Opinion | 30 Jul Ante el voto de “mano de yeso” del partido de gobierno, el canciller Luis Almagro obtuvo el respaldo de la mayoría del Senado en la reciente interpelación en la que se analizó la postura de nuestro país en la cumbre del Mercosur, celebrada en Mendoza, en la que Uruguay se plegó a la decisión de los presidentes de Uruguay y Brasil de “suspender” a Paraguay del Mercosur y dar entrada a Venezuela como miembro pleno, que era resistido por el Parlamento paraguayo.
Desde el punto de vista político, no hubo sorpresas en esta interpelación, como en ninguna de las convocadas tanto durante la Administración Vázquez como la de José Mujica, desde que sistemáticamente se levantaron las manos de todos los legisladores de la fuerza de gobierno en respaldo a los ministros cuestionados, en base a la mayoría que tiene en ambas cámaras.
Es decir que más allá de las razones y argumentos que se planteen en este ámbito, tanto diputados como senadores hacen causa común con el secretario de Estado convocado y le dan la razón, cualquiera sea su pensamiento íntimo, en una decisión político-partidaria que apunta seguramente a no generar elementos que debiliten al gobierno o exponerlo menos aún a la caída de algún ministro, por más pobre o cuestionada que sea su gestión.
Por supuesto, hay de por medio intereses políticos que explican que antes que todo se considere la integridad del gobierno como tal, más allá de los avatares políticos internos del Frente Amplio, que los hay, y no solo se ventilan entre bambalinas sino que muchas veces se exponen ante la prensa, pero a la hora de votar igualmente están todas las manos para respaldar al representante del gobierno cuestionado.
Naturalmente, estas posturas se enmarcan en las reglas de juego de la democracia, en este caso del Parlamento cuyos integrantes son elegidos por el voto popular y por ende representativos de la ciudadanía que los eligió. Este aspecto no está en cuestión, sino que hay otros principios en juego que todo indica que no son tenidos en cuenta en estos debates e intercambios de puntos de vista, porque en realidad se llega al extremo de que el color de la camiseta se imponga por sobre los principios y la evaluación más o menos objetiva de los elementos en juego.
En el caso de la última interpelación al canciller Luis Almagro, al contar con el respaldo de la mayoría del Senado por la unanimidad de los senadores del oficialismo, nos encontramos ante uno de los episodios en los que objetivamente analizados no puede haber dos opiniones, si realmente se evaluaran las cosas sin priorizar los cintillos políticos y las simpatías ideológicas, por cuanto lamentablemente --y contrariando una larga historia de apego al derecho internacional-- nuestro país ha sido protagonista de un verdadero papelón y de la reedición 2012 de la triste Triple Alianza de 1865. Triste episodio aquél, cuando los gobiernos de Argentina, Brasil y Uruguay se aliaron para invadir y borrar del mapa al Paraguay, un país entonces próspero y moderno que estaba en pleno desarrollo.
Mal que pese al canciller -- y al presidente José Mujica cuando trata de explicar lo injustificable-- nuestro gobierno, como lo proclamó incluso el mandatario, priorizó lo político ante lo jurídico. Es decir que ante su visión de que debía darse el ingreso a Venezuela de cualquier manera, se dejó de lado lo que establece la ley y se actuó solo en base a la voluntad de los tres presidentes por encima de lo que establece el tratado del Mercosur, que recibió así uno de los golpes más severos por quienes dicen precisamente querer defenderlo, pese a sus graves defectos.
La mayoría del Frente Amplio del Senado, pese a que muchos de sus legisladores en privado cuestionan la actitud de sumisión de nuestro gobierno ante los de los dos grandes vecinos, igualmente respaldó lo actuado por el presidente y el canciller –este último había discrepado con esta decisión horas antes de la cumbre en Montevideo y luego fue desautorizado por Mujica--. Incluso el senador Danilo Astori, quien verbalmente y luego por escrito había cuestionado duramente la postura del gobierno uruguayo en la instancia, votó también con la mayoría por su “lealtad inquebrantable” con el Frente Amplio y el gobierno.
Lo que es una actitud política que tiene valor para el partido de gobierno y su estructura, pero que no es de recibo en cambio para los uruguayos de a pie, para los que --teniendo o no partido-- desearían seguramente que en el ámbito internacional Uruguay se rija invariablemente por el principio de respeto y defensa sin restricciones del derecho, que es particularmente importante para países pequeños como el nuestro, desde que como lo sabemos desde el fondo de la historia, los poderosos siempre encuentran justificativos e impunidad para hacer valer la razón de la fuerza sin rendir cuentas por ello.