarios reclaman mejoras salariales y de condiciones de trabajo y gestión de los servicios de salud. A su vez, exigen mayor seguridad para quienes trabajan en horarios nocturnos y en policlínicas.
En esta Rendición de Cuentas, ASSE es el organismo que se lleva más dinero (700 millones de pesos), seguido por la enseñanza (400 millones). Y según adelantó su presidenta, Beatriz Silva, la mayor parte del presupuesto que se asigna a la Rendición de Cuentas se destina fundamentalmente a salarios y cumplir con los compromisos asumidos con los trabajadores.
Por su parte, el presidente José Mujica afirmó en Tacua rembó que ante una huelga nacional por tiempo indeterminado y con ocupación de los centros, decretaría la esencialidad de los servicios de salud.
En tal sentido, el ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, quien participó de las reuniones con los funcionarios, señaló que la medida que se pretende tomar afectaría a “la población más humilde, que son los que se atienden en policlínicas barriales” y que “es una medida muy grave que no se corresponde con la situación”, por lo que “el gobierno no vacilará en decretar la esencialidad”.
ARGENTINA SUSPENDE ACCIONES POR CANAL
Argentina anunció la suspensión de “nuevas actuaciones” relativas al canal Martín García, en el Río de la Plata, hasta que Uruguay considere aclaradas las dudas sobre presuntas irregularidades en la extensión de un contrato para su mantenimiento. Bajo el título “Argentina brinda apoyo a Uruguay para el total esclarecimiento de lo actuado en el canal Martín García”, la Cancillería emitió el comunicado sin precisar el alcance de las “actuaciones”.
“La Cancillería argentina informa que resolvió suspender nuevas actuaciones relativas al Canal Martín García hasta tanto el gobierno uruguayo se sienta totalmente satisfecho de haber aclarado sus dudas sobre la regularidad de los procedimientos, expresadas por el Tribunal de Cuentas de Uruguay”, señaló en un comunicado.
La nota respondía a artículos publicados en dos diarios de Buenos Aires sobre presuntas demoras provocadas por Argentina para favorecer a la concesionaria Riovía, subsidiaria de la holandesa Boskalis International, a cargo del dragado desde 1996, y a las dudas de Uruguay sobre los procedimientos para extender el contrato.
Un informe de la Cancillería uruguaya indicó que el Tribunal de Cuentas evaluó que hay “dudas” sobre la regularidad de los procedimientos para extender el contrato de mantenimiento del dragado del canal binacional Martín García. “Es importante permitir que el Uruguay disponga de toda la libertad y apoyo necesarios por parte del gobierno argentino para resolver esas dudas antes de tomar nuevas decisiones que puedan ser sospechadas, como las señaladas en el informe de auditoría”, agregó Argentina.
El lunes próximo estaba prevista la apertura de las ofertas de precios para prorrogar la concesión hasta que concluya la licitación para profundizar el canal a 34 pies de profundidad, según la Cancillería.
En un comunicado anterior, el Ministerio de Relaciones Exteriores había rechazado acusaciones sobre presuntas irregularidades.
Al referirse a las demoras, la Cancillería argentina señaló que durante las negociaciones “la empresa Riovía llegó a valorizar el precio del trabajo en 18 millones de dólares” y en el acuerdo suscripto el 7 de febrero de este año “se estableció el precio de 15.150.000 dólares anuales”, lo que significó un ahorro de 2.850.000 dólares, dijo.
La Cancillería argentina recordó que el canciller uruguayo Luis Almagro, y el presidente de la delegación uruguaya en la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) Francisco Bustillo, al comparecer en el Senado de nuestro país, desmintieron “las versiones sobre supuestos hechos de corrupción”.
Tras recibir el comunicado, Almagro convocó a su gabinete a una reunión urgente en la Cancillería. Almagro se encontraba en el Parlamento reunido con la bancada del Frente Amplio cuando le llegó la información. Debido a esto, el canciller se retiró sin hacer declaraciones a los medios.
Según supo El Observador, Almagro y todo el equipo se fueron al Ministerio de Relaciones Exteriores a analizar el comunicado argentino. Además, procuraría comunicarse con la Cancillería argentina y evaluar una posible respuesta.
PRESOS TRABAJARÁN EN LA CONSTRUCCIÓN
La Cámara de la Construcción, el Sindicato Único de la Construcción y Afines (Sunca), el Instituto Nacional de Rehabilitación, el Patronato de Encarcelados y el Ministerio del Interior firmaron un convenio de cooperación con el Fondo de Capacitación para Empleados y Trabajadores de la Construcción (Focap), con el fin de brindar un curso de formación para 30 internos en el área de la construcción.
El objetivo es brindar cursos para que las personas privadas de libertad realicen tareas en el sector de la construcción. Esto permitirá que, una vez en libertad, aquellas personas con condiciones y buen desempeño de la tarea, podrán incorporarse al trabajo formal.
El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, destacó que en una primera instancia este curso fue pensado para implementarse con los reclusos de la Cárcel de Punta de Rieles.
Posteriormente se decidió que tuviera carácter nacional para formar medios oficiales que luego, con autorización de los jueces, puedan salir a trabajar en distintas obras, cobrando el laudo y cumpliendo con lo planteado en el proyecto de ley de trabajo para personas privadas de libertad.
Bonomi recordó que cuando llegó al Ministerio del Interior solamente cinco presos estaban trabajando fuera de cárceles. Actualmente son cerca de 1.000 los que trabajan fuera de las cárceles y otros 2.000 trabajan dentro de las cárceles. En cuanto a la reincidencia de los presos, Bonomi dijo que al asumir su cargo la cifra se situaba en el 70%, pero que la última encuesta realizada indica que descendió hasta el 53%.
Agregó que no se puede trabajar la seguridad de un país si al mismo tiempo no se trabaja sobre la baja de los índices de reincidencia de quienes están presos.
En otro orden, Bonomi se refirió a las obras en el Comcar. Dijo que están en la etapa inicial y que se estima que el primer conjunto de celdas se culminará a principios del año próximo. Aclaró, además, que los problemas locativos existentes fueron solucionados, ya que se techaron dos patios que funcionaban como barracas.
Incluso se están trasladando reclusos de la cárcel de Canelones para poder repararla. De esta manera, se solucionarán los dos establecimientos con más hacinamiento.